La indemnización que debe entregarse a las víctimas del incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez, el pasado 27 de marzo, no se puede limitar a una cantidad predeterminada, señaló Eduardo Rojas, abogado de la Fundación para la Justicia.
El litigante, quien trabaja en la defensa de las víctimas mortales y los lesionados en ese siniestro, comentó que el Gobierno federal mexicano todavía no ha pagado las indemnizaciones.
En entrevista recordó que las autoridades federales dieron a conocer que ya se tiene por parte de Hacienda federal el dinero para indemnizar a los familiares de las víctimas, pero aún no se ha concretado la entrega de los recursos.
“La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no ha definido o no nos ha comunicado nada. Nosotros seguimos abonando al expediente a fin de que se valore todo lo que tenga que tomarse en consideración a fin de concretar cuál fue el daño sufrido por todos ellos”, explicó.
Se ha manejado la idea de una cantidad única de 3 millones 200 mil pesos para entregarse a todos y cada uno de los afectados con base a un presupuesto de 140 millones de pesos, que al efecto ha asignado el Gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda, dijo.
“Eso sería completamente ilegal porque no pueden limitarlo a una determinada cantidad, sino que se tiene que individualizar caso por caso, cuál es el daño que cada uno de ellos recibió. No se podría homologar la cantidad que reciban y sí se tendrían que hacer estas consideraciones particulares en cada uno de los casos”, consideró Pérez Velázquez.
En el caso de las víctimas que representa la Fundación para la Justicia, el abogado Rojas dijo que ya se ha aportado información para concretar la entrega de las indemnizaciones pero que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas todavía no ha tomado alguna determinación y que si lo ha hecho, no les ha sido notificada aún.
Este jueves tuvo lugar una audiencia más en Juárez por la acusación que se sigue contra el todavía titular del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño, por el delito de omisión en el ejercicio ilícito del Servicio Público, acusación en la que se le atribuye responsabilidad por omisión en cuanto a tener conocimiento de las condiciones que se mantenían en la estación migratoria en Ciudad Juárez que llevaron al incendio en el que murieron 40 migrantes y resultaron lesionados de gravedad otros 27 el pasado 27 de marzo.
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