Instituto Tesla: las denuncias de acoso frente a la ¿justicia machista?

En mayo de 2022, la directiva del Instituto Tesla enfrentó un quiebre institucional en el sistema educativo mexicano: al menos 20 alumnas menores de edad señalaron por acoso y agresión sexual a un estudiante del plantel, Sergio “N”, quien en ese momento era considerado un alumno de excelencia académica. Ante las denuncias de las estudiantes y tras la intervención de las autoridades internas, el alumno fue dado de baja de la institución. Un año después, el exalumno reapareció con una demanda civil contra la preparatoria, alegando daño moral.

A cuatro años de la demanda, en mayo de este año, el juez José Chaparro Sánchez falló a favor del exalumno, ordenando al Instituto Tesla el pago de una indemnización de 21 millones de pesos.

Ubicado sobre la calle Aguirre Laredo, en Ciudad Juárez, el Instituto Tesla se presenta como una institución de educación privada orientada al desarrollo tecnológico y académico. Sin embargo, detrás de la fachada de este campus bilingüe de líneas contemporáneas y aulas equipadas como ningún plantel público, hoy se disputa un conflicto legal que ha puesto a prueba la responsabilidad institucional, la actuación del Poder Judicial y la respuesta de las autoridades ante las denuncias de abuso y acoso en las aulas.

En México se registran, en promedio, 37 delitos diarios de acoso y hostigamiento sexual, según datos oficiales del Informe de violencia contra las mujeres emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Frente a esa realidad, el fallo emitido por el juzgador evidencia que los marcos legales y procesales vigentes continúan operando para proteger a los señalados y sancionar económicamente a las instituciones o personas que ejecutan medidas cautelares en defensa de las víctimas.

Esta perversión del aparato de justicia no solo perpetúa la impunidad, sino que envía un mensaje amedrentador para quienes intentan frenar la violencia dentro de las aulas. Al evaluar el impacto de resoluciones que priorizan la reparación económica del agresor por encima de la integridad de las alumnas, activistas y defensoras de los derechos de las mujeres han denunciado la complicidad institucional.

“El mensaje que envía el Poder Judicial es desolador: proteger a las víctimas sale caro, mientras que acosarlas queda impune. Cuando la justicia castiga a quien aplica protocolos de prevención en lugar de sancionar al agresor, la ley se convierte en la principal herramienta de la violencia institucional”, señalan.

Violencia institucional

Pese a la reciente reforma judicial —promovida bajo el discurso público de erradicar la corrupción, combatir el nepotismo y garantizar el acceso efectivo a la justicia para las personas—, el caso Tesla demuestra la persistencia de prácticas punitivas contra quienes denuncian. El juez Chaparro Sánchez, cuyo nombre figuró públicamente en las listas de candidaturas del proceso electoral judicial asociadas a los denominados “jueces del acordeón”, acreditó en su expediente de postulación una trayectoria académica orientada a la perspectiva de género dentro del derecho. Pero, en uno de los litigios más controvertidos e impactantes de la ciudad, dictó una sentencia que activistas, abogadas y organizaciones de la sociedad civil califican como un grave retroceso procesal en la búsqueda de justicia contra la violencia machista.

El obstáculo dentro del sistema judicial no es un hecho aislado ni exclusivo del entorno escolar. La activista Gaby Pablos, integrante de la agrupación Madres Libertadoras, enfrentó la sustracción de su hijo recién nacido por parte del progenitor, quien mantuvo al menor oculto durante dos años. Tras seis años de inacción institucional, durante los cuales las autoridades no avanzaron en las investigaciones, Pablos decidió hacer pública la denuncia mediante redes sociales. En respuesta inmediata, el agresor interpuso una demanda por daño moral exigiendo una indemnización de un millón de pesos.

