La asociación civil Casa Amiga Esther Chávez Cano rindió un reporte a los regidores de la Comisión de la Familia y Asistencia Social del Ayuntamiento, sobre los resultados de programas de prevención y atención de la violencia sexual contra niños y adolescentes.
Lydia Cordero, directora de Casa Amiga, que hace 25 años fundó la activista Esther Chávez Cano, señaló que de acuerdo con la experiencia de la organización, niños en edades más tempranas, a partir de los 10 años, se involucran en casos de violencia en perjuicio de sus propias hermanas y primas.
Señaló que la organización social presta atención y da seguimiento a esta problemática, lo cual resulta muy complejo porque se hace una intervención a largo plazo que involucra a la familia.

Explicó que a esa edad, la ley no les imputa ninguna responsabilidad penal, sin embargo, en Casa Amiga se esfuerzan para que esa conducta antisocial no se repita y para que en un futuro no tenga consecuencias en la edad adulta.
Precisó que los niños y adolescentes se encuentran entre los segmentos de la población que necesitan más atención de la sociedad.
Expuso que en los recientes cinco años, Casa Amiga prestó atención a 2 mil 767 niños y adolescentes victimas de violencia sexual.
En general, por cada 100 casos de violencia sexual que atiende Casa Amiga, 20 corresponden a niños y adolescentes.
También reportaron que en mismo periodo atendieron 408 casos de abuso sexual, de los cuales 154 son de violación infantil.
Como lo han denunciado desde su fundación, hoy los datos de Casa Amiga demuestran que el 43.51 por ciento de la violación contra niños y adolescentes se cometen por sus propios familiares; el 27.9 por ciento, como responsables aparecen personas que pertenecen a la familia agregada; el 17.53 por ciento conocidos; y, desconocidos, 11.04 por ciento.
Cordero señaló que la ley penal y el sistema adolecen de deficiencias y contradicciones, ya que el delito de violación infantil no existe como tal, sino que se considera como una agravante más, además de que un solo Ministerio Público atiende a cientos de casos que rebasan su capacidad.
Comentó que de la misma manera la ley permite a los acusados de violación a libertad condicional mientras se determina su responsabilidad en los tribunales, lo cual deja doblemente vulnerable a las víctimas y las revictimiza.
Cordero adelantó que estas y otras experiencia forman parte de una investigación de la doctora Julia Monarrez Fragoso de El Colegio de la Frontera Norte, quien próximamente visibilizará las experiencia que viven los infantes cuando son victimas de delitos de abuso sexual en esta frontera, lo cual servirá de un referente para el abordaje de esta problemática social.


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