La mañana de este viernes el juez de Control, Juan Antonio Riestra Ramos, determinó aumentar por un año la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Roberto Isaac A.A., acusado por los delitos de inhumación y fraude, ocurridos cuando era empleado de la Funeraria Del Carmen.
La audiencia se llevó a cabo debido a que esta fecha ya había concluido el plazo de prisión preventiva que cuando fue vinculado a proceso penal por primera ocasión.
En específico, se hizo referencia que la acusación en este caso está relacionada con el hallazgo del cuerpo de una niña fallecida en una carroza fúnebre mientras se hacía un cateo en uno de los domicilios del imputado, en julio de 2025.
La agente del Ministerio Público expuso que durante los meses posteriores a la detención del imputado, así como de su madre, quien también fue detenida y vinculada a proceso penal, las víctimas de esta causa penal denunciaron actos de intimidación en su contra, cometidos por familiares de los acusados.
Además, presentó un informe preliminar de riesgos procesos penales en el que se cuestionó a los parientes de Roberto Isaac, sobre su lugar de trabajo, las actividades que hacía y si salía de la ciudad.
La agente destacó que existía un “riesgo de extracción de la justicia”, debido a que el imputado vivió durante meses en el estado de Guanajuato, así como que tiene contacto cercano con una familiar que vivía en El Paso, Texas.
Ante esta argumentación, la defensa del imputado manifestó que Roberto Isaac contaba con arraigo en la ciudad y que no tenía ninguna intención de irse, ya que tenía vínculos familiares que lo obligaban a quedarse.
Agregó que, además de trabajar en la funeraria, solía ser entrenador de futbol, así como conductor de plataforma, por lo que no representaba un riesgo para las víctimas de este caso.
De igual manera, aseguró que, en caso de que intimidara a las víctimas, se hicieran las diligencias correspondientes para que Roberto Isaac, perdiera el beneficio procesal de la libertad condicional.
Sin embargo, dichos argumentos no fueron suficientes para cambiar la resolución del juez de Control, quien comulgó con gran parte de lo vertido con la agente ministerial, resaltando que, debido a las acusaciones que hay en su contra, la prisión preventiva es la única medida que garantiza su presentación ante las autoridades judiciales.
Por lo anterior, aumentó el plazo de la medida cautelar por un año o hasta que concluyan los tres procesos penales que pesan en su contra.
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