La International Bar Association (IBA) señaló que la repetición de comentarios negativos contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por parte del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afecta la independencia judicial.
Mediante un comunicado la IBA mencionó que «el 18 de abril, la Suprema Corte de Justicia de México determinó que la reforma promovida por el presidente López Obrador de transferir el control de la Guardia Nacional dirigida por civiles a la Defensa Nacional era inconstitucional.
En un comentario sobre la decisión judicial pronunciado al día siguiente, el presidente López Obrador atacó a la Suprema Corte del país y afirmó que los ocho (de los 11) jueces que habían derogado la legislación actuaron «de forma facciosa, siguiendo criterios no legales sino políticos, defendiendo las viejas prácticas del régimen autoritario y corrupto».
Abundó que estas acusaciones se encuadran en un contexto más amplio de críticas del presidente López Obrador sobre la integridad del poder judicial, apuntando especialmente a la Suprema Corte del país.
Asimismo, las reformas propuestas detenidas por la Suprema Corte también son causa de inquietud para la IBA.
“Parecen avanzar en dirección de desmantelar algunos de los controles que son clave para garantizar que el ejecutivo no actúe fuera de sus límites constitucionales. La reforma que se intentó promulgar sobre el INE, una de las instituciones más respetadas del país, reduciría su presupuesto de tal forma que debilitaría significativamente su capacidad de organizar y supervisar las elecciones. De esta forma, se limitaría la autoridad de supervisión del Instituto”.
Señala que la mayor autoridad que el presidente López Obrador pretende otorgar al Ejército es igualmente una problemática.
“Presenta el riesgo de crear distorsiones en los límites entre la esfera civil y militar al evitar los controles estándar sobre las nuevas actividades a desarrollar por el ejército. Estas reformas, de ser aprobadas, sumadas a otras maniobras paracentralizar el poder y militarizar el país, determinarían una caída de la democracia en México”.
Se menciona que estas declaraciones ofensivas del presidente López Obrador contra la Suprema Corte adquieren una mayor importancia, ya que debilitan la confianza pública en el poder judicial constituyendo un agravio al estado de derecho, y afectanso la democracia de México.
“Constituyen una violación de los principios y normas del derecho internacional. El Principio 1 de los Principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura establece claramente que “es el deber de todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetar y observar la independencia de la judicatura” a fin de “decidir los casos que se les presenten […] de acuerdo con los hechos y conforme a la ley, sin ninguna restricción, influencia inapropiada, incentivos, presiones, amenazas ni interferencias, directas o indirectas, de ningún sector ni por ningún motivo”.
El Artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana establece que los «elementos esenciales de la democracia representativa incluyen, entre otros, el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho, […] y la separación de poderes y la independencia de las ramas del gobierno”.
Sobre el mismo concepto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha aclarado en varios casos que “uno de los objetivos principales de la separación de los poderes públicos es garantizar la independencia de los jueces”.
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