Con críticas de que será inútil, de que dejará en libertad a delincuentes que roben menos de 50 mil pesos y no reparará a las víctimas, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la creación de la Ley de Amnistía que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador y con la que se pretende perdonar el aborto, el robo y el narcotráfico a los pobres, publicó El Universal.
El debate en lo general, que duró más de tres horas, alcanzó el voto mayoritario de Morena, PT, PES y Verde; en contra fueron los panistas y perredistas, y con el voto dividido estuvieron el PRI y MC.
En este momento se desahogan las reservas que fueron presentadas en este dictamen, que en caso de avalarse iría al Senado.
Este nuevo ordenamiento plantea el otorgamiento del “perdón” de delitos como la interrupción del embarazo (incluye a la mujer, familiares, y a los médicos practicantes de la interrupción), así como delitos contra la salud que hayan cometido pobres, con extrema vulnerabilidad, que hayan sido excluidos y discriminados o tengan alguna discapacidad permanente.
También aplicará para quienes hayan cometido robos simples y sin violencia que no ameriten cárcel de más de 4 años, así como el delito de sedición que es un levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno y los delitos cometidos por integrantes de pueblos indígenas a quienes no se les haya garantizado un debido proceso.
En el primer artículo de este, que sería un nuevo ordenamiento, se pretende el “perdón” a ciudadanos a quienes se les haya ejercido acción penal, hayan sido procesados o se les haya dictado sentencia firme ante los tribunales federales, siempre que no hayan sido reincidentes respecto del delito por el que están indiciadas o sentenciadas antes de la entrada en vigor de esta nueva ley.
Las comisiones hicieron un cambio al dictamen y determinaron que toda vez que le corresponde a la Fiscalía General de la República la aplicación de este nuevo ordenamiento, y para evitar conflictos de interés, al probablemente actuar como juez y parte, se estableció que el Ejecutivo, en un plazo de sesenta días hábiles, creará una comisión de expertos encargada de coordinar y vigilar la aplicación de la Ley de Amnistía, la cual resolverá en un máximo de cuatro meses las solicitudes.
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