Así se vivió la audiencia que salvó a Garduño de su proceso penal por el incendio en Migración

Para fines legales, el protagonista de esta historia, y que ha provocado que la sala 1 del Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez, es identificado como Francisco Garduño, quien funge como comisionado del Instituto Nacional de Migración.

La audiencia de este viernes fue tan relevante que no solo ha provocó que la sala estuviera llena de público y medios de comunicación, sino también, de decenas de personas que se conectaron por medio de videollamada.

Entre ellas se incluyeron sobrevivientes del incendio sucedido en la estación migratoria Lerdo, el pasado 27 de marzo de 2023, así como madres y esposas de alguna de esas 40 personas que dieron su último suspiro en esta frontera.

Ayer, todos se reunieron porque la defensa del comisionado, vinculado a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público doloso y en modalidad de omisión, interpusieron por tercera vez el recurso de suspensión condicional a proceso.

Este recurso judicial, es un método de solución alterna al juicio oral, en el que el presunto responsable admite su responsabilidad y se compromete a reparar el daño a las víctimas afectadas.

Las veces que había intentado esta solución alterna, fueron rechazadas por el juez de Control Víctor Manlio Hernández Calderón, por contradicciones en su propia defensa legal, que había promovido distintos recursos de amparo en contra de la vinculación a proceso, mientras pedía la suspensión condicional; una contradicción evidente dentro del derecho penal.

Antes de comenzar su exposición, la asesoría particular de las víctimas pidió que se declarara improcedente la celebración de la audiencia, debido a que habían promovido al menos tres recursos de amparo que están en revisión; el principal, uno que suspendió el plazo de investigación complementaria de la Fiscalía General de la República y que permitía a la defensa aportar más datos de prueba.

Agregó que su cliente no habían tenido una defensa adecuada al inicio del proceso y que no se habían hecho los dictámenes necesarios para garantizar un acceso de justicia y una reparación adecuada del daño a las víctimas.

El Juez desechó el recurso porque, si bien se trataba del mismo asunto, son paralelos e independientes. En todo caso, si la defensa resolvía en su favor los amparos, el proceso penal contra el comisionado sería regresado a la etapa de origen.

El plan de reparación de daño

La defensa de Francisco G. empezó afirmando que su representado cumplía con los requisitos y criterios de procedencia y oportunidad, por lo que estaba fundamentada la solicitud al juez que conoce la causa penal.

Aseguraron que el comisionado, desde que se enteró de los hechos, ordenó a personal del INM que ayudará a las víctimas y sus familias en todo lo que fuera posible, desde la realización de convenios con hospitales para el tratamiento médico de las víctimas, así como el pago del traslado de los familiares de las víctimas y la repatriación de los cuerpos a sus países de origen de los fallecidos.

Con apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que según la defensa, revisó de manera individual cada caso, determinó los siguientes montos de indemnización para las víctimas:

Familiares de los fallecidos (39 de los 40)

• Daño moral: 2 millones 500 mil pesos

• Lucro cesante: 500 mil pesos

• Pérdida de oportunidades: 500 mil pesos

*Una de las víctimas, recibió 4 millones de pesos, por violaciones en su debido proceso.

Acerca de los lesionados, se comentó que, por la gravedad de las lesiones, fueron dividos en tres bloques, de los que sufrieron menos afecciones, a los que presentaron más.

En todos los casos, se advirtió que comparten padecimientos como quemaduras, intoxicación por exposición al monóxido de carbono, afecciones renales, entre otras.

En el primer bloque se enlistó a 18 de los sobrevivientes, a los que se les autorizó una indemnización con los siguientes conceptos:

Bloque I, lesionados (18 de 27)

• Daño moral: 2 millones 500 mil pesos

• Lucro cesante: 250 mil pesos

• Rehabilitación y tratamiento: 306 mil pesos

• Monto total: 3 millones 60 mil pesos

* A 2 de los lesionados no se les ha dado el dinero porque fueron imputados a proceso por ser presuntos responsables del incendio, aunque se reconoció su condición de víctimas e imputados

*Una víctima no ha podido ser localizada

En el bloque II, se encontraban 5 personas que además de los padecimientos mencionados, experimentaron quemaduras de tercer grado entre el 2 y el 3.5 por ciento de su cuerpo, a quienes se les otorgaron indemnizaciones entre los 3 millones 133 mil pesos y los 3 millones 626 mil pesos.

En el bloque III, compuesto de 4 víctimas, se clasifican personas que sufrieron quemaduras entre el 10 y 20 por ciento del total de su cuerpo, a los que se les entregaron montos de entre 4 millones 333 mil a 5 millones 833 mil pesos.

Además, acerca de los daños al inmueble donde sucedieron los hechos, la defensa mencionó que el comisionado realizó un pago de 468 mil pesos al INM, en diciembre de 2023, por el monto de la diferencia existente entre la póliza que cubría el inmueble, que llegaba al millón 400 mil pesos, y el peritaje elaborado por la Fiscalía General de la República.

Este es el único pago que el comisionado financió directamente de su bolsillo, los 240 millones de pesos empleados en la reparación del daño a las víctimas, estimación presentada por la defensa, salieron de las arcas públicas y el presupuesto del INM.

El acuerdo entre la defensa, FGR y la CEAV

En la exposición de alegatos, el Ministerio Público y la representación de la CEAV estuvieron de acuerdo con la propuesta presentada por la defensa, ya que consideraron que se reparaba el daño de manera integral.

Pese a que los abogados y algunas de las víctimas mostraron su postura en contra, la decisión final fue del Juez de Control, quien señaló que, al ordenar el pago a las víctimas, casi al 90 por ciento, se podría determinar que se hizo la reparación del daño.

Por lo que determinó que la suspensión se concedió con las siguientes condiciones: no cambiar de casa, indemnizar a las víctimas faltantes, realizar una disculpa pública, tomar cursos de actualización en derechos humanos y protección civil y visitar periódicamente cada 3 meses, los centros de detención para su supervisión.

El juez agregó que, en caso de que entre un nuevo comisionado al INM, se le debe instruir para que cumpla las indicaciones hechas durante esta jornada.

Francisco Garduño tendrá un plazo de 1 año y medio para cumplir las condiciones y finalmente dar por terminado el proceso penal que se sigue en su contra.

Cabizbajos y desanimados, la asesoría de víctimas acusó que la decisión es un mensaje negativo para la población, debido a que muestra cómo algunos funcionarios pueden evadir su responsabilidad empleando recursos públicos, pero aseguraron que seguirán peleando por los derechos de los migrantes.