Luisa María Alcalde, actual consejera jurídica de la Presidencia de la República, presentó una propuesta de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con la que el Gobierno federal busca blindar las elecciones de 2027 frente a posibles infiltraciones del crimen organizado.
La iniciativa contempla la creación de mecanismos de revisión de perfiles de aspirantes a cargos públicos, mediante intercambio de información con autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia.
La propuesta surge en medio del debate nacional por presuntos nexos entre actores políticos y grupos criminales, así como por investigaciones abiertas en distintas entidades del país.
De acuerdo con el planteamiento, los partidos políticos podrían someter voluntariamente a revisión sus listas de aspirantes antes del registro oficial de candidaturas, con el objetivo de detectar perfiles considerados de riesgo.
El proyecto busca quedar listo antes del proceso electoral de 2027, considerado uno de los más grandes del país por la renovación simultánea de gubernaturas, alcaldías, congresos locales y cargos federales.
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