Chihuahua.- Inversionistas del corporativo Aras Business Group, denunciaron que existe desinterés del Gobierno del Estado para atender las investigaciones por el delito de fraude.
Reunidos en el exterior del Congreso local, destacaron que a dos meses de presentar la primera denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), las investigaciones carecen de resultados concretos.
Además reclamaron que quienes aparecen como apoderados legales de la empresa continúan en libertad.
Lo anterior, toda vez que la detención de dichas personas ayudaría a determinar rápidamente la ruta del dinero que colocaron en el esquema de inversión, defendieron.
Los asistentes mostraron mantas con reclamos a la empresa e incorporaron un mensaje dirigido a la gobernadora: «Maru: sin judicializar, sin detención de ratas de Aras, Chihuahua es estado de impunidad’»
El grupo elevó su petición para que los chihuahuenses apoyen sus demandas, ya que consideraron, «solo con unidad se podrán evitar fraudes futuros».
Respecto a las recientes quejas, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Miriam Hernández, descartó que exista intención de proteger a Aras o a otra persona.
«De ninguna manera hay una intención de proteger a nadie, mucho menos de no actuar», afirmó.
«Quizá este mes ha sido complicado por el incremento de contagios en el tribunal; pues nos ha detenido muchas partes y hemos tenido que parar oficinas completas», refirió Hernández.
«Ahorita ya estamos en proceso de salir adelante de ese tema; pero no se ha obstaculizado y tampoco estamos en condiciones de ser tortugas lentas», finalizó.
Llevan el caso Aras a la UIF
En torno al caso, la diputada María Antonieta Pérez Reyes dio a conocer a que durante el fin de semana se desarrolló una reunión con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez.
Refirió que los canales de comunicación se encuentran abiertos y esperan resultados pronto.
Dijo que la dependencia federal se reservó de informar sobre cualquier avance, dada la secrecía que ameritan las investigaciones.
Además, la legisladora expuso que el número de demandas recibidas tan sólo en el mecanismo de mesas receptoras, impulsado por ella, llegó a mil 800.
Estas suman un desfalco de por lo menos 2 mil millones de pesos, dijo.
Sin embargo, Pérez insistió en que el fraude podría alcanzar los 5 mil millones; de sumarse las denuncias recibidas por la Fiscalía estatal y la Fiscalía General de la República.
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