El magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), señaló la necesidad de que los poderes judiciales locales cuenten con recursos federales ante la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF), porque actualmente no están previstas partidas presupuestales para ello.
El magistrado Guerra Álvarez alertó que de no garantizarse, se incrementa la amenaza de colapso del sistema de impartición de justicia a nivel nacional.
En reunión de trabajo con integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de San Lázaro, diputados de todos los partidos expresaron su respaldo a las necesidades presupuestarias de los tribunales, y el presidente de la Comisión, Erasmo González Robledo, ofreció un diálogo continuo con la Conatrib para garantizar la correcta implementación del CNPCF.
A nombre de la Conatrib, su tesorero, Sergio Fontes Granados, entregó al diputado González Robledo una carpeta preliminar que contiene los requerimientos de cada uno de los poderes judiciales locales para la implementación del CNPCF, que se estima en un monto global de 56 mil millones de pesos para las 32 entidades en los próximos cuatro años.
En el encuentro, 25 titulares de poderes judiciales estatales respaldaron al magistrado Guerra y señalaron que, comparado con la implementación del sistema penal acusatorio para la relativa al CNPCF, las judicaturas locales tienen la mitad del tiempo- cuatro años-, con un requerimiento presupuestal que será del doble o el triple del que necesitaron para aquella.
El magistrado Guerra advirtió a los legisladores que el artículo transitorio sexto del CNPCF no prevé partidas presupuestales federales para la implementación del citado ordenamiento, y, en cambio, autoriza que sean los congresos locales los que se encarguen de la asignación de los recursos pertinentes.
“Esta disposición es violatoria del derecho humano de acceso a la justicia y la tutela efectiva, además de atentar contra la autonomía e independencia jurisdiccional, financiera y orgánica de los poderes judiciales, lesionando la división de poderes en nuestro sistema democrático, en virtud de que impide generar condiciones de igualdad y calidad en todos los tribunales del país para alcanzar con ello un mejor Estado constitucional de derecho”, señaló.
Guerra Álvarez expresó que la Conatrib quiere sensibilizar sobre la importancia de reformar los transitorios del CNPCF, así como la autorización de recursos federales y locales suficientes para implementar la aplicación del mismo.
El magistrado subrayó que con el nuevo código se desarrollará un sistema de impartición de justicia sustentado en audiencias, tanto para la primera como la segunda instancia, lo que precisa del aprovechamiento de tecnologías de la información con la que se garantice mayor acceso y calidad en el trámite de procedimientos jurisdiccionales.
El nuevo código
Abundó que un poder judicial sólido y fuerte debe contar con los recursos presupuestales, financieros y operativos que garanticen la solución pronta, expedita y digna del conflicto y la paz social para establecer condiciones dignas de igualdad y de calidad para prestar sus servicios de impartición de justicia.
Guerra Álvarez insistió que en el actual esquema previsto para la implementación, tampoco se garantiza que los poderes judiciales locales cuenten con los recursos financieros, humanos, de infraestructura y de capacitación, necesarios y suficientes porque aún con la naturaleza nacional del sistema de impartición de justicia civil y familiar, deja que sea local la decisión de cuántos recursos se destinarán para tal efecto.
Añadió que para aplicar el código se requerirá generar capacitación, modificar los sistemas de gestión de trabajo, de salas, de casos y audiencias, así como el desarrollo de trámites que aseguren mayor comunicación entre juzgadores y justiciables.
Durante la intervención de presidentes y presidentas de poderes judiciales locales, se enfatizó que para la implementación del sistema procesal penal acusatorio se les autorizaron partidas presupuestales especiales del 2011 al 2016.
También se mencionó la carga de trabajo de las judicaturas locales frente a la del Poder Judicial de la Federación, en proporción de 70 y 30% respectivamente, con un presupuesto anual para las primeras que no llega ni a la mitad de lo que se le asigna anualmente al segundo.
Esta implementación quedará en un «sueño o en una ilusión», se advirtió, si no se etiquetan los recursos federales necesarios en los ejercicios fiscales de aquí a la fecha de entrada en vigor del citado código, cuya vacatio legis es de cuatro años.
Durante la intervención de los legisladores, se señaló que “recursos sí hay y lo que hace falta es voluntad” para canalizarlos. Los diputados abrieron la posibilidad de gestionar encuentros con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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