Líderes del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional se pronunciaron para que el Congreso local resuelva ‘rápidamente’ y con una visión de futuro la legislación para dotar de escoltas a titulares del Poder Ejecutivo y de Seguridad Pública al término de sus funciones, cuyo análisis ha demorado más de 4 meses.
El pasado 3 de marzo, el gobernador Javier Corral presentó un paquete de iniciativas, entre las que incluyó la creación de un capitulo único para aprobar lineamientos de seguridad y protección personal a funcionarios gubernamentales.
Corral busca la autorización para la asignación de elementos ministeriales, unidades, combustible y gastos en viáticos para su seguridad personal. También para el fiscal general, el secretario de Seguridad y el secretario general de gobierno, al término de su gestión.
La iniciativa fue turnada en marzo a su análisis ante la Comisión de Seguridad, y desde entonces no ha podido ser votada para su resolución.
Tanto Rocío Reza, dirigente estatal del PAN y Alejandro Domínguez, del PRI, coinciden en que la asignación de personal de seguridad debe regularse en definitiva y no ser debate cada 6 años.
“Se convocará a una mesa técnica con expertos para evaluar la temporalidad y nivel de riesgo para la designación de escoltas”, dijo la diputada panista Georgina Bujanda.
López Obrador opina sobre escoltas
Ante el debate que se ha dado por la asignación de personal de escolta, López Obrador afirmó que el presupuesto no debe ser usado a menos de que se acredite que el funcionario quede en vulnerabilidad.
El Presidente opinó sobre el tema e hizo el ofrecimiento de aportar elementos federales para la seguridad del jefe del ejecutivo local.
“También, si el Congreso del Estado lo resuelve así, es independiente, es soberano, y ellos tienen que resolver”, dijo elmandatar.
Seguridad, por un periodo establecido: Domínguez
Para el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, César Alejandro Domínguez, los funcionarios estatales deben tener una custodia personal. Siempre y cuando se haga un análisis de los riesgos que presenten.
Reiteró la importancia de establecer una temporalidad, con el fin de que no sobrepase un plazo en el que el costo al erario sea significativo.
Insistió que los legisladores deben debatir al respecto, con el fin de que la autorización de personal no esté supeditada hacia una persona. Sino que se establezca a la figura institucional.
“Demandamos que la reforma no esté sujeta a los nombres, sino a la protección de las instituciones”, argumentó.
Afirmó que la autorización de seguridad para los funcionarios no es una cuestión política. Sino de defensa a la integridad de quienes estuvieron tomando decisiones de alto impacto.
Promueve Reza mesas de análisis
Rocío Reza, presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, afirmó que la discusión en torno a la aprobación de la iniciativa es un asunto de estado que debe regularse.
“Es un tema que discutirá el Congreso. Debe analizarse cada caso; del gobernador como en el de otros funcionarios cuya labor en lo público repercute y puede generar una amenaza en lo privado”, dijo.
“Hablamos en casos muy específicos, dónde lo más adecuado es generar mesas técnicas para definir cada caso en particular”, explicó.
“Más allá de los recursos, debemos garantizar que este asunto de estado y pedimos básicamente que se analice cada caso, mediante la apertura de mesas técnicas”, concluyó.
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