Chihuahua – Sin revelar identidades, el fiscal general del Estado, Roberto Fierro Duarte, confirmó que el Ministerio Público investiga 8 denuncias contra funcionarios de la administración de Javier Corral, por el delito de tortura.
Esto, en supuesto perjuicio de personas sujetas a investigaciones en el marco de la operación Justicia para Chihuahua.
Fierro Duarte enfatizó que hasta el momento las denuncias aún están en investigación y no se pude hablar de hechos probados.
Precisó que la investigación contemplará la activación de protocolos, y se determinará si se trata de hechos que constituyen un delito y que no sean suposiciones.
Para finalizar, Fierro Duarte, abordó que la dependencia está abierta a la recepción, como siempre, de denuncias por este y otros delitos.
El empresario Otto Valles, vinculado a la administración de César Duarte, dijo a Norte Digital que es de su conocimiento que se ejerció tortura en sus diversas modalidades contra todas las personas bajo investigación.
«Realmente conozco a algunos exfuncionarios que sufrieron tortura, no me cabe la menor duda que puedan estar diciendo la verdad», comentó.
En nuestra entidad no existe un marco regulatorio para castigar el delito de tortura. Sin embargo, la autoridad judicial se apega a los lineamientos de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura.
Tortura, en agenda pública desde octubre
Testimonios de imputados en la Operación Justicia para Chihuahua exhibieron la utilización de la Casa de Gobierno en la capital como supuesto centro de operaciones. Ahí, aseguran que funcionarios estatales ejercían actos de coacción y tortura en su contra, con el fin de obtener declaraciones forzadas.
Entre los perfiles mencionados en la publicación están empresarios, exfuncionarios, periodistas y colaboradores de la administración de César Duarte.
Fernando Reyes Ramírez, quien en 2017 era diputado local, fue imputado el mismo año por peculado, confirmó que durante su proceso penal sufrió violencia psicológica.
Relató que en muchos momentos fue presionado para declarar cosas que «no eran ciertas».
Aseveró que la administración de Javier Corral propuso el esquema de testigos protegidos a quien verdaderamente incurriera en la comisión de delitos, y les permitió impunidad.
El 14 de septiembre, el exlegislador presentó una denuncia por la posible comisión de delitos en el ámbito de la procuración de Justicia. Lo anterior, contra los funcionarios visibles de la Operación Justicia para Chihuahua.
«Me amenazaron con dejarme en prisión, amenazaron a mi familia, con inventarme no sé qué otros delitos», declaró.
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