Desde las 8 de la mañana del 10 de noviembre, Alejandro A.S., señalado como autor material del asesinato de la dentista, Martha Rosario, ocurrido el pasado 27 de octubre en un consultorio de la calle Nicolas Bravo 707 en la colonia Chaveña, fue llevado a la 19 sala de Ciudad Judicial para comparecer por primera ocasión ante autoridades judiciales.
Dos días antes, elementos de la Policía Municipal realizaron su detención mientras patrullaban en el cruce de las calles Zinc y Miguel Hidalgo, en la colonia Del Carmen.
Fue arrestado por una falta administrativa y, al revisar sus datos en el sistema Plataforma Juárez, los agentes se encontraron con dos órdenes de aprehensión en su contra; una por el delito de robo agravado que data desde mayo de 2023, y otra por los hechos ocurridos en el consultorio dental.
El Ministerio Público requirió su comparecencia ante el juez de Control debido a que es identificado como el autor material del ataque armado que terminó por quitarle la vida a la dentista, mientras era llevada a recibir atención médica.
En la audiencia se informó que el principal testimonio que se tiene en su contra, y de Jesús A.R., acusado como autor intelectual del asesinato, fue proporcionado por una testigo protegida, identificada con las iniciales J.E.G.O., quien habría tenido conocimiento de que los imputados sostuvieron comunicación antes, durante y después de los hechos con relación al ataque.
Además, dijo que supuestamente habrían planeado realizar el robo junto con otra persona que -hasta el momento- no ha sido detenida, en busca de obtener un botín de 25 millones de pesos.
En el testimonio se indica que entre los imputados había una relación previa a la planeación del robo, ya que Alejandro al parecer le vendía cocaína a Jesús, actividad por la cual se conocieron.
En la audiencia de expuso que Jesús era asistente dental en la misma empresa donde ocurrieron los hechos, aunque él laboraba en otra sucursal. Antes de que ocurriera el asesinato, existió una planeación porque Jesús entregó los horarios de los empleados, así como un mapa para indicarle a Alejandro el lugar donde encontraría el dinero.
Sin embargo, el asalto no salió como esperaban y tuvieron una conversación telefónica llena de reclamos, relató la testigo.
Después de que Martha Rosario fue herida en el abdomen por un disparo de arma de fuego, Alejandro le reclamó a Jesús porque le dio información errónea acerca de la ubicación del dinero.
Del botín esperado, únicamente pudo obtener 20 mil pesos que sacó de una caja fuerte, así como dos celulares. Además, le comentó que le disparó a una dentista debido a que se había resistido.
La situación alertó a Jesús, quien le pidió a su asistente que acudiera a la sucursal del Centro para revisar cómo había acabado la situación.
Con los antecedentes de investigación, el juez de Control, Gabriel Alberto Anaya Alvarado, fijó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra de Alejandro A.S. y vinculación a proceso penal a Jesús A.R., quien ya había sido presentado ante las autoridades judiciales.
En la audiencia, los defensores particulares de Jesús argumentaron que no existía una conexión entre su representado y lo ocurrido en el consultorio dental, que nunca ingresó al establecimiento y tampoco accionó un arma de fuego.
No obstante, el juzgador resaltó que debido a lo expuesto por el Ministerio Público, se podría presumir que el imputado entregó información clave para la comisión del robo y que tenía conocimiento sobre lo que estaba ocurriendo, al tener contacto directo con el autor material.
Por lo anterior, se determinó iniciar el proceso penal por la comisión de los delitos de robo agravado y homicidio calificado.
En el caso de Alejandro, su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el próximo viernes 13 de noviembre deberá comparecer nuevamente a una audiencia de vinculación a proceso penal.
—La prueba no aceptada y el malestar a media audiencia
Después de que el juez determinó la situación jurídica de los imputados, se resolvió una solicitud planteada por el Ministerio Público, en la que pedía autorización para presentar el testimonio del testigo protegido como prueba anticipada.
Su argumento fue que en el estudio de riesgo realizado por el Ministerio Público, se estableció que había uno “extremadamente alto” e “inminente” en contra de la testigo debido a la información que podría proporcionar al Tribunal, por lo que para salvaguardar su seguridad pidió que su declaración fuera presentada previo al juicio oral.
Desde el comienzo de la audiencia, la segunda para Alejandro en el día, comenzó a tener dificultades para permanecer sentado de frente al juez, realizando gestos de incomodidad y colocando el rostro sobre sus piernas en señal de aparente cansancio y dolor.
Mientras los abogados defensores señalaban que el Ministerio Público no demostró el peligro real al que estaba expuesto el testigo protegido, el semblante de Alejandro empeoró considerablemente, por lo que el juez otorgó un receso al observar el mal estado del imputado.
Con dificultades para hablar, Alejandro confirmó sentirse enfermo debido a que “tengo seis balazos en el pie” que le provocan dolor, así como la sospecha de que una de las heridas ya se había infectado.
Al ser cuestionado sobre porque no había informado de la situación, señaló que en la audiencia previa consideró que no era importante.
Además, el Ministerio Público y el defensor particular, indicaron que no habían sido informados de la situación, incluso, uno de los fiscales aseguró que no tenía datos sobre el examen médico realizado al sospechoso luego de su detención.
Ante la situación, el hombre fue trasladado al hospital del Centro de Reinserción Social número 3 para recibir atención médica; asimismo, se ordenó que se le realizará un examen médico para determinar el origen y la gravedad de las heridas que manifestó sufrir.
Finalmente, una vez que Alejandro fue llevado a recibir atención médica, el juez rechazó la solicitud de la representación social debido a que no había demostrado la existencia de amenazas o alguna otra circunstancia que pusiera en riesgo al testigo.
Además, continuó, es responsabilidad de la Fiscalía General del Estado (FGE) establecer los mecanismos de seguridad adecuados que garantizaran la integridad de su testigo.
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Según la información proporcionada por la SSPM, el asesinato tuvo lugar al interior de una vivienda ubicada en las calles Azucenas y Telurio de la citada colonia.
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