Tras catalogar como atinada la estrategia federal sobre armas, de querellarse contra empresas fabricantes y vendedoras, el fiscal general César Peniche Espejel reconoció que en lo local no se pudo avanzar debido a la conclusión de la presente administración.
Sin embargo, en agosto del año 2019, el gobernador Javier Corral, en una declaración vía Twiteer afirmó: “Hemos decidido interponer una denuncia en EU contra las tiendas que venden armas de alto poder; como las que causan víctimas en nuestro Estado y con la que le quitaron la vida a nuestros paisanos en El Paso”.
Añadió en esa oportunidad que el caso será llevado por un despacho estadounidense, bajo las leyes del vecino país.
Peniche Espejel dijo que la demanda ha sido un proyecto «que quedó en trámite, lamantablmente por la conclusión de la administración. Y esperando información que se había solicitado en relación al rastreo de las armas que se habían utilizado y que se habían asegurado en hechos delictivos».
El funcionario vio necesario el mecanismo judicial implementado por el Gobierno de México, debido a los altos «costos que ha significado para el gobierno del Estado de Chihuahua la persecución de los delitos relacionados con las armas».
«Especialmente pues, los daños ocasionados a las víctimas y que han tenido que ser asumidos por el sistema hospitalario del estado. Y desde luego, los daños ocasionados a las familias», declaró.
Aseguran aquí más de 4 mil armas
El fiscal general dijo que actualmente todo el armamento asegurado en algún hecho violento en territorio Chihuahuense ‘durante los últimos años’, unas 4 unidades, provenían de EU. Y que entre un 70 y 80 por ciento de ese armamento en circulación en el país ingresó por la frontera con Estados Unidos.
«Ahora que lo ejercita la autoridad federal, nosotros acompañamos esa determinación», dijo.
Para el fiscal, la sanción a estas empresas representaría un beneficio en la reducción del tráfico de armamento a México y también en la violencia.
Dijo que a las empresas y fabricantes no les importa el resultado que trae aparejado el negocio del armamento, que son muertes y violencia. «Lo que pedimos es que estas empresas asuman su responsabilidad social», agregó.
Pistolas y fusiles, lo que más se ingresa
En la frontera de Chihuahua se registra mayormente el ingreso de pistolas, fusiles, rifles, escopetas, revólveres y carabinas.
De acuerdo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se decomisó una cantidad grande de armamento, 173 mil 415 unidades, entre 2006 y agosto de 2020.
La Agencia Proceso informó que 70 por ciento de esos aseguramientos ocurrió entre 2008 y 2012. Esto, durante la llamada “guerra a las drogas” declarada por el entonces presidente Calderón.
De 2013 en adelante, el número de aseguramientos cayó, sin lograr por año ni siquiera 10 mil, de acuerdo a bases de datos proporcionadas por la Sedena.
Seis de cada 10 armas de fuego se decomisaron en Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa, Guerrero y Chihuahua.
La Cancillería dio a conocer que el armamento que más se recuperan proviene de las empresas Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, Glock y Ruger. También Barrett, cuyo rifle de francotirador de calibre .50 es un arma de guerra que usan los cárteles de la droga.
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