Esto es lo que se abordó este día en torno al caso Chihuahua y la presunta participación de agentes de la CIA:
Durante este día, la presidenta Claudia Sheinbaum marcó la línea federal: descartó que el tema tenga un trasfondo político y pidió que se analice como un asunto de legalidad y seguridad nacional.
En ese mismo sentido, dejó claro que no intervendrá para instruir a la gobernadora María Eugenia Campos Galván a comparecer ante el Senado, al señalar que los estados son autónomos y que esa decisión corresponde al ámbito legislativo y a la propia mandataria estatal.
Sin embargo, el señalamiento de fondo se mantuvo: al Gobierno federal no se le informó sobre la presencia de agentes extranjeros en territorio nacional, lo que abre dudas sobre el cumplimiento de los mecanismos legales que regulan la cooperación internacional en materia de seguridad.
Sheinbaum también insistió en que el caso debe revisarse con rigor para determinar quién autorizó —o permitió— la intervención, en un contexto donde no se acreditó una coordinación institucional con instancias federales, incluidas las Fuerzas Armadas.
Mientras tanto, en el Senado se insiste en que las citar autoridades estatales se presenten para que expliquen los hechos, lo que añade presión al Gobierno de Chihuahua.
Del lado estatal, la gobernadora Campos Galván no fijó una postura de fondo. Su administración se limitó a señalar que existen investigaciones en curso, sin confirmar ni negar la participación de agentes estadounidenses, lo que mantiene abierto el vacío informativo en torno al operativo.
La estrategia apunta a evitar declaraciones a detalle y no interferir en las indagatorias.
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