La captura de Fausto Isidro Meza Flores –El Chapo Isidro– le cayó como anillo al dedo al Gobierno federal: un capo buscado por el FBI detenido apenas un día después de que Donald Trump reiterara su afirmación de que México está gobernado por los cárteles.
Pero el golpe también removió los fantasmas de la Sierra Tarahumara, esos que siguen rondando al Gobierno de Chihuahua desde el operativo en el que participaron cuatro agentes de la CIA, dos de los cuales murieron en un percance automovilístico cuando regresaban de la incursión.

La justificación para permitir su participación fue que ayudaron a localizar el complejo de narcolaboratorios. Ahora, con Meza Flores detenido por fuerzas mexicanas, vuelve a la mesa la versión que vinculó aquellas instalaciones con su organización.
Conviene distinguir: esa relación fue difundida en redes y requiere confirmación oficial. La captura, por sí sola, no acredita quién era el dueño de los laboratorios ni resuelve lo ocurrido durante aquella operación.
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Aquel fin de semana de abril, la Fiscalía General del Estado anunció el hallazgo de seis laboratorios clandestinos en los límites de Chihuahua y Sinaloa.
Se presumió la magnitud del complejo, pero quedaron pendientes las explicaciones sobre quién lo operaba, cuánto tiempo llevaba funcionando y qué drogas producía. Mucho tamaño para el anuncio; pocos detalles sobre quienes estaban detrás.
En octubre, la cuenta de X WorldWarX atribuyó ese centro de producción al cártel de los Beltrán Leyva, como recogió Norte Digital el 21 de ese mes. Ese señalamiento es uno de los antecedentes que hoy cobran interés con la captura de Meza Flores, aunque no sustituye los resultados de una investigación.
La publicación también recordó a Richard Leiter Jonston III y John Dudley Black, los dos agentes de la CIA fallecidos, y describió sus antecedentes militares, incluidos su paso por los Boinas Verdes y operaciones en Afganistán.
La participación de los estadounidenses abrió una crisis entre el Gobierno estatal y la Presidencia. Después vino la detención del entonces fiscal César Jáuregui Moreno, acusado de «traición a la patria«. El hallazgo que se presentó como un éxito terminó convertido en un problema político y judicial de enormes dimensiones.
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La caída de El Chapo Isidro en Guasave, durante un operativo federal que provocó balaceras, bloqueos y quema de vehículos, vuelve a dirigir la mirada hacia la estructura criminal que operaba en esa región serrana.
Meza Flores figuraba entre los diez fugitivos más buscados del FBI. Su captura le valió al Gobierno mexicano la felicitación del embajador estadounidense Ron Johnson.
Para Chihuahua, sin embargo, las preguntas van por otro camino: qué sabía la Fiscalía de quienes operaban el complejo de El Pinal, cómo obtuvo esa información y cuánto quedó asentado en el expediente del operativo.
Si las investigaciones confirman que aquella infraestructura estaba bajo el control de Meza Flores, habrá que explicar también cómo una organización pudo instalar y mantener un centro de producción de semejante tamaño en la Sierra de Chihuahua.
El narcolaboratorio fue destruido, pero el expediente sigue abierto. Ya con el capo bajo custodia, habrá que ver si aparecen respuestas sobre aquella incursión o si los fantasmas de la Sierra siguen siendo los únicos que conocen la historia completa.
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De ahora en adelante, el manejo de la política vial del Estado cambiará de sentido, literalmente.
Una serie de reformas a la Ley de Vialidad y Tránsito cambió toda la normativa relativa a la circulación por la vía pública, ya sea a pie, en bicicleta o en vehículo automotor.
Hay nuevas sanciones y límites de velocidad, cambios en los organismos encargados de la vialidad y, muy importante, se crea un sistema de justicia vial que evaluará las infracciones cometidas por conductores o peatones.
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Las nuevas normas endurecen algunas reglas para los conductores y le dan al Gobierno estatal mayores facultades para meter mano en la movilidad de los municipios.
El decreto, publicado ayer sábado en el Periódico Oficial, contiene una pieza central: la Subsecretaría de Movilidad, que tendrá atribuciones para intervenir en la planeación, coordinación y supervisión de las políticas de tránsito, participar en los programas municipales, expedir licencias y aplicar exámenes teóricos y prácticos.
También podrá asumir temporalmente, mediante convenio, la prestación total o parcial del servicio de tránsito cuando un municipio carezca de capacidad económica o administrativa para prestarlo.
En otras palabras, los ayuntamientos conservarán formalmente la responsabilidad del servicio, pero el Gobierno estatal tendrá más herramientas para intervenir cuando considere que no pueden prestarlo.
Y ahí comienza la parte interesante. ¿Quién determinará que un municipio ya no tiene capacidad para hacerse cargo de su tránsito? ¿Con qué criterios se decidirá que la administración estatal debe entrar al quite? ¡Ah, pero qué buena se va a poner esa discusión!
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Quizás el cambio más notable sea la creación de juezas y jueces de tránsito, que se encargarán de conocer y resolver infracciones, conciliar en determinados casos y participar en procedimientos relacionados con multas y sanciones. Hasta ahí, podría parecer una apuesta por profesionalizar la justicia vial.
