La audiencia de juicio oral en contra de Juan Carlos M. O., alias El Larry, programada para el lunes 4 de noviembre, fue pospuesta, confirmaron a Norte Digital abogadas de la asociación Propuesta Cívica, que tienen la representación legal de la familia de la periodista Miroslava Breach.
De acuerdo con la investigación del caso, El Larry fue señalado como supuesto orquestador del crimen cometido contra la reportera el 23 de marzo de 2017, cuando un pistolero llamado Ramón Andrés Zavala Corral la mató de ocho balazos afuera de su casa, ayudado por el prófugo presunto homicida Wilbert Jaziel Vega Villa, hermanastro de Juan Carlos.
Por razones que no han sido explicadas a la opinión pública, la audiencia de juicio oral que debía realizarse ayer en la ciudad de Chihuahua fue pospuesta, y ninguna autoridad ha informado de una nueva fecha.
La Fiscalía Especializada en Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) tiene la titularidad de la investigación desde abril del año pasado y en el tiempo transcurrido no ha informado avances o nuevos indicios contra los autores intelectuales del homicidio.
La hipótesis presentada por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE), durante el año que tuvo a su cargo la titularidad del expediente, sigue sin modificaciones.
De acuerdo con el Ministerio Público chihuahuense, el ataque fue ordenado por el grupo Los Salazar, en venganza por las publicaciones de Miroslava de los últimos diez años.
Siendo la exhibición de uno de sus miembros como candidato del PRI a la alcaldía de Chínipas en la elección de 2016 -Juan Miguel Salazar, alias Juanito- la gota que derramó el vaso.
Los fiscales estatales recabaron decenas de horas de video de cámaras de vigilancia, para documentar la ruta de los presuntos asesinos hasta la casa de la reportera en la calle José María Mata de la capital chihuahuense.
Incautaron el arma que usaron, recabaron cerca de 50 testimoniales para sostener la teoría del caso y decomisaron una computadora portátil en la que se encontró al evidencia de que los asesinos fueron auxiliados por cuatro integrantes del PAN para hostigar a Miroslava.
En el expediente de la FGE -que ahora tiene la Feadle- consta que el actual director del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife), José Luévano; el hoy jefe de gabinete del municipio de Chihuahua, Mario Vázquez; el encargado de prensa del grupo legislativo del PAN, Alfredo Piñera, y el exalcalde del PAN en Chínipas Hugo Schultz participaron en la grabación de llamadas a las periodistas Miroslava Breach y Patricia Mayorga.
Lo anterior para lograr que ellas los deslindaran de haber sido sus informantes en reportajes sobre narco política publicados durante y después de la campaña electoral de 2016, que terminaron por afectar al grupo criminal.
La Fiscalía desestimó las grabaciones como prueba de complicidad en el homicidio, al tiempo que el gobernador Javier Corral negó ante la prensa estar enterado de amenazas en contra de la periodista, a pesar de que esos mismos audios eran prueba irrefutable de que panistas muy cercanos a él, sabían que un cartel de la droga estaba planeando asesinarla.
Luévano era su jefe de campaña y empezando el Gobierno lo nombró secretario particular, Vázquez era el presidente estatal del PAN y fue contratado por la alcaldesa Maru Campos como jefe de gabinete, Piñera era el secretario de prensa del mismo partido y pasó a ser vocero del grupo parlamentario en el Congreso a las órdenes del diputado Fernando Álvarez.
Hugo Shultz era el alcalde saliente de Chínipas -también del PAN- y en los primeros días del quinquenio fue señalado por sus nexos con el grupo criminal, en la columna que Miroslava firmaba con un pseudónimo en periódico Norte de Ciudad Juárez.
A pesar de todos estos nexos e indicios, el gobernador Corral no tomó ninguna medida para protegerla y después de su asesinato optó por ocultar la información a la familia, negándoles el derecho de conocer el expediente.
Además encubrió a sus allegados panistas, quienes quedaron dentro de la estructura gubernamental y legislativa protegidos por las siglas de su partido, el PAN.
Por parte de la defensa del imputado, el abogado sonorense Enrique Valencia argumentó en la audiencia intermedia del 3 de diciembre de 2018, que las evidencias que sirven de sostén a la acusación de la Fiscalía estatal -hoy en manos de la Feadle- fueron obtenidas de manera ilegal.
De acuerdo con Valencia, todas las pruebas deberían ser desechadas, pues tendría que aplicárseles la teoría jurídica del fruto del árbol envenenado, en virtud de que los cateos en los que se recabó la evidencia habrían sido ilegales.
Además de lo anterior, el defensor ofreció testigos que afirman que el imputado no estuvo en el lugar del homicidio el 23 de marzo, como lo sostiene la acusación de la Fiscalía.
Hay videos y testimonios que ubican a El Larry en las inmediaciones de la casa de Miroslava los días previos y el día del homicidio, realizando funciones de coordinador u orquestador.
Sin embargo, la defensa presentará algunos testimonios como el del exalcalde de Chínipas Jesús Ramón Quinto Agramón Varela, del PRI, quien asegura que en la fecha de los hechos estuvo tomando café con el imputado en la fonda de una persona identificada como Hilda Palafox, en Chínipas.
Hace casi un año cuando fue consultado por Norte Digital sobre su testimonio, Agramón Varela confirmó la versión.
“Ahí nos reunimos temprano hasta cuatro días a la semana para tomar café y ese día vimos a Juan Carlos”, relató vía telefónica el priísta.
Juan Carlos M. O., alias El Larry, fue detenido el 25 de diciembre de 2017 cerca de Álamos, Sonora, en un operativo conjunto de Policía Federal, Estatal y la Sedena.
El próximo 25 de diciembre de 2019 se termina el plazo de 2 años estipulado en el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para dictarle sentencia.
Dicho precepto ordena:
“La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado”.
Consultados para esta nota, el abogado del acusado, Enrique Valencia, y la abogada de la familia de la víctima, Sara Mendiola, dijeron a Norte Digital que aún no les había sido notificada una nueva fecha para la realización del juicio oral.
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