Paga 8 mil pesos mensuales por un brazalete de geolocalización, no se puede acercar a un kilómetro del bordo, ha gastado cerca de 600 mil pesos en abogados y tuvo que depositar en garantía las escrituras de la casa de una hermana para cubrir la fianza.
Él es Rodolfo Collazo de la Torre, exagente del Instituto Nacional de Migración (INM) que enfrenta cargos de homicidio, por los 40 migrantes que fallecieron en la estación migratoria el 27 de marzo de 2023 y los 27 que quedaron lesionados.
En entrevista con Norte Digital, se dice víctima de una injusticia del sistema por una razón simple: en el momento de los hechos, él no estaba presente en el lugar donde ocurrió el incendio.
Hoy, a diferencia del proceso en el que ayer 14 de octubre el excomisionado Francisco Garduño Yáñez terminó exonerado, su expediente está en el limbo.
Desde el mes de octubre de 2023 no se ha llevado a cabo ninguna audiencia, pero la medida cautelar de imponerle un brazalete será permanente hasta que acabe el juicio.
Por ese aparato él debe pagar, sin retrasos, 8 mil pesos mensuales a una empresa que provee el servicio.
Lo mismo ocurrirá con la obligación de acudir a firmar cada 15 días en el edificio del Poder Judicial de la Federación de la avenida Tecnológico.
Rodolfo estuvo preso desde el 5 de abril de 2023 hasta el 13 de septiembre de 2025.
Desde la fecha que obtuvo libertad bajo fianza solo ha conseguido trabajo de Uber, pero con la limitante de no poder acercarse a la franja fronteriza ni salir de Juárez.
Hubo una ocasión en que por un descuido, recordó, se acercó al bordo menos de cinco minutos, en un viaje de Uber.
La Fiscalía General de la República (FGR) de inmediato interpuso un recurso para tratar de encarcelarlo nuevamente.
Luego de enterarse de la exoneración de Garduño Yáñez, Collazo de la Torre admitió que le dio cierto coraje saber que quienes realmente eran responsables de las instalaciones del INM estuvieran siendo exculpados.
Es el caso del excomisionado y de otra persona que también tenía cargo directivo, identificada como Salvador González, a quienes no se les impusieron restricciones.
Las malas condiciones del edificio, que no tenía ventanas, puertas de emergencia ni extintores, estaban presentes -dijo- desde antes que ocurriera la tragedia y eran responsabilidad del excomisionado y de los encargados de la estación migratoria.
Originario de Torreón, el hombre piensa que lo que ocurrió es que él fue el eslabón más débil en la cadena de mando. Siente que lo que hizo el Gobierno federal fue usarlo como chivo expiatorio.
Documentos del DIF corroboran su historia
Existen videos que documentaron que el día de la tragedia, a las 9:05 de la noche, Rodolfo salió del sitio para llevar a dos adolescentes –de 10 y 14 años– al albergue Nohemí Álvarez Quillay.
“Cuando yo llegué estaban dos niños salvadoreños, creo que de 10 y 14 años más o menos y una de mis tareas era transportarlos al DIF y es lo que hice”, recordó.
Refirió que, en el DIF, se documentó a las 9:15 de la noche el ingreso de los dos menores.
Cuando volvió a la estación del INM, eran las 9:35 y el incendio ya había empezado, relató.
Desde afuera, pudo observar el humo que estaba saliendo y a las mujeres migrantes que estaban en las escaleras de la entrada.
“A las mujeres migrantes ya las habían sacado y pregunté ¿qué pasó? Y me dijeron lo que estaba sucediendo”, dijo.
– ¿Y qué es lo que estaba sucediendo?
“Que habían incendiado unas colchonetas los migrantes”, respondió.
El lapso en que Rodolfo estuvo ausente consta en los registros del DIF estatal y en las grabaciones de las cámaras de seguridad, pero no fueron prueba suficiente para evitar que el juzgador lo imputara.
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