Esta forma de emplear la vía civil y el alegato de daño moral contra víctimas y activistas se replica de forma sistemática en el país, dice Pablos desde la Ciudad de México, entrevistada vía telefónica. Sectores articulados en la llamada “machósfera” organizan campañas mediáticas orientadas a desacreditar a las denunciantes, auxiliados por espacios de opinión pública que minimizan la agresión, desestiman los testimonios e invalidan la voz de las sobrevivientes mediante descalificaciones misóginas. Esto demuestra que los agresores no requieren únicamente de defensa legal: el uso de recursos en medios y plataformas basta para que la opinión pública ponga en duda el testimonio de las víctimas.

En el expediente del Instituto Tesla, la narrativa articulada por la defensa del alumno centró el debate en la presunta “vida arruinada” que le dejó la denuncia. Pese a no haber sido vinculado a proceso en la vía penal por el juez Enrique González Rodríguez, el estudiante no logró recuperar su beca en una universidad de prestigio en los Estados Unidos debido a que Tesla se negó a entregarle la certificación de estudios, aun cuando el inspector escolar correspondiente ordenó dicha entrega, de acuerdo con su defensa.

La abogada y activista Verónica Corchado explica que estas dinámicas se sustentan en asimetrías estructurales de poder arraigadas en el sistema patriarcal. Cuando los hombres en posición de dominio enfrentan señalamientos, el entorno institucional tiende a priorizar sus trayectorias e intereses patrimoniales o académicos por encima del derecho fundamental de las mujeres a una vida libre de violencia.

En el conflicto del Instituto Tesla, las autoridades y directivas del plantel consultaron al DIF Estatal, a la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), a la Inspección Escolar de la zona y al área jurídica de la propia institución, y les notificaron oportunamente las acciones tomadas. El objetivo era que todas las instancias estatales conocieran de forma transparente los motivos y testimonios que derivaron en la expulsión del estudiante. Sin embargo, en el proceso judicial posterior, las declaraciones rendidas a puerta cerrada por una menor de edad con el apoyo de un psicólogo especializado, las horas de grabaciones en video y las declaraciones de cinco exalumnas que detallaron los patrones de acoso no fueron valoradas como prueba suficiente por las autoridades judiciales para acreditar la versión de las afectadas.

El impacto del trauma

Las consecuencias de estos procesos no concluyen con la resolución del litigio. Para las afectadas, el cierre del juicio civil no significó el fin de los daños emocionales ni de las secuelas psicológicas que persisten con los años.

En el marco teórico formulado en el libro Trauma y recuperación: El impacto de la violencia doméstica y el abuso político (1992), la psiquiatra Judith Herman sostiene que las experiencias fundamentales del trauma psicológico radican en la pérdida de poder sobre la propia vida y en la desconexión profunda con el entorno social. Desde esta perspectiva analítica, la directora del Instituto Tesla, Verónica Súchil Peña, expuso que la negativa de 14 alumnas a testificar en el proceso judicial respondió al severo impacto emocional que implicaba someterse a la reexperiencia del trauma y a episodios de ansiedad aguda al encarar nuevamente a su agresor en las salas de un juzgado.

Por su parte, la activista Janet Rodríguez destaca que, dado que los delitos y agresiones de índole sexual ocurren mayoritariamente en espacios de privacidad y realización oculta donde no existen testigos presenciales, el estándar de valoración probatoria exige obligatoriamente a los juzgadores aplicar una perspectiva de género diferenciada que ponga en el centro la prueba testimonial. En contraste con esta obligación legal, las víctimas que acuden formalmente a la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) se enfrentan a interrogatorios revictimizantes, una exigencia desmesurada de evidencias digitales (mensajes, audios, capturas de pantalla, correos) e insensibilidad por parte de los servidores públicos, quienes frecuentemente descalifican las denuncias con expresiones que responsabilizan a las propias mujeres.

A la violencia verbal e institucional ejercida por el personal ministerial, se suma un muro burocrático inquebrantable, de acuerdo con las activistas. Las exigencias de rigurosidad en los detalles de tiempo, lugar y modo de las agresiones, sumadas a evaluaciones psicológicas interactivas, terminan por cansar a las denunciantes, provocando que la mayoría abandone los expedientes de investigación antes de llegar a la etapa procesal.

