Un posible caso de corrupción, influyentismo y abuso de poder quedó revelado al interior del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua (FPFCH) con documentos oficiales que prueban que la remoción del representante social del Comité Técnico del mismo, Manuel Sotelo Suárez, se hizo violentando el decreto que lo fundamenta.
La irregularidad involucra directamente al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) cuyo actual presidente Rogelio González Alcocer -y algunos de sus miembros- se prestaron para la maniobra ilegal, con el aparente propósito de acallar la única voz dentro del organismo que estaba pidiendo transparencia y señalando manejos irregulares.
El 20 de febrero de 2017 -hace poco más de tres años- el Comité Técnico del FPFCH designó al empresario transportista Manuel Sotelo Suárez como uno de los dos representantes de la sociedad civil que participarían con voz y voto en las decisiones del organismo.
Durante el tiempo que estuvo con la representación de la sociedad juarense, Sotelo demandó en sus participaciones que los recursos se manejaran de acuerdo a la ley; hasta que sus planteamientos molestaron a quienes dirigen los rumbos del Poder Ejecutivo en Chihuahua y optaron por armar una intriga para eliminarlo.
El golpe bajo se dio en la reunión virtual del Comité Técnico el pasado 3 de julio, donde el empresario fue informado en encuentro virtual que había sido sustituido.
Testimonios recabados por Norte Digital confirmaron que la decisión de quitarlo se tomó en el seno del CCE un día antes, el 2 de julio.
Esa inmediatez explica por qué Sotelo ya había recibido toda la documentación de la reunión e incluso la clave de Zoom para ingresar a la misma.
Expulsión que huele a censura
Minutos antes de arrancar la junta el 3 de julio, el secretario técnico del Comité Federico Basauri Ochoa –director de Relaciones Interinstitucionales de la Coordinación de Gabinete del gobernador Javier Corral Jurado- le dio la “noticia”.
Había sido reemplazado por el actual presidente del CCE Rogelio González Alcocer y ya no podía estar presente.
El propio Sotelo corroboró que lo habían dejado sin acceso al compartir con Norte Digital el aviso que le apareció en pantalla cuando quizo volver a entrar.
“Usted no puede volver a unirse a esta reunión porque fue eliminado previamente por el anfitrión”, decía la notificación electrónica.
Fideicomiso a merced del CCE
Cuando el 15 de julio Norte Digital preguntó al director del Fideicomiso Sergio Madero Villanueva la razón del reemplazo, éste contestó que la decisión se había tomado en el Consejo Coordinador Empresarial, admitiendo tácitamente que el organismo privado estaba interviniendo en asuntos de una dependencia pública, sin ninguna facultad para ello.
Norte Digital buscó documentos que avalaran la intervención del CCE -reconocida por Madero- pero lo único que se pudo corroborar es que la intromisión no tuvo fundamento en ninguna ley, como corresponde a todos los actos de los entes públicos.
El 22 de julio en una entrevista realizada a través de WhatsApp, el propio Rogelio González Alcocer, presidente en turno del CCE y ahora designado como nuevo representante de la sociedad civil, insistió que el reemplazo había sido legal.
Lo atribuyó a una decisión del organismo empresarial e incluso hizo referencia a que Sotelo ya tenía 5 años con el nombramiento, lo cual -además- resultó un dato falso pues la designación del transportista se hizo el 20 de febrero de 2017, hace poco más de tres años.
González Alcocer aseguró que el lugar que se le quitó a Sotelo está asignado al Consejo Coordinador Empresarial, pero los documentos que dan sustento al Fideicomiso 2243, desde el decreto hasta el Título de Concesión, no dicen eso.
Sociedad civil ultrajada
De acuerdo al inciso “j” de la cláusula séptima del Contrato del Fideicomiso, que detalla quiénes integran el Comité Técnico, deben darse dos lugares a representantes de la sociedad civil, como lo ordena la Ley de Instituciones de Crédito y el propio Decreto del Fideicomiso 2243.
Ni en el contrato, ni en el decreto, ni en ningún otro documento que de fundamento al FPFCH se le otorga ninguna posición al CCE dentro del Comité Técnico.
Incluso en el acta del 20 de febrero de 2017 donde el Comité Técnico le dio a Manuel Sotelo Suárez el nombramiento de Representante de la Sociedad Civil, se aclaró que la representación era a título personal, por una trayectoria honorable de 30 años de representar causas a favor de Ciudad Juárez, según lo expuso el entonces director del FPFCH Gustavo Elizondo Aguilar.
En el acta se puede leer:
“En el desahogo del quinto punto del orden del día, el presidente (Ramón Galindo Noriega) concede el uso de la palabra al ingeniero Gustavo Elizondo Aguilar (director del FPFCH), quien propone para sustituir al señor Eduardo Antonio Fernández Domínguez, como representante propietario de la sociedad civil ante el comité técnico, al señor Manuel Sotelo Suárez”.
Enseguida Elizondo describe a Sotelo como una persona “que conoce desde hace más de treinta años, empresario con trayectoria honorable en la comunidad, quien ha participado en proyectos de gran interés y beneficio para la sociedad juarense, por lo que considera que su participación sería muy valiosa en este comité técnico”.
La propia secretaria de Innovación y Desarrollo Económico Alejandra De la Vega Arizpe, citada en el mismo documento, preguntó si la representación de Sotelo era a título personal o institucional ya que se conocía que participaba en el Consejo Coordinador Empresarial.
El entonces presidente del Fideicomiso Ramón Galindo Noriega le contestó que era a título personal.
“El presidente aclara que dicha posición debe ser ocupada a título personal, agregando que obran las acreditaciones de la persona mencionada la integración de la carpeta de documentos previamente enviada a todos los miembros del comité”, refiere el texto sobre lo dicho por Galindo.
Duda razonable
Sotelo fue electo como representante de la sociedad civil por votación unánime de todos los miembros del Comité Técnico.
Lo anterior lleva a plantear un cuestionamiento simple ¿Si fue ese órgano colegiado el que lo nombró, por qué ahora tanto los funcionarios como los empresarios implicados le dieron esa facultad al Consejo Coordinador Empresarial?
Lo que prueba la investigación documentada de Norte Digital es que las afirmaciones tanto del director del Fideicomiso Sergio Madero Villanueva como del presidente del Consejo Coordinador Empresarial Rogelio González Alcocer están basadas en falsedades.
Si se revisan las declaraciones públicas y las gestiones que Manuel Sotelo venía realizando desde inicios del año pasado señalando posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos del Fideicomiso, todo apunta a que la intención de quitarlo fue callar una voz crítica.
Del contenido de esas gestiones se darán detalles en la siguiente entrega de esta serie.
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