El manejo de los recursos que el Fideicomiso de los Puentes Fronterizos de Chihuahua realizó durante el año 2019 será revisado a profundidad por la Auditoría Superior del Estado (ASE) en el año 2020, confirmó a Norte Digital su titular, Héctor Acosta Félix.
“Lo estamos contemplando para auditarlo en 2020, por dos razones, primero porque no se ha auditado y segundo por la petición del diputado”, indicó Acosta vía telefónica.
Lo anterior luego de que el diputado Misael Máynez Cano enviara una petición por escrito para que se revisara el manejo financiero del organismo.
Precisó que aunque formalmente quien debiera hacer una petición como esa es la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, es suficiente haber recibido la solicitud por parte de un solo diputado.
Además de esto también se toman como razones válidas el hecho de que el fideicomiso maneja una cantidad importante de recursos, cerca de 2 mil millones de un crédito y un promedio de ingresos por peaje de 300 millones al año.
El interés que el tema ha despertado y la importancia que tiene para la comunidad juarense -agregó- también fueron razones para que se haya contemplado realizar la auditoría.
Acosta Félix precisó que para enero de 2020 ya se tendrá el programa de auditorías de ese año y se podrá conocer en qué fecha le corresponderá al Fideicomiso de los Puentes Fronterizos.
“Necesitamos conocer qué dice el Título de Concesión, cuáles son las reglas de operación del fideicomiso, queremos que sea una auditoría que contemple el conocimiento de todo el proceso”, explicó.
Y es que de acuerdo con el Título de Concesión de la SCT signado en el año 2015, la concesionaria (el Gobierno de Chihuahua, a través del Fideicomiso) debe cumplir con obras dentro de los puentes internacionales concesionados antes de destinar recursos para obras en Juárez, a menos de que garantice que tiene viabilidad financiera para hacer ambas cosas de manera simultánea.
Así lo indica el propio documento del que Norte Digital obtuvo una copia, y que establece un orden de prelación o de prioridad que debe ser respetado por el Gobierno estatal.
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