Entre enero de 2017 y junio de 2020 asesinaron a cinco activistas defensores de comunidades indígenas o desplazados en el estado de Chihuahua; tres de ellos en un mismo municipio de la Sierra, Guadalupe y Calvo.
Isidro Baldenegro, el 15 de enero de 2017; Juan Ontiveros, dos semanas después, el 31 de enero del mismo año; Julián Carrillo, el 24 de octubre de 2018.
Estos tres primeros homicidios ocurrieron en Guadalupe y Calvo, municipio localizado en la zona limítrofe entre Chihuahua, Durango y Sinaloa.
El 13 de octubre de 2019 mataron a Cruz Soto Caraveo en la ciudad de Chihuahua y el 6 de junio de 2020 asesinaron en Bocoyna al activista Antonio Montes Enríquez.
Isidro Baldenegro 
Antonio Montes 
Juan Ontiveros 
Julián Carrillo 
Cruz Soto Caraveo
En todos los casos -salvo el último, que fue por rencillas personales- las autoridades detuvieron a los pistoleros que los privaron de la vida.
Solo en tres se han logrado ya sentencias condenatorias, la última en contra del homicida de Juan Ontiveros la semana pasada.
Sin embargo, en ninguno de los homicidios se informó que se lograra identificar y desarticular a los grupos criminales que estuvieron detrás de las ejecuciones.
Hay detenidos y sentencias, pero los autores intelectuales siguen impunes.
Acoso a comunidades indígenas, un problema sin resolver
El acoso contra los defensores de la tierra, el bosque y las comunidades indígenas es un problema de décadas, consideran organizaciones sociales como Alianza Sierra Madre (Asmac).
En los gobiernos de Francisco Barrio, Patricio Martínez, Reyes Baeza y César Duarte los grupos del narco se empoderaron.
Durante esos años las comunidades indígenas sufrieron persecución y desplazamiento debido a la impunidad con que actuaban los opresores.
Localidades enteras sufrieron incursiones violentas de bandas del crimen organizado que operan en esas lejanías sin que las autoridades las puedan replegar.
Con la llegada del Gobierno actual hubo desde el inicio un reconocimiento del problema; sin embargo, el acoso de los grupos criminales no se detuvo.
Las balaceras, enfrentamientos y asesinatos no pararon.
Asesinatos de activistas indígenas arrebatan la paz y seguridad de sus familias y comunidades: Asmac
De acuerdo con Asmac, la expresión más violenta del acoso de los grupos criminales fue el asesinato de al menos tres activistas apenas en el primer año de la administración que está punto de concluir; uno más fue privado de la vida en octubre de 2019.
“El costo más alto que hemos sufrido no tiene que ver con lo económico, sino con los asesinatos de los defensores rarámuri: Isidro Baldenegro, Juan Ontiveros y Julián Carrillo”, expresó la asociación en un posicionamiento público el pasado enero.
“Durante su lucha les arrebataron no solo sus vidas, sino también la paz y seguridad a sus seres amados y a sus comunidades”, asentó.
Los asesinatos de activistas indígenas son hechos que “impactan mucho a la sociedad. Desaniman muchísimo a las comunidades, sobre todo a las comunidades indígenas, en donde la gente se siente desprotegida”, afirmó el gobernador Javier Corral el 9 de julio del año pasado.
De acuerdo con el fiscal César Peniche, el problema para investigar los grupos que propician la violencia en la Sierra es la distancia, lejanía y configuración del terreno de esa región donde además no hay tecnología instalada de telecomunicaciones.
Todos esos factores los aprovechan los criminales para ejercer su dominio.
Es por eso que -dijo Peniche- existe una gran complejidad para resolver los casos.
“Aquellos casos que ocurrían en esas zonas, difícilmente se llegaban a solucionar y en estos cinco hechos que vinculan a personas emblemáticas, que fueron líderes en sus comunidades, en todos hay órdenes de aprehensión libradas, personas detenidas e incluso, empiezan a darse las primeras sentencias condenatorias”, resaltó.
Sentencia a homicida de Juan Ontiveros, la más reciente
La última sentencia se dictó hace unos días contra Rosalío Joel M. P., por el homicidio de Juan Ontiveros.
A Juan lo capturaron en un camino rural de Coyachi, comisaría de Pino Gordo, en el Municipio de Guadalupe y Calvo; lo asesinaron en Napuchi.
Rosalío Joel recibió una sentencia de 14 años y cuatro meses de prisión.
También deberá pagar una sanción económica de 381 mil 979 pesos y ofrecer una disculpa pública en la lengua indígena de las víctimas indirectas.
El de Juan es el tercer caso de activista indígena asesinado que culmina en sentencia.
Al asesino de Julián Carrillo (José Feliciano Q. M.) le impusieron 74 años y al homicida de Isidro Baldenegro (Romeo Rubio Martínez) lo condenaron a 11 años.
Antes de estos tres fallos la última sentencia que se tenía registrada data del año 1973, de acuerdo con los registros de la Fiscalía General del Estado.
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