El pequeño detalle es que esos juzgadores serán nombrados y removidos libremente por quien encabece la Subsecretaría de Movilidad o la Presidencia municipal, según corresponda. ¿Y el mecanismo de selección que garantice su independencia? ¡Vaya manera de acercar la justicia administrativa a la ciudadanía!
Al final, el asunto no es solo quién tendrá la facultad de levantar una infracción o retirar un vehículo, sino quién tendrá el control de la movilidad en Chihuahua y bajo qué reglas podrá ejercerlo.
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A Alejandro Domínguez le dolió que priistas de Juárez se sumaran al proyecto de Cruz Pérez Cuéllar, aunque no quiera reconocerlo.
«Salieron por la puerta de atrás», dice el dirigente. Pero esa «puerta» ya parece más bien un portón de bodega, de esos por donde caben tráileres de doble caja o camiones cargados de materiales.
La regidora Mireya Porras Armendáriz aclaró que sigue en el PRI. Nomás que, para la gubernatura, ya dijo con quién va: con Cruz Pérez Cuéllar, el alcalde con licencia que va por Morena y el Partido Verde, hasta ahora. Y eso debe calar en un partido que tiene posiciones a cuentagotas en el municipio más grande del estado.
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Aldonza González Amador, exlíder del sector femenil priista, también se sumó al proyecto crucista. «Dos golondrinas no hacen primavera», dice Domínguez. Pues una de esas golondrinas es su única regidora en Juárez, y eso ya da para sentir el frío.
Y al PAN tampoco le alcanza para presumir fuerza. Dicho sea de paso, su único regidor en Juárez también se sumó al proyecto de Cruz. Así que la pregunta va para los dos «compadres»: ¿con qué fuerza se van a sentar a repartir candidaturas si sus únicos regidores ya se apuntaron con el otro?
El PRI trata de sacar «algo» de la coalición en Juárez y ya aceptó que la Presidencia municipal será para alguien del blanquiazul. Con esa demostración de «fuerza», ¿cuántos de los nueve distritos podrá pedir?
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Como colofón, el líder priista poco hizo para convencer a la tropa que todavía le queda de que no se vaya con Morena.
«Si ellos quieren que Juárez viva el clima de seguridad que vivimos en el pasado, adelante», dijo. ¡Ah, caray! Si se refiere a los días aciagos de 2008 a 2012, cuando Juárez llegó a estar entre las ciudades más peligrosas del mundo, mejor que ni saque esa comparación.
Ahí le va. Al inicio de ese periodo, la Presidencia municipal estaba encabezada por José Reyes Ferriz, del PRI. El Gobierno del Estado estaba en manos de José Reyes Baeza, del mismo partido, y la Presidencia de la República, en las de Felipe Calderón, del PAN.
Si lo que quiere advertir es que Morena es una mala opción, adelante, le sobrarán argumentos. Pero cuidado con echar la mirada atrás, porque no les va a quedar mucha lengua para hablar.
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Amigo lector, después de lo que le vamos a informar, usted ya puede considerarse aspirante al premio Nobel.
Francisco Sánchez Villegas, diputado y coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, integrada por solo dos legisladores, fue nominado en tres categorías de los Congresistas Awards 2026 por su desempeño y trabajo legislativo.

¿Es en serio? ¿El campeón mundial del congelamiento de iniciativas, nominado a «Legislador del año»?
Si algo le ha sobrado al legislador apodado «Pancho Pistolas» son reclamos de Morena. Según los morenistas, iniciativa que le mandan a su comisión, iniciativa que mete al congelador legislativo. Y de ahí no salen ni aunque ya estén hechas paleta.
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Pero vamos a revisar la trayectoria de «Pancho Pistolas» o «Pancho el Congelador» para ver si le queda eso de «Legislador del año».
De 127 sesiones ordinarias, ha faltado a siete, cinco de ellas con justificación. Además, se ha presentado a todas las sesiones solemnes. En eso no anda tan mal, si consideramos que hay integrantes de la actual Legislatura que acumulan más faltas que un estudiante fósil.
En la tribuna también figura entre los «visitantes frecuentes». Casi siempre sube para echarle rayos y centellas al Gobierno federal. Rara, pero muy rara vez, se los echa al estatal o al municipal, ambos emanados del PAN.
Para buscar acuerdos parlamentarios no tiene problema, siempre que sea con el bloque PRIAN. Va con ellos a como dé lugar. Pero no le mencionen a Morena, porque entonces sí que cambia la cosa. Les vota todo en contra y, según se quejan los morenistas, les tiene paradas las iniciativas que llegan a su comisión.
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Faltaría ver qué tomó en cuenta el jurado de los Congresistas Awards 2026 para nominar a Sánchez y qué méritos le encontraría a cualquier otro integrante de la actual Legislatura, que hizo titulares hasta cuando a dos de sus miembros les dio por ir al baño a la hora de votar.
La LXVIII Legislatura, al igual que su antecesora, fracasó en su intento de aprobar una reforma integral a la Constitución Política del Estado. Tampoco logró el consenso que sí alcanzaron otras legislaturas para nombramientos importantes, como el de la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Si un trabajo así merece un premio, hasta uno puede aspirar a un Pulitzer, un Nobel y, en una de esas, al Balón de Oro. ¿Cómo no? Si meter iniciativas al «refri» vale un premio, este Mirone bien se lo merece, aunque sea un «Golden Globe».
Don Mirone