Para el sacerdote Juan Carlos López Morales, vocero de la Diócesis de Ciudad Juárez, la instalación del “Centro de Atención a Repatriados” en los terrenos de El Punto, no es una forma digna de atender a los migrantes, pero afirmó que si es una solución temporal que el Gobierno de México puede adaptar para recibir a los cientos de migrantes mexicanos que se espera, sean deportados en los próximos días.
Señaló que la iglesia católica entiende que la colocación de estos albergues, a lo largo de la frontera, es una respuesta por parte del Gobierno federal, principal esfera de gobierno encargada de la situación migratoria, ante una “situación extraordinaria que podría presentarse en la frontera”.
Agregó que, así como las autoridades de gobierno se están preparando para la recepción de los deportados, la Conferencia del Episcopado Mexicano lanzó un comunicado a los albergues y demás centros de apoyo católicos que dan apoyo a personas en situación de movilidad, como la Casa del Migrante, a estar preparados para atender la potencial crisis migratoria que se avecina.
“Estoy seguro que un albergue temporal no es lo ideal, pero a lo mejor es lo único que está en las posibilidades durante este momento”, mencionó.
Respecto a sí las autoridades se habían acercado a brindar apoyo económico a los albergues, comentó que en administraciones estatales pasadas se les otorgaba un subsidio, pero que, en este momento, la mayoría de los albergues funcionaban gracias a las donaciones de particulares.
Resaltó que habrá un diálogo y colaboración con el Instituto Nacional de Migración y que mantendrán a la Casa del Migrante como el primer contacto del instituto para situaciones emergentes.
Sobre las repercusiones que tendrían las medidas implementadas por Donald Trump, anticipó que representan un grave riesgo de violaciones a los derechos humanos, entre las que se incluyen el derecho a la educación o la libertad de creencia, debido a que, en los Estados Unidos, se autorizaron redadas migratorias al interior de escuelas y templos religiosos.
“Nos damos cuenta que el sentimiento que muchos ciudadanos americanos existe, de racismo, vuelve a manifestarse públicamente y seguramente va haber denuncia de vecinos, reuniones religiosas y de la escuela, y van a ser violaciones de derechos”, concluyó.
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