De proceder la demanda de amparo interpuesta en contra del resultado de la elección interna de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) de Ciudad Juárez, se tendría que nombrar en un breve lapso a un presidente interino.
Esto según lo expuesto en la propia demanda, de la cual Norte Digital tiene una copia, donde se señala que “de suspenderse la ratificación de los nombramientos… la operación de la Mesa Directiva pasará por suplencia al primer vicepresidente electo en el ejercicio anterior… para fungir hasta 2023”.
Según asienta el texto, los puestos de la Mesa Directiva de la delegación correspondiente al periodo 2023-2024 quedarían “en manos de los vicepresidentes de la antigua Mesa Directiva hasta en tanto se resuelva el presente juicio”. E indica que “de resolverse de manera favorable… se declararía la inconstitucionalidad o ilegalidad de la restricción… impuesta para participar y ser candidata a presidenta, lo que acarrearía la celebración de una nueva votación para la conformación de la Mesa Directiva”.
La demanda de amparo fue presentada el 21 de febrero de 2023, por Claudia Ivonne García Maldonado, excandidata a la presidencia de la Canacintra local.
El objetivo principal es obtener la anulación de los resultados que arrojó el proceso de elección celebrado el pasado 15 de febrero. La demanda detalla una serie de factores que a decir de la misma, representan irregularidades que justifican la solicitud de no ratificación de los nuevos nombramientos.
Asimismo plantea que Jesús Manuel Salayandía, siendo presidente de Canacintra Juárez, llevó a cabo abiertos actos de proselitismo en favor de la contendiente ganadora, Isela Molina. Esto en diferentes situaciones que incluyen llamadas telefónicas y una reunión de consejeros celebrada en el restaurante Ardeo días antes de la elección.
Según consta en la demanda, en dicha reunión –de acuerdo a testigos presentes, indica– Salayandía les expresó que él ya tenía una candidata que era Isela Molina. Lo anterior contraviniendo los ordenamientos de Canacintra que exigen una postura imparcial y sujeta a sanciones en caso de incumplirse.
A decir de García Maldonado, Salayandía incurrió además en actos de misoginia y discriminación en contra de su persona, calificándola como “la mujer del parche” o “la parchada”, en conversaciones sostenidas con socios y socias de la cámara. E indica que de esto también cuenta con testigos.
El recurso legal también busca hacer efectivo el requerimiento de la Secretaría de Economía federal lanzado a Cámaras Empresariales y Confederaciones a través de la Concamín, a actualizar sus estatutos conforme a la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones (LCEC) y su Reglamento.
De acuerdo a la denunciante, la Canacintra de Ciudad Juárez no ha procedido a cumplir con este requerimiento, lo que ha mantenido una base estatutaria omisa en todo lo referente a la paridad de género y la erradicación de la discriminación.
Esto ha permitido –asegura en su demanda– la existencia de requisitos arbitrarios para poder acceder a postularse como presidente de una delegación; incluso cláusulas que restringen los derechos de un afiliado por no pagar sus cuotas en tiempo, lo cual representa –dice– una inconstitucionalidad. Por ello solicita que, posterior a la anulación del proceso y previo al llamado a nuevas elecciones, se ordene el cumplimiento del requerimiento para actualizar la base estatutaria.
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