La presidenta del Congreso del Estado, Adriana Terrazas Porras informó que se realizaron 28 sesiones ordinarias, durante el primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de Ejercicio Constitucional de la LXVII Legislatura.
Terrazas Porras agregó que se presentaron 441 iniciativas, las cuales fueron turnadas a comisiones, y de las que 275 concluyeron su proceso legislativo, culminando en 121 decretos y 144 puntos de acuerdos con distintas dependencias.
La diputada de Morena reiteró que la mesa directiva que encabeza, ha dado un seguimiento cordial y respetuoso con el Poder Ejecutivo y Poder Judicial; además de que ha encabezado eventos cívicos, educativos, deportivos y sociales.
Además, que durante este periodo se han celebrado por primera vez, dos audiencias públicas en Chihuahua y Ciudad Juárez.
En su intervención, Edgar Piñón del PRI, Alfredo Chávez del PAN, Francisco Sánchez de Movimiento Ciudadano, destacaron el trabajo de la legisladora como presidenta y felicitaron su labor en la conciliación de diversos temas en el Poder Legislativo.
Por su parte, Óscar Avitia diputado de Morena, comentó que “respetuosamente, pido mantener en nuestras oraciones al profe Miguel Ángel González, estuvo con nosotros asesorando hoy hasta las 7 am, se complico en su salud, esperamos que Dios lo tenga en sus oraciones”.
Avanza propuesta para dotar de fuero a titular de la ASE
También se dio luz verde para facilitar trámite del testamento
VIDEO: Desalojan a 270 personas del Congreso del Estado por simulacro de sismo
El inmueble fue evacuado dentro del lapso esperado por las autoridades
Invita Congreso a participar en el Parlamento de Mujeres de Chihuahua 2026
Se elegirán a 33 mujeres para que conformen este Parlamento en el que podrán externar sus inquietudes
Morena ve “regalo de despedida” para la gobernadora en reforma sobre venta de terrenos estatales
Cuauhtémoc Estrada acusó que diputados del PAN buscan eliminar la obligación de que el Congreso autorice la venta de bienes inmuebles del Estado, lo que permitiría al Ejecutivo disponer del patrimonio estatal sin supervisión legislativa