De plazas que están, pero no están; que se ofertan, pero desaparecen.
Con la promesa de revertir las afectaciones derivadas de la Reforma Educativa de 2013, en mayo de 2019 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador impulsó una reforma constitucional en materia educativa que dio lugar a la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) y, con ella, a la abrogación de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Discursivamente, se planteó la construcción de un nuevo modelo para regular el ingreso, la promoción y el reconocimiento de las y los trabajadores de la educación, alejándose de la lógica punitiva asociada a la evaluación docente del sexenio anterior.
Sin embargo, la ruptura no fue absoluta. El nuevo marco normativo modificó sustancialmente el sentido de la evaluación, al desvincularla de la permanencia en el servicio, sin embargo, conservó elementos centrales de la racionalidad mediante la cual el Estado regula el acceso a las plazas docentes. El ingreso continuó dependiendo de procesos institucionalizados de selección, de la acreditación de perfiles y de la valoración de conocimientos, aptitudes, formación y experiencia. En otras palabras, cambió el discurso sobre la evaluación y se modificaron sus consecuencias laborales, pero permaneció una lógica de selección y jerarquización de quienes aspiran a incorporarse al servicio educativo.
La legislación establece, en principio, mecanismos específicos para la admisión al servicio público educativo. Las vacantes deben registrarse y asignarse mediante procedimientos regulados, con criterios públicos y transparentes; asimismo, se contempla la posibilidad de realizar contrataciones temporales cuando se hayan agotado las listas de prelación o cuando las necesidades del servicio así lo requieran. Teóricamente, se trata de un procedimiento diseñado para reducir la discrecionalidad y garantizar que las plazas disponibles sean asignadas de acuerdo con reglas previamente establecidas.
El problema aparece cuando se observa la distancia entre la arquitectura normativa y las prácticas concretas mediante las cuales las plazas llegan, o dejan de llegar, a las y los docentes. Hace apenas unos días volvieron a circular videos y denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en el proceso de asignación de plazas docentes en Chihuahua. Más allá de la necesidad de documentar y comprobar cada señalamiento, el hecho de que estas denuncias vuelvan a aparecer resulta significativo: la percepción de opacidad en torno a la asignación de plazas no desapareció con la creación de la USICAMM. Por el contrario, para amplios sectores del magisterio chihuahuense, determinadas prácticas actuales evocan los viejos tiempos en los que no siempre era posible saber con certeza cuántas plazas estaban disponibles, cuáles serían asignadas y bajo qué criterios se tomaban las decisiones.
Conviene recordar el tránsito de la asignación directa de plazas, vinculada históricamente con el egreso de las escuelas normales, hacia mecanismos estandarizados de selección se consolidó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto con la creación del Servicio Profesional Docente, modelo ampliamente cuestionado por el magisterio; que, sin embargo, introdujo un procedimiento relativamente visible y estandarizado: quien obtenía un resultado favorable en los mecanismos establecidos adquiría una posición determinada en el orden de prelación para acceder a una plaza. Se trataba de un procedimiento discutible, rígido y, para muchos, injusto; pero permitía operativamente identificar con mayor claridad qué se evaluaba, cómo se evaluaba y qué lugar ocupaba cada aspirante en la disputa por una plaza. El modelo actual, discursivamente planteado como una ruptura con aquella lógica, modifica los mecanismos y el lenguaje mediante los cuales se regula el ingreso al servicio educativo, pero en la práctica conserva una racionalidad semejante: la competencia por plazas escasas, mediada por criterios de valoración, prelación y selección institucional. Así, más que una ruptura absoluta, se observa una continuidad reconfigurada de las formas mediante las cuales el Estado administra y distribuye el acceso al trabajo docente.
El escenario contemporáneo es paradójico, mientras que el discurso de la Cuarta Transformación promete recuperar la dignidad del magisterio, democratizar las relaciones laborales y terminar con las prácticas asociadas al viejo régimen, persisten espacios de opacidad en los que las plazas disponibles parecen reducirse, transformarse o desaparecer al momento de su asignación. En los procesos de entrega, docentes que cuentan con una posición de prelación pueden encontrarse con que las plazas de base inicialmente esperadas no están disponibles, mientras se ofertan contrataciones temporales o se argumenta que determinadas horas corresponden a ampliaciones para quienes ya cuentan con una carga laboral, particularmente en el caso de la educación secundaria.
La persistencia del corporativismo que no desaparece simplemente porque cambie la legislación, se modifique el discurso gubernamental o se sustituya una institución por otra, y que puede reconfigurarse y adoptar nuevas formas de intermediación, negociación y distribución de recursos, rebasa el funcionamiento administrativo de la USICAMM. La promesa de democratizar el acceso a las plazas coexiste, paradójicamente, con prácticas con amplios márgenes de discrecionalidad y con relaciones políticas en las que determinados actores conservan capacidad para intervenir, negociar o influir sobre la distribución de oportunidades laborales.
El problema no consiste únicamente en determinar si la USICAMM es más o menos eficiente que el Servicio Profesional Docente y si lo que viene después de la prometida derogación de la USICAMM será mejor. La cuestión de fondo es qué relaciones de poder persisten como candado del acceso al trabajo docente a pesar de los cambios institucionales y discursivos. Si antes la crítica se dirigía contra un sistema que pretendía legitimar la selección mediante la evaluación punitiva en materia laboral, hoy resulta clave preguntar si la sustitución de aquel modelo realmente democratizó el acceso a las plazas o si, únicamente modificó el nombre de los procedimientos mediante los cuales se administra una estructura de poder que permanece.
Las plazas que aparecen como inexistentes, ocupadas, reservadas, temporales, adicionales o inaccesibles no constituyen solamente un problema administrativo, son una disputa por el acceso al trabajo, por la estabilidad laboral y por el reconocimiento, real, de las y los profesionales del magisterio. En esa disputa radica el desencuentro de gran parte del magisterio, la distancia entre el discurso de cambio y las prácticas corporativas de asignación de plazas se vuelve políticamente significativa.
La coyuntura no termina en las formas de asignación actual, A lo anterior debemos sumar una crisis de carácter prospectivo para el magisterio: el encuentro entre dos procesos demográficos que avanzan, aunque no necesariamente al mismo ritmo ni con la misma intensidad. Por un lado, una población que envejece y que, comienza a reducir la cantidad de niñas, niños y adolescentes en edad escolar, generando escuelas con matrículas reducidas que ponen en duda la viabilidad de los planteles en esa situación. Por otro, un magisterio que también envejece, cuya renovación generacional se dificulta por las condiciones de ingreso y contratación, y que enfrenta condiciones laborales cada vez más precarizadas que pueden convertirse en un factor que, entre otros, prolongue su permanencia en el servicio y postergar la jubilación.
Mientras el sistema educativo restringe, precariza o dificulta el acceso de nuevas generaciones de docentes a plazas con estabilidad laboral, una parte importante del magisterio permanece durante más tiempo en activo, al tiempo que disminuye la demanda de docentes. No se trata solamente analizar cuántas plazas existen y se reparten hoy, sino qué tipo de estructura laboral y educativa se está construyendo para las próximas décadas.
Más allá de los mecanismos de asignación de plazas, la discusión sobre el futuro del magisterio no puede reducirse a determinar quién obtiene una plaza y bajo qué procedimiento; la coyuntura nos interpela a cuestionar quiénes ingresarán, quiénes podrán permanecer, quiénes podrán jubilarse en condiciones dignas y qué ocurrirá con las plazas docentes en un sistema educativo atravesado por el envejecimiento de su fuerza laboral y por la transformación de la población escolar.
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