Catorce meses después de que el Congreso del Estado había autorizado a la administración estatal la construcción de cuatro centros regionales para la seguridad -y que estos no se crearon en 2020-, el Poder Legislativo volvió a emitir un nuevo decreto para que el Gobierno del Estado ponga en operación dichos centros.
El 30 de octubre de 2019 los legisladores ya habían autorizado al Gobierno estatal el proyecto para crear y operar los cuatro centros regionales para la seguridad y el desarrollo de Chihuahua. El proyecto manejaba un esquema de asociación público privada.
La inversión aprobada había sido por 468 millones de pesos para las cuatro instalaciones. Estarían ubicadas en las localidades de Guadalupe y Calvo, Guachochi, San Juanito y Praxedis G. Guerrero.
No obstante, el proyecto no se realizó este año. El pasado 17 de diciembre de nueva cuenta el gobernador Javier Corral presentó una iniciativa para reformar el decreto del 30 de octubre para que le vuelvan a autorizar los centros regionales de seguridad.
Ante ello, 32 de los 33 legisladores aprobaron por segunda vez el plan del Gobierno estatal, que debió realizarse durante el ejercicio fiscal 2020.
El secretario de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda, Misael Máynez, expuso ante el pleno del Congreso local que el plan inicial resultó afectado por insuficiencia presupuestal derivado de la emergencia de salud por la pandemia.
“Las autoridades estatales y federales, en materia de salud, debieron implementar acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria. Desde el confinamiento y reducir la movilidad de la población, hasta el establecimiento de medidas sanitarias y de semaforización”, expuso.
«Presupuesto de los centros regionales se redireccionó a deudas y gastos del Gobierno»
El único voto en contra para ampliar la vigencia del proyecto fue la legisladora juarense Marisela Sáenz (PRI). Explicó que “el año pasado votamos el presupuesto para los cuatro centros y no los hicieron, con excepción del de Madera”.
Además, mencionó que el presupuesto fue redireccionado a deudas y gastos del mismo Gobierno, no para atender la pandemia.
“No podemos volver a incluir en el presupuesto del próximo año una erogación que viene desde el año pasado”, agregó.
Los cuatro centros de seguridad se encargarían de atender asuntos en materia de seguridad pública y prevención del delito, además de ejecución de penas y medidas judiciales.
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