Después de que ha sido ya aprobado en 10 de los 67 municipios del estado el decreto que promueve “el libre desarrollo de la personalidad”, los regidores del ayuntamiento de Juárez votarán la próxima semana el polémico documento que ha sido ampliamente rechazado por organizaciones en pro de la vida y la familia, por considerar que podría desencadenar una serie de conflictos sociales, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera reiterada ha emitido diversas resoluciones en favor de dicha reforma.
El dictamen de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado plantea armonizar las leyes locales con las federales, con el objetivo de que cada individuo pueda elegir autónomamente su forma de vivir.
Es decir, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, avala la facultad de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado de acuerdo a sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera.
Por tanto, el libre desarrollo de la personalidad comprende la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo, de procrear hijos y cuántos o decidir no tenerlos, de escoger su apariencia personal, su profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual, por mencionar algunos ejemplos.
El decreto LXVI/RFCNT/0354/2019, ya fue aprobado por los cabildos de Chihuahua, Delicias, Meoqui, Aldama, Coyame, Galeana, Julimes, Manuel Benavides, Maguarichi, Praxedis G. Guerrero y Saucillo.
El Cabildo de Juárez podría votarlo el lunes de la próxima semana. En los días previos, los regidores y el propio alcalde Armando Cabada han recibido una fuerte presión para votar en contra.
Panistas confrontados
Aun cuando la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado votó a favor y por unanimidad el dictamen el pasado 22 de mayo, la postura de los legisladores panistas entró en un punto de discusión entre los mismos legisladores.
Blanca Gámez, diputada panista y quien impulsó la iniciativa, es además integrante de la Comisión de Derechos Humanos, junto con su compañero de bancada Fernando Álvarez Monje (coordinador de la fracción panista).
En contraste, los regidores del PAN en el Cabildo de Chihuahua capital, que habían votado en contra de la reforma, recibieron la orden de Rocío Reza, líder estatal, de revocar lo que ya votaron a favor.
Pero no solo eso, sino que la postura de la alcaldesa Maru Campos, también del PAN, es de dar marcha atrás a lo que los regidores panistas avalaron cuando ella se encontraba ausente de viaje.
Para que la reforma sea válida, se requiere de la aprobación de 20 ayuntamientos que representen el 50 por ciento de la población en el estado de Chihuahua.
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