A La Fiscalía General del Estado de Chihuahua anunció la oferta de una recompensa de hasta 5 millones de pesos a quienes ayuden a aprehender al CEO de Aras, Armando Gutiérrez Rosas.
El ofrecimiento se presenta ocho meses después de que surgiera el problema de los defraudados por Aras y de más de tres mil denuncias contra los directivos de ésta.
El estímulo se pagará a quien o quienes aporte información “veraz, eficaz, eficiente y útil que conduzca directamente” para la captura del prófugo.
Según la FGE, a Gutiérrez Rosas se le imputan los delitos de fraude y asociación delictuosa por hechos denunciados a partir del mes de noviembre de 2021.
Desde aquel entonces, las personas afectadas comenzaron a demandar el incumplimiento en el pago de rendimientos por parte de la inversora denominada Aras Business Group.
Apenas ayer, la FGE y la Secretaría General de Gobierno anunciaron que solicitaron la extradición del CEO de Aras.
Previamente se había dado a conocer la ficha roja emitida por la Interpol para facilitar su captura.
Estima FGE 4 mil 600 personas afectadas por Aras
Según información de la FGE, son más 4 mil 600 víctimas en toda la entidad, por lo que ya se convino con el Tribunal Superior de Justicia efectuar audiencias masivas.
En éstas, se concentrarán bloques de 300 carpetas de investigación que cuentan con similitud para judicializarlas.
La dependencia encargada de investigar y perseguir el delito en el estado detalló que, en el mes de abril hubo operativos simultáneos implementados por la Agencia Estatal de Investigación.
En dichas acciones se logró la captura de dos hombres y una mujer por su probable responsabilidad en los delitos de fraude y asociación delictuosa.
Hasta ahora, son las personas vinculadas a proceso por ese acto delictivo.
La recompensa es una de las acciones posteriores a la reunión que sostuvieron afectados de ARAS con el fiscal General del Estado, Roberto Fierro Duarte.
Durante la mañana del lunes 4, las víctimas de Aras realizaron bloqueos de calles aledañas al Palacio de Gobierno como medida de protesta porque, afirmaban, el Gobierno aún no había judicializado una sola de las 3 mil 800 denuncias existentes.
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