Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, representantes de organizaciones que trabajan en Ciudad Juárez elevaron su voz este 3 de agosto para exponer la problemática que viven niños migrantes que repatrian a México bajo contextos de riesgo.
Según expusieron los activistas de Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) y del Servicio Jesuita a Refugiados México, es urgente atender niños y adolescentes en contextos de migración de circuito que repatrian desde Estados Unidos al sur de México.
En la audiencia en que participaron se recomendó al Estado mexicano atender las causas estructurales de desigualdad que viven los menores usados y reclutados por el crimen organizado en México y que se privilegie el ejercicio pleno de sus derechos.
Calcularon que más de 350 adolescentes de Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas se han enviado a tres estados distintos del sur.
Se recomendó al Estado mexicano atender las causas estructurales de desigualdad que viven niñas, niños y adolescentes que usa y recluta el crimen organizado en México y que privilegie el ejercicio pleno de sus derechos.
Concretamente, se recomendó al Estado mexicano que se suspenda de manera inmediata el retorno de estos grupos de edad del norte de México a lugares distintos al de su origen o residencia habitual, dotando de recursos humanos y financieros a los Sistemas de Protección Estatales para fortalecer su capacidad de respuesta ante la migración de circuito.
Asimismo, se recomendó elaborar un diagnóstico cuantitativo y cualitativo que permita comprender el perfil de los adolescentes y las dimensiones en las que ocurre la migración de circuito de manera diferenciada en cada entidad federativa del norte de México.
De igual manera se solicitó el establecer un mecanismo de diálogo único y coordinación permanente con actores claves en México que incluya a las instancias locales especializadas en la materia.
También se pidió avanzar en los estudios legislativos de las distintas propuestas de reforma en materia de reclutamiento de menores hacia el crimen organizado.
Además, se exigió el diseñar un protocolo especializado en donde se visualicen las distintas acciones de las autoridades responsables de prevención, identificación, recepción, canalización, atención y protección a los niños migrantes de circuito.
De igual manera se mencionó que el Estado mexicano tiene la oportunidad, en el marco y como resultado de esta audiencia, para trabajar de manera colaborativa con organizaciones de sociedad civil, academia, agencias de Naciones Unidas y la propia Comisión para el fortalecimiento de un marco normativo que no solo atienda a la prevención, atención y protección de la niñez y la adolescencia reclutada para fines migratorios, sino que establezca garantías de no repetición.
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