La organización Amnistía Internacional (AI) exigió que el Estado Mexicano inicie de inmediato una investigación independiente, integral y transparente para identificar los restos encontrados y entregarlos a sus familias con el respeto y la dignidad que merecen
En un comunicado, AI expresó su profunda consternación tras el hallazgo de fosas clandestinas y hornos crematorios en Teuchitlán, Jalisco, y en Reynosa, Tamaulipas, los días 5 y 11 de marzo, respectivamente.
Estos descubrimientos, realizados por colectivos de búsqueda de ambos estados, “han puesto en evidencia la magnitud de la crisis de desapariciones forzadas en México”, señala el documento.
Dicha situación deja en evidencia la urgente necesidad de que el Estado actúe con diligencia para garantizar justicia y reparación a las víctimas y sus familias.
Asimismo, subrayó la obligación de brindar medidas de protección a las personas buscadoras, quienes enfrentan riesgos significativos por su labor.
“Ante esta tragedia, instamos al Estado mexicano a esclarecer los hechos y a disponer de los recursos necesarios para ello”, señala.
Además, pide que se le dé un trato digno a las familias de las víctimas.
El énfasis se debe poner en el trato adecuado a las personas que, tras las imágenes difundidas del hallazgo, han advertido que reconocen prendas que portaban sus familiares desaparecidos”, declaró Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
El Estado ausente y la labor de las buscadoras
Olivares Ferreto destacó que el Estado mexicano ha sido “el gran ausente” en la lucha contra las desapariciones forzadas, lo que ha llevado a la formación de colectivos de búsqueda, integrados principalmente por mujeres, que han localizado cientos de cuerpos de personas desaparecidas.
“Su trabajo ha generado confianza, por lo que personas con familiares desaparecidos acuden a ellas en lugar de acercarse a las autoridades”, señaló.
La directora de Amnistía Internacional hizo un llamado al Estado para que reconozca a las personas buscadoras como defensoras de derechos humanos y les brinde las garantías necesarias para continuar con su labor.
“El Estado no puede eludir su obligación de protegerlas y debe proporcionarles las condiciones para que sigan buscando sin miedo”, agregó.
Un fenómeno continuo y creciente
El hallazgo de las fosas clandestinas y los hornos crematorios en Jalisco y Tamaulipas ocurre en un contexto de impunidad casi absoluta, lo que genera una sensación de permisibilidad y revictimiza a las familias de las víctimas.
Amnistía Internacional subrayó que es fundamental que estos hechos se investiguen de manera efectiva, incluyendo la hipótesis de desaparición forzada, ya que es improbable que estos sitios operaran sin el apoyo o la aquiescencia de autoridades.
La desaparición de personas en México es un fenómeno continuo y creciente. Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, entre el 1 de enero de 1950 y el 10 de marzo de 2025, se han reportado 122 mil 821 personas desaparecidas. Jalisco, el estado donde se encontró el campo de exterminio en el predio de Izaguirre, ocupa el primer lugar con 15 mil 013 casos, seguido por el Estado de México (13 mil 625) y Tamaulipas (13 mil 307).
Crisis histórica y militarización
El Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada señaló en un informe de 2021 que las desapariciones en México registraron un crecimiento exponencial entre 2006 y 2021, coincidiendo con la decisión del entonces presidente Felipe Calderón de desplegar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
Este proceso se institucionalizó en septiembre de 2024, durante el último mes del sexenio pasado.
Amnistía Internacional ha denunciado que la militarización de la seguridad pública en México contraviene sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha contribuido a agravar la crisis de derechos humanos en el país.
Un llamado a la acción
La organización también hizo un llamado a evitar la difusión de rumores que estigmaticen a las personas desaparecidas, enfatizando que todas merecen respeto y dignidad.
Además, recordó que las desapariciones en México afectan a diversos grupos, incluyendo mujeres, niñas, niños, personas indígenas, migrantes, periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de la comunidad LGBT+.
Amnistía Internacional ha documentado que las mujeres buscadoras en México enfrentan un alto riesgo por su labor.
De 2011 a la fecha, 24 familiares de personas desaparecidas (14 de ellos mujeres) han sido asesinados. Para apoyar su trabajo, la organización ha lanzado una petición en su página web, invitando a la ciudadanía a sumarse para exigir que las autoridades protejan y reconozcan a las mujeres buscadoras, permitiéndoles #BuscarSinMiedo. Este hallazgo en Jalisco y Tamaulipas es un recordatorio sombrío de la urgencia de abordar la crisis de desapariciones en México con acciones concretas, transparencia y un compromiso genuino con los derechos humanos.
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