Miembros de la familia LeBarón acusaron infiltración del narco en la alcaldía de Nuevo Casas Grandes, en una carta pública difundida este lunes.
La misiva la firmaron los activistas Adrián, Julian y Bryan LeBarón; la dirigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador, la gobernadora Maru Campos y el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, entre otros funcionarios.
El fin de semana los activistas dijeron que en la alcaldía de Nuevo Casas Grandes un grupo criminal estaba colocando gente.
Incluso señalaron que el director de la Policía, Ricardo González Toala, tenía cuentas pendientes por abuso de autoridad cuando encabezó la Policía en Galeana y respondía a intereses de la delincuencia.
En respuesta, la alcaldesa, Cynthia Ceballos, negó las acusaciones; además, envió documentos oficiales en los que se indica que González aprobó exámenes de confianza de la Fiscalía y no tiene denuncias en contra.
La alcaldesa también hizo llegar a la redacción de Norte Digital una carta de recomendación del aún presidente municipal de Galeana, Aaron LeBaron, anterior jefe del mando policiaco.
Ceballos rechazó que su jefe de Policía tuviera problemas y acusó que los señalamientos la ponen en peligro a ella y a su familia.
“Siempre me he conducido con la verdad desde que fui regidora y después sindica; nada de lo que se dijo tiene sustento”, afirmó la edil vía telefónica.
Alcaldesa y LeBarón dieron aviso al secretario de Gobierno
Tanto los LeBarón como la alcaldesa dijeron que ya se habían comunicado con el secretario de Gobierno, César Jáuregui, para enterarlo de la situación.
Antes de publicar esta nota, Norte Digital buscó a Jáuregui para que fijara una postura oficial pero no estuvo disponible.
En declaraciones a medios de la capital este lunes el responsable de la política interna del estado confirmó que sostuvo pláticas con los involucrados y anunció que dentro de poco se tendrían resultados de esas conversaciones.
La infiltración del narco en municipios de la región noroeste se reveló por primera ocasión en los procesos electorales de 2010 y 2016.
En la década pasada incursiones violentas en la zona cobraron la vida de candidatos y candidatas sin que las autoridades hayan esclarecido el móvil o capturado a los responsables.
También se hicieron señalamientos públicos de jefes policiacos implicados con grupos criminales.
Algunos fueron detenidos y procesados y otros quedaron impunes.
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