Los conflictos de interés detectados en la construcción del Banco de Alimentos de la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac) de Juárez, deberán tener seguimiento legal.
Esto según Óscar Altamirano, abogado derechohumanista, para quien el caso no debe quedar solo en una renuncia y el típico borrón y cuenta nueva.
“El tema de la corrupción y la operación del sistema anticorrupción, no es solamente un tema de política pública, sino de materia penal y administrativa; consecuentemente deben ejercerse acciones administrativas y penales cuando, como en este caso, se comprueba la comisión de un perjuicio grave al bien público”, comentó.
Señaló que los recursos destinados a construir el Banco de Alimentos forman parte de este “bien público” que todas las autoridades están obligadas a cuidar.
Esto incluye, según el legista, a los integrantes del Consejo de Gobierno de la Fechac, quienes están obligados a observar y hacer ver los ilícitos señalados.
Esto incluye a las autoridades en materia de fiscalización del uso de recursos públicos, como es el caso de la Auditoría Superior del Estado (ASE); sería esta la instancia que en primer plano debería estar dando un seguimiento puntual a lo ocurrido, actuando en consecuencia con las denuncias correspondientes.
Pero igualmente incluye, según el legista, a los integrantes del Consejo de Gobierno de la Fechac, obligados a observar y hacer ver los ilícitos señalados.
“Hasta desde el punto de vista meramente moral los consejeros tienen responsabilidad, con mayor razón en el ámbito de lo jurídico; no hacer nada es permitir que quien cometa un ilícito siga apropiándose o que otros entiendan que pueden apropiarse de bienes sociales impunemente”, indicó.
Indicó que pese a que en este caso no se trata de funcionarios o servidores públicos, son particulares que administran recursos de carácter público; esto significa –dijo– que su conducta está regida por el artículo 8 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua.
“Alguien podrá decir que no son servidores públicos, pero la respuesta es que son personas que reciben y administran fondos públicos; además, el conflicto de interés de que estamos hablando en este caso corresponde a un acto de corrupción que esta ley califica como grave”, señaló.
De acuerdo a Altamirano, hasta ahora no ha habido una persecución real de las acciones ilícitas señaladas por la Auditoría Superior del Estado (ASE); como tampoco una devolución de bienes o recursos afectados, ni ninguna acción real en contra de estos ilícitos.
“Todo esto es una pantalla y palabrería que jamás llega al ´Acto Justo´, es decir, que le devuelvan a la sociedad lo que le quitaron; como no se lo han devuelto pues evidentemente el Acto Justo no se ha realizado; el derecho de la sociedad sigue vulnerado, y la palabrería vertida a pesar del tiempo transcurrido no ha servido para resolver el conflicto”, afirmó.
Para el también académico, es fundamental que haya un seguimiento legal del caso, para lo cual se requiere la presentación de las denuncias correspondientes.
Denuncias que deben derivar ya sea de la ASE, y de integrantes del Congreso del Estado cuyas comisiones tenga que ver con el tema, entre otros.
“Es claro que hasta ahora ni han prevenido el delito, ni han buscado la reparación del daño, por tanto no han realizado actos de justicia; en tal sentido la sociedad queda permanentemente vulnerada en su derecho”, destacó.
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