Para imponer la sentencia a Alberto A.M., declarado responsable de violación agravada contra un niño de 4 años, cometida en 2024 en el jardín de niños Emma Sahagún Méndez, el Ministerio Público argumentó que por la afectación emocional que sufrió la víctima, el imputado debería enfrentar la pena máxima para este delito: 50 años de prisión.
En contraparte, la defensa del imputado se opuso a la solicitud de la Fiscalía General del Estado (FGE), resaltando que no había elementos suficientes que determinarán que su cliente deba purgar una pena superior a la mínima, 16 años de prisión.


Para justificar su alegato, la representación social llamó a comparecer a la madre de la víctima, además de la psicóloga encargada de realizar el peritaje psicológico.
Aunque el juicio oral por el caso de su hijo ya había terminado, en su semblante, se notaba cierta tensión, nerviosismo y tristeza.
Ante las primeras preguntas del Ministerio Público, la madre del niño agredido respondió de manera corta y certera para describir el proceso penal como algo triste para su familia.
“Ha sido algo difícil emocionalmente, estamos cansados y enojados por lo que le pasó a nuestro hijo”, expuso.
Luego de una reiterada pregunta sobre cuál había sido el impacto que tuvieron los hechos en su hijo, la mujer únicamente alcanzó a responder “acabó con la infancia de mi niño” antes de romper un llanto.
Por momentos, el silencio reinó en la sala, donde únicamente se escuchaban los sollozos de la mujer.
Como pudo, logró recuperar la compostura y relatar cómo ha vivido las secuelas que su hijo experimentó a raíz de los actos que sufrió en su contra.
“Ha sido difícil notar los cambios, los comportamientos, las reacciones. Era un niño alegre, pero se volvió irritable, es difícil de explicar. Tiene más miedo, se molesta más”, afirmó.
Sobre si su hijo sabía que el imputado estaba en prisión, la madre comentó que el niño se sentía satisfecho porque el hombre, que se había presentado como su “amigo”, pagara en prisión lo que hizo, resaltando que al final del día su amistad nunca fue verdadera.
Con relación a si el niño había acudido a recibir terapias psicológicas, la madre añadió que durante un tiempo recibió sesiones por parte de una psicóloga, quien observó mejoras en su comportamiento.
Sin embargo, hace un año, la profesional había decidido darlo de alta, debido a que había observado que el niño “era consciente de lo que había vivido en su contra”, aunque la madre mostró preocupación, debido a que observaba que su hijo seguía siendo muy retraído, teniendo problemas para socializar con otros menores.
Ante esta situación, el defensor preguntó a la madre por qué no había continuado con las terapias psicológicas pese a que su hijo todavía tenía problemas emocionales, a lo aseguró que no tenía el dinero suficiente para pagar el tratamiento y que no conocía opciones de atención psicológica gratuita.


Psicóloga resalta daño emocional grave
Posteriormente, fue llamada al estrado la psicóloga adscrita a la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), encargada de realizar el peritaje psicológico a la víctima, quien estableció que en enero de 2025 el menor sufría sintomas de una afectación emocional grave causada por la agresión sexual que sufrió en su contra.
Detalló que las víctimas de abuso sexual infantil pueden llegar a experimentar diversas etapas a lo largo de su vida: shock, dificultades en experiencias afectivas, revivencias del evento y reproducción de la situación.
Por lo anterior, puntualizó en que era necesaria que el menor recibiera cuando menos 55 terapias de sesiones psicológicas especializadas, que deberían ayudar al niño a superar el trauma que sufrió.
Sin embargo, mencionó que era una “recomendación estándar” para este tipo de casos, ya que el total de terapias psicológicas dependía enteramente del comportamiento que el encargado de realizarlas observara en el paciente.
“Tienen siete carpetas en mi contra llenas de mentiras”
Antes de emitir su resolución, el juez preguntó al imputado si quería expresar algo, previo a que se pronunciara al respecto de la sentencia que se impondría en su contra.
A lo largo de la sesión, Alberto permaneció cruzado de manos, casi indiferente a lo que sucedía en la audiencia, aunque cuando llegó ese momento, despertó ligeramente.
Antes de decidir si hablaría o no, sus dos defensores, integrantes de la Asociación de Abogados Penalistas, conversaron brevemente con él.
“Señor, están cometiendo un crimen. Tienen siete carpetas de investigación en mi contra, llenas de mentiras, son hechos que no pasaron. Ellos son los verdaderos criminales, me acusan falsamente. Desconozco si ellos crean en Dios, pero sí les puedo asegurar, que nos veremos ahí”, afirmó el acusado.
Concluyó su declaración afirmando que, durante 32 años trabajó como conserje en cuatro jardines de niños y que en ningún momento lastimó a algún menor, señalando que incluso, los primeros infantes que lo conocieron, que hoy tienen cerca de 40 años, podrán hablar del trato que tuvo con ellos y que nunca los lastimó.


La resolución del juez
Una vez que todos los intervinientes en el juicio fueron escuchados, el juez Rigoberto Isaías Flores, procedió a informar la resolución a la que llegó.
Explicó que, debido a que se había demostrado que la víctima tenía 4 años al momento de los hechos y que presentaba una afectación emocional grave, por lo que, se establecería una penalidad media por estos hechos.
Dando como resultado, una sentencia de 33 años y 4 meses de prisión, así como la obligación del pago de 66 mil pesos por concepto de reparación del daño, y 171 mil pesos, por daño moral.
Con la misma resignación con la que aceptó las otras dos condenas en su contra, Alberto A.M. salió custodiado por agentes procesales de la sala 9 de Ciudad Judicial, mientras los padres de la víctima, aún con la tristeza y enojo por relatar las adversidades que ha vivido su hijo, parecían más tranquilos.
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