Ciudad de México.-La bancada del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, interpuso una iniciativa para prohibir al Presidente de la Mesa Directiva, interponer controversias constitucionales, con excepción de que sea avalado previamente por el pleno.
Se trata de una propuesta de la diputada Margarita García García, a través de la cual, pretende reformar los artículos 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 233 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
“La propuesta es que la o el presidente de la Cámara no podrá interponer, por sí mismo, demanda de controversia constitucional. La única manera en que podrá presentar una controversia constitucional será bajo el procedimiento establecido en el numeral 1 del artículo 233 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que contempla la discusión y aprobación por parte del Pleno de la Cámara”, señala el proyecto.
Al establecer dicho candado a las atribuciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, sostiene la iniciativa, «se garantizará la imparcialidad de quien ocupe ese cargo, provenga del partido que provenga, salvaguardando así la institucionalidad debida».
De igual forma, agrega, se salvaguardará la representación originaria de la o el presidente, “contando a la vez con un candado que impida el uso faccioso y ajeno a la institucionalidad de dicha representación, y asegurará que una controversia constitucional interpuesta por la Cámara sea resultado de una decisión mayoritaria, democráticamente adoptada y, por lo tanto, legítima”.
En la exposición de motivos, la diputada García García señala que la Presidencia de la Mesa Directiva es una muy alta encomienda que implica gran responsabilidad y firme compromiso para la o el diputado que recibe la confianza del Pleno para ocuparla, por lo quien la ocupa «tiene el deber de hacer a un lado su militancia partidista, así como su pertenencia a un grupo parlamentario y ejercer su encargo de una manera neutral, pero respetando siempre la pluralidad representada en la Cámara».
Recuerda que el 22 de junio de 2020, durante la 64 Legislatura, la entonces presidenta, Laura Rojas, promovió una controversia en contra del acuerdo por el que se dispuso de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública, mientras que el 22 de marzo del presente año, el entonces presidente, Sergio Gutiérrez Luna, hizo lo propio en contra de un acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE en materia de propaganda gubernamental.
“No es el objetivo de esta iniciativa analizar la legitimidad o no de las posturas de quienes ocupaban la presidencia en los casos antes señalados, mucho menos analizar el fondo de ambas controversias constitucionales. El único objetivo es evidenciar la complejidad de ejercer la facultad de promover controversias constitucionales cuando se tiene la representación de un órgano colegiado cuya característica es la pluralidad. Tal pluralidad implica disenso y diversidad de opiniones, lo cual es positivo dentro de una democracia. Lo cierto es que, en los últimos casos, el ejercicio de esa facultad ha fracturado la unidad de la Cámara”, concluye la justificación.
La iniciativa, que ya se publicó en la gaceta parlamentaria, fue turnada a Colisiones para su análisis y debate.
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