Un exhorto ante el Congreso del Estado fue presentado por la diputada María Antonieta Pérez Reyes, para que la Fiscalía General del Estado (FGE) abra una carpeta de investigación que finque responsabilidad a funcionarios de Salud y Riesgos Sanitarios por el caso del crematorio Plenitud, donde se encontraron 383 cuerpos que deberían estar cremados.
Explicó que los funcionarios Gilberto Baeza Mendoza, secretario de Salud Estatal, y Luis Carlos Tarín Villamar, titular de la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Coespris), incurrieron en omisiones y otros delitos que pudieran resultar.
Además, solicitó la salida de ambos funcionarios de Gobierno del Estado mientras se llevan a cabo las investigaciones sobre su posible responsabilidad en el funcionamiento de las instalaciones ubicadas en la colonia Granjas Polo Gamboa, en Ciudad Juárez.
Con el caso del crematorio, dijo, son ya varios acontecimientos que lesionan a la comunidad juarense debido a la omisión de funcionarios de la actual administración estatal.
Por ejemplo, citó que el 11 de agosto de 2022 mataron a 11 personas por un conflicto que inició dentro del Cereso 3 y que se extendió a las calles, donde empleados de una radiodifusora, trabajadoras de tiendas de conveniencia, transeúntes, un niño y dos reos fueron asesinados.
Luego, el 1 de enero de 2023 se confirmó la muerte de 17 personas dentro del Cereso estatal en Ciudad Juárez, 10 custodios y 7 reos, aunado a la fuga de 30 presos que despojaron de sus armas a los guardias.
Adicionalmente, el 25 de febrero del 2025 el Gobierno estatal contabiliza 789 homicidios contra mujeres de los cuales 152 fueron por razón de género o feminicidios contabilizados dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La media de ese delito es de 19.24 al mes, donde Juárez es el municipio con más feminicidios con 77 casos.
Añadió que de septiembre de 2021 a mayo 2025 se cometieron 6 mil 945 homicidios en Chihuahua, donde la FGE ha obtenido 182 sentencias condenatorias contra responsables de homicidio doloso.
El caso de los 383 cadáveres apilados sin cremar, tratados de manera inmoral, sin la más mínima contemplación de ningún tipo, genera incertidumbre entre igual número de familias fronterizas que desconocen qué se hizo con los restos de sus seres queridos.
“¿Cómo nos explican que el crematorio instalado en la colonia Granjas Polo Gamboa, prestaba servicios de cremación a varias funerarias y contaba con licencias correspondientes?”, cuestionó.
Ante los hechos, solo hay dos posibilidades: que tanto Secretaría de Salud y Coespris, junto con sus equipos de trabajo, son funcionarios de escritorio que no salen a inspeccionar condiciones y auditar antes de expedir licencias de funcionamiento, afirmó.
O bien, continuó, a sabiendas de que ese crematorio funcionaba de manera ilegal, expidieron licencias a cambio de algún beneficio.
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