Luego de una jornada de 14 horas, el juez de control Humberto Chávez Allende vinculó a proceso por los delitos de peculado y asociación delictuosa en calidad de agravado al exgobernador César Duarte Jáquez.
Luego de dar lectura durante casi tres horas a sus conclusiones acerca de los alegatos de la defensa, el juzgador consideró que había elementos suficientes en contra del político.
Según la causa penal 3041/2019 que se abrió contra quien fuera gobernador de Chihuahua, este habría desviado 96.6 millones de pesos del erario.
Lo hizo mediante operaciones concertadas con más de tres funcionarios de su administración, lo cual dio sustento a la causa de Delincuencia Organizada.
Asimismo, el juez encontró elementos suficientes para considerar que hubo peculado, toda vez que los desvíos se destinaron a las organizaciones Unión Ganadera División del Norte y Financiera División del Norte, ambas, controladas por Duarte Jáquez.
El ex mandatario, quien alguna vez aspirara a integrarse al gabinete del presidente Enrique Peña Nieto y a dirigir al PRI nacional, ahora pasará un año, en calidad de prisión preventiva, en el CERESO No. 1 de Chihuahua.
Culpar a otros, la estrategia de la defensa de Duarte
Durante la larga jornada, donde la defensa trató de acreditar a exfuncionarios los hechos delictivos que se le atribuyen al exmandatario, el juez desestimó esos alegatos.
En una extensa respuesta a los argumentos presentados por la defensa, el juzgador consideró que había elementos suficientes para acreditar los hechos delictivos al imputado.
El Ministerio Público había presentado testimoniales, la mayoría de testigos protegidos.
Entre estas, predominaban las que señalaban que el funcionario Carlos Hermosillo los presionaba para que liberaran recursos para ser depositados en dos organizaciones controladas por el gobernador.
Estas eran la Unión Ganadera Regional División del Norte, de la que el exgobernador era directivo, y la Financiera División del Norte, donde el mandatario tenía más del 90 por ciento de las acciones.
Durante la audiencia de vinculación a proceso, la defensa argumentó que en ningún momento se probó que el entonces gobernador hubiera ordenado esos desvíos.
Incluso, sugirió que, en dado caso, el testimonio era una confesión de culpabilidad de los testigos protegidos, varios de los cuales eran funcionarios estatales al momento de realizar los depósitos.
El Ministerio Público insistió en que los testigos, algunos, exfuncionarios de las Secretarías de Hacienda y de Desarrollo Rural eran subordinados del exmandatario.
Pruebas confirmadas
Señaló el MP que varios de los datos aportados por testigos de cargo fueron debidamente confirmados y presentados como elementos de prueba.
Entre ellos, la declaratoria de un empleado de la Unión Ganadera División del Norte; este confirmó que nunca se envió ganado a la edición 2015 de la Feria de San Marcos.
Esto, a pesar de que se depositaron recursos públicos, supuestamente, para financiar la participación de ganaderos chihuahuenses en esa exposición.
Los recursos sustraídos del erario se usaron para fines distintos, aseguró el MP.
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