Chihuahua es la segunda entidad en el país que más gasta en seguridad, llegando a ejercer un presupuesto superior a los 3 mil pesos per cápita.
Es decir, el estado tiene un promedio de gasto de 3 mil 344 pesos por habitante en materia de seguridad; así lo indicaron los resultados del Monitor Coparmex que estudia el comportamiento de la inseguridad en los estados del país.
El gasto identificado por la agrupación patronal contrasta con los índices de seguridad en el estado; incluso Juárez se ha mantenido dentro de las cinco ciudades más peligrosas a nivel nacional en los últimos años.
Tan solo durante este primer semestre, el Gobierno del estado contempla la inversión de 421 millones de pesos en materia de seguridad en Juárez.
Ese presupuesto será destinado para la adquisición e implementación de software avanzado para la plataforma Centinela Chihuahua; además, digitalización de los sistemas de las corporaciones en procuración de justicia y la llegada de un nuevo helicóptero para apoyar las labores de vigilancia.
Destinó Chihuahua $45 millones para seguridad en patrullas
Solo en la adquisición y equipamiento de patrullas, se destinó un recurso aproximado de 45 millones de pesos; sumados al proyecto Centinela y la digitalización de sistemas, se prevé una inversión total para Juárez cercana a los 421 millones de pesos.
Su implementación podrá verse reflejada hasta mayo, informó la gobernadora, Maru Campos durante su última visita a la ciudad.
«A nivel nacional, se utilizaron más de 92.4 mil millones de pesos en medidas de protección contra la delincuencia», destaca el estudio presentado.
El estado que más gasta en seguridad es Baja California con 4 mil 338 pesos por persona; le sigue Chihuahua, con 3 mil 344 y Colima, con 3 mil 341 pesos.
La Coparmex destacó el registro de casos de extorsión entre sus agremiados, colocando a Chihuahua con una proporción de apenas el 12 por ciento. El primer lugar lo obtuvo Zacatecas con el 27.8 por ciento.
Luego del robo de mercancía, dinero o equipo, la extorsión o cobro de piso fue el delito más recurrente contra las empresas locales.
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