De acuerdo con información del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua, de las ocho funerarias señaladas por entregar 386 cuerpos en el inmueble de la colonia Granjas Polo Gamboa, donde funcionaba el crematorio Plenitud, solo cuatro propietarios de esos negocios fueron requeridos por autoridades judiciales para responder por los hechos.
Como parte de la causa penal 820/26, que se lleva en contra de María Manuela S. M., dueña de la funeraria Luz Divina, desde el pasado 17 de abril se han llevado a cabo tres audiencias en las que la jueza de Control ha sancionado cerca de 14 acuerdos reparatorios entre diversas víctimas y la imputada.
En dichos trámites, que se llevaron ante el Instituto de Justicia Alternativa, las víctimas aceptaron la reparación del daño que, dependiendo el caso, varía entre los 5 mil pesos y 44 mil pesos a cambio de otorgar el perdón a la imputada, acusada de fraude contra 20 personas.
Durante la más reciente audiencia, del 17 de junio, la defensa de la imputada informó que, por el momento, han alcanzado acuerdos reparatorios con 14 de las víctimas, de las cuales 11 recibieron el pago correspondiente, por lo que han retirado los cargos penales.
No obstante, asesores jurídicos de las víctimas en esta causa penal aseguraron que al menos tres deudos no aceptarán ningún acuerdo y que esperan a que se lleve a cabo la audiencia de formulación de imputación.
Sin embargo, debido a que la dueña de la funeraria informó, mediante sus abogados, que estaba enferma, la audiencia se reprogramó para el próximo 19 de agosto.
También se dio a conocer que el pasado 21 de mayo, Hernán A., propietario de la funeraria Milagros, compareció a la audiencia inicial en su contra por el delito de fraude (causa penal 312/26).
Aunque no se reveló la cantidad de víctimas, se ordenó que fueran remitidas al Instituto de Justicia Alternativa, en búsqueda de que se llegue a algún acuerdo reparatorio.
En el mismo sentido, el TSJ indicó que tres víctimas que acusaban a Luis Humberto R. P., propietario de la funeraria Monte los Olivos, por el delito de fraude (causa penal 626/26), otorgaron el perdón, por lo que quedó sin efecto la causa penal en su contra.
Por último, informó que el pasado 9 de junio, se llevó a cabo la audiencia inicial en contra de Karen Adela R. R., propietaria de la funeraria Camino al Cielo, a quien se le acusó por el delito de fraude en contra de siete personas, cuyos familiares estaban entre los 386 cuerpos hallados en el crematorio.
En la audiencia, por la causa penal 681/26, seis víctimas acordaron una reparación económica por los daños provocados, mientras que la persona restante no pudo ser localizada.
Trascendió que el próximo 6 de julio, la imputada tendrá que presentarse nuevamente ante un juez para presentar recibos de pago con los que acredite el cumplimiento de los acuerdos reparatorios.
– Representante de funeraria Latino Americana comparecerá el próximo 4 de agosto
Información compartida por la asesoría jurídica del colectivo Justicia para Nuestros Deudos, el próximo 4 de agosto, al mediodía, comparecerá Carlos Javier M. S., quien es el representante legal de la funeraria Latino Americana.
Desde que se hizo el hallazgo de los cientos de cuerpos al interior del crematorio, deudos de personas halladas en el crematorio, principalmente del colectivo Justicia para Nuestros Deudos, han señalado este negocio como uno de los principales responsables de llevar cuerpos a ese lugar.
Por el momento, la asesoría legal informó que se desconoce el número total de víctimas de este caso.
La audiencia inicial en contra de la funeraria ocurre meses después de que una familia presentara una demanda ante el Juzgado Séptimo Civil en el que acusa a la funeraria por daño moral.
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