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Confirman desviación de mil 300 mdp dirigidos a UACH y UACJ

Gobierno anterior incumplió con la entrega de recursos provenientes del cobro del Impuesto Universitario destinados a UACH y UACJ

Por Eduardo González | Norte Digital | 12:31 pm 27 octubre, 2021

La pasada Administración no entregó recursos que se cobraron por concepto del Impuesto Universitario (IU), a las dos universidades autónomas que se ubican en el estado.

Se trata de unos mil 300 millones de pesos que nunca llegaron a las arcas universitarias en los plazos esperados; 700 mdp para la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y 600 para la autónoma de Chihuahua, informaron sus rectores.

Estos montos se obtuvieron de la tasa del 4 por ciento a los cobros por revalidación vehicular y otros derechos.

Dichas retenciones aparecen como concepto a pagar en cada uno en los estados financieros de los propietarios de automóviles y actualmente se desconoce el destino que tuvieron los recursos.

Según el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), durante el quinquenio pasado hubo una interpretación errónea a la ley; se pensaba que con la entrega de las aportaciones ordinarias se incluía el adicional del IU, lo que no fue así.

En el caso de la UACH, tan solo el ejercicio actual, se incumplió con la entrega de entre 130 y 140 millones de pesos, motivo por lo que existe una denuncia penal interpuesta a principios de año.

La falta de recursos ha propiciado, tan solo para la universidad de Chihuahua, rezagos en el pago por concepto de servicio médico a Pensiones Civiles del Estado, entre otras afectaciones.

Los delitos que podrían configurarse ante tal incumplimiento son: daño patrimonial, peculado y desvío de recursos.

Según Fierro, desde el año 2003 existen problemas con la entrega de recursos que se toman de los impuestos anteriormente mencionados.

Insistió en que la universidad siempre abogó por la entrega de los recursos, dado que es una aportación ciudadana para el sostenimiento de la universidad.

Reconocen problemas con el presupuesto

El rector Alberto Fierro Ramírez abundó que, como en todas las universidades públicas, existen problemas de presupuesto.

“Esperaríamos que en los paquetes fiscales del próximo año se recupere presupuesto para las universidades”, dijo.

Lamentó que ante las reducciones se ha minimizado el gasto en investigación, necesaria para el impulso y desarrollo de las comunidades.

«Ojalá tuviéramos un mejor panorama en cuanto a la disponibilidad de recursos», acotó.

El rector dio a conocer que la universidad se ha sostenido principalmente con ingresos propios; por ello se va a priorizar pago de nómina y prestaciones de fin de año, antes que a proveedores.

Impuesto se dejó de entregar a la UACJ desde el 2016

A principios de mes, Ignacio Camargo Nassar, rector de la UACJ, dijo que el Gobierno del Estado mantiene un adeudo estimado de 700 mdp; al igual que la UACH no recibió IU desde 2016.

Por esta razón, Nassar pronunció su interés en establecer mesas para renegociar la deuda.

«Un tema que me preocupa y nos mantiene atentos, y del cual este honorable Consejo Universitario ha sido oportunamente informado, es la situación económica en la que se encuentra la institución”, dijo Camargo Nassar ante los integrantes del Consejo Universitario de la UACJ e invitados especiales.

Dijo que este adeudo pone en riesgo la viabilidad de aspectos tan importantes y costosos como la actualización de la infraestructura tecnológica para la academia.

También el equipamiento y mantenimiento de laboratorios, áreas de práctica y otros proyectos.

Distracción de dinero no sólo afecta a universidades

No solo las universidades enfrentan problemas por la posible distracción de los recursos, atribuibles a la pasada administración.

La semana pasada, una juez local ordenó una investigación ante la posibilidad de que funcionarios de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Corral hayan desviado recursos que le correspondían al Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec).

Se trata de recursos provenientes de la tasa del 5 por ciento del Impuesto Sobre Nóminas que recaba el Estado.

Particularmente, la instancia reclama el pago de 114 millones de pesos, monto en el cual se incluyen recargos.

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