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Atorado en la Función Pública caso Yesenia

A más de un año de iniciado un procedimiento administrativo contra el Hospital General de Chihuahua, no hay sanciones; tampoco las hubo en el Hospital de la Mujer de Juárez

Por Carlos Omar Barranco | 1:26 pm 8 mayo, 2019

El procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de quienes atendieron a la joven juarense Yesenia Pineda Tafoya, desde el 5 de mayo de 2015 hasta el día que falleció -14 de marzo de 2016-, se encuentra atorado en la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Se trata de médicos y enfermeras del hospital general de Chihuahua Dr. Salvador Zubirán Anchondo, quienes intervinieron a la paciente después de ser trasladada desde uno de los mejores hospitales particulares de la frontera.

En este nosocomio privado -Centro Médico de Especialidades de Ciudad Juárez- le hicieron un diagnóstico oportuno de agranulocitosis, sugiriendo una ruta crítica pero viable para el tratamiento de la paciente.

Esa enfermedad tiene un 80 por ciento de mortalidad, de acuerdo con especialistas consultados en el reportaje “Yesenia Pineda, Justicia Negada”, que Norte Digital publicó el 16 de noviembre de 2018.

(1995-2016) Yesenia Pineda Justicia Negada

La especialista del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) Adriana Arisbe Albarrán Onorato, en un documento enviado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) desde el 21 de junio de 2017, afirmó que la causa de la agranulocitosis fue el suministro indiscriminado de un medicamento llamado metamizol o dipirona.

Lo grave de ello es que dicho medicamento tenía una alerta de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) desde el año 2010.

“Por 21 días, y cada vez que ingresaba al hospital, le suministraron metamizol. Hay muchos estudios médicos que advierten que el uso crónico del metamizol causa agranulocitosis y a Yesenia nunca antes del parto se le había diagnosticado agranulocitosis”, afirmó Albarrán en el ya referido trabajo de investigación de Norte Digital.

Protege la Secretaría de Salud a implicados en caso Yesenia

Pero el hospital estatal optó por el regateo y la mediocridad, no solo por limitar las medicinas a la paciente por los escasos recursos de su familia, sino por los desatinos cometidos durante más de un año de hospitalizaciones.

El procedimiento de la SFP fue iniciado en marzo de 2018 bajo el número de expediente 021/2018, y a más de un año de distancia sus resultados no han sido revelados.

El 14 de febrero de 2019 la SFP dijo, a través de su oficina de prensa, que ya tenían identificados a los responsables, pero no estaban en condiciones de informar quiénes eran y qué tipo de sanción recibirían.

El 30 de abril pasado la misma oficina envió -a solicitud del reportero- un reporte en el que refería que las sanciones no habían sido aplicadas debido a que no habían quedado “firmes”, lo que en derecho significa que las partes señaladas pudieron haberlas combatido por la vía legal.

“Hay un procedimiento de responsabilidad administrativa que se inició en el 2018, respecto al caso de Yesenia Pineda Tafoya, en el cual a la fecha se emitió resolución sin que al momento haya causado estado (quedado firme)”, indicó el despacho.

En ese sentido refirió que el procedimiento “continua en proceso” conforme a la normatividad aplicable en materia de responsabilidades administrativas.

“Cuando este concluya de manera definitiva habrá posibilidad de proporcionar mayor información al respecto”, asentó.

Para más impunidad, la Fiscalía Zona Norte no encontró presuntos delitos en lo que “investigó” del Hospital de la Mujer de Juárez, y decidió llevarse la carpeta a la Fiscalía Zona Centro para revisar lo que ocurrió en el hospital general ubicado en la capital.

Esa revisión ya rebasó los seis meses y a la fecha no se ha dado a conocer ningún avance.

Considerando que la denuncia por negligencia fue interpuesta por la misma Yesenia el 15 de enero de 2016, dos meses antes de morir, esa investigación ya tiene abierta más de tres años, sin ningún resultado que resarza el daño a la víctima.

La recién nombrada titular de la Secretaría de la Función Pública, Mónica Vargas, todavía no está en posibilidades de informar sobre el caso, debido a que su nombramiento aún no es ratificado por el Congreso del Estado.

La anterior titular Stefany Olmos, quien renunció al cargo el 15 de marzo pasado, tampoco informó de algún resultado.

Consultados para esta nota ni el fiscal general César Peniche ni la comisionada de Atención a Víctimas Irma Villanueva, ambos funcionarios en el Gobierno del Estado, estuvieron disponibles para informar sobre el tema.

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