De acuerdo con el marco normativo vigente, el artículo 176 Bis del Código Penal del Estado de Chihuahua sanciona el acoso sexual con penas de hasta dos años de prisión y sanciones económicas. Pero, en la práctica cotidiana, las posibilidades reales de acceder a la justicia son mínimas. Estadísticas y estimaciones de organizaciones civiles indican que, de cada 100 denuncias presentadas por acoso sexual en la entidad, únicamente dos alcanzan una sentencia definitiva en los tribunales.

El juicio social

Cuando los canales institucionales de la Fiscalía y las salas de juicio se convierten en un obstáculo burocrático para la justicia, las afectadas enfrentan una batalla paralela en el ámbito social y mediático. Diversos casos de injusticia han encontrado resonancia y resolución a través de la denuncia pública en medios de comunicación y redes sociales, las cuales operan como un altavoz para las víctimas. No obstante, este espacio también es utilizado para emprender linchamientos contra quienes denuncian.

En el caso del Instituto Tesla, una columna de opinión atribuyó la responsabilidad del fallo desfavorable a la institución educativa, a la que señaló de pretender actuar como fiscal, perito y juez. El autor afirmó en su escrito que varias de las alumnas involucradas decidieron no interponer denuncia penal por “falta de interés”, algo completamente falso. Publicaciones de este corte distorsionan la realidad del proceso, reabren el debate sobre el dolor de las estudiantes y revictimizan a las afectadas al juzgar su silencio e ignorar el miedo a las represalias, dicen las activistas.

Desde fuera, es común —e indolente— calificar la falta de denuncia formal como parte del desinterés o la desidia.

La exposición mediática, la estigmatización y la revictimización representan un elevado costo personal que pagan las mujeres violentadas. Frente a este desamparo institucional y social, cuando una mujer decide actuar, muchas veces trasciende la condición de víctima para volcarse al activismo. En los colectivos y organizaciones de la sociedad civil es donde las sobrevivientes encuentran un espacio seguro, acompañamiento legal gratuito y comprensión empática. Como señala la activista Paty Talavera, la lucha colectiva constituye la vía principal para sanar el proceso traumático y reconstruir la dignidad.

La urgencia de un cambio real

No obstante, cuando las denuncias involucran a señalados que provienen de familias con alto posicionamiento económico o influencias políticas —como en el caso de Sergio “N”—, entra en juego una marcada “asimetría de poder”. Testimonios de exalumnas del Instituto Tesla señalan que el estudiante mencionaba constantemente la posición de su padre como directivo dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una ostentación de influencias que infundía temor entre las jóvenes e inhibía la denuncia.

El respaldo de un capital económico, familiar o político genera una desigualdad institucional que los agresores aprovechan para intimidar a las afectadas, incidir en los juzgados y garantizar su propia impunidad. Ante esta realidad, surge la interrogante fundamental sobre los criterios con los que el sistema de justicia pondera los proyectos de vida en conflicto, porque la evidencia muestra que el aparato judicial se inclina sistemáticamente hacia la parte que ostenta mayor poder social o económico, protegiendo la trayectoria del señalado mientras rompe el proyecto de vida de las sobrevivientes a través del desgaste emocional, la revictimización y la denegación de justicia, dice Gaby Pablos.

En la actualidad, el futuro legal y la viabilidad del Instituto Tesla dependen del juzgador que analiza el recurso de apelación interpuesto por la institución. El escrito de impugnación, de más de 60 páginas, argumenta violaciones graves a los derechos fundamentales de las menores y solicita formalmente al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) revisar el expediente bajo el principio constitucional de perspectiva de género.

Pero, mientras el tribunal resuelve, la dirección del plantel advierte sobre el peligroso mensaje institucional que proyecta este fallo: sancionar a una escuela por proteger a sus estudiantes transmite la idea de que es más seguro ignorar las denuncias de abuso que actuar conforme a la responsabilidad ética. La resolución final no solo definirá el destino patrimonial de la institución, sino que establecerá un precedente determinante sobre las garantías de protección para las mujeres y niñas que enfrentan violencia sexual dentro de los espacios educativos de Chihuahua.