El empresario Carlos Alberto Velázquez Nieto es el “acusado de moda”, cuya detención motivó una movilización de efectivos militares y policiales como para repeler a un grupo armado.

En este caso, se trataba de aprehender a un hombre de empresa que edificó en menos de una década una red de negocios cuya operación se explica cuando la autoridad investigadora desciende al terreno donde se libran las verdaderas batallas fiscales: las aduanas de la frontera norte.

Fue ahí donde empresas, directivos y hasta políticos en retiro se encuentran procesados en la actualidad por incurrir en lo que ahora se llama “huachicol fiscal”, un delito de cuello blanco que vacía las arcas públicas sin necesidad de perforar un solo ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex).

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A diferencia del robo tradicional de combustible, el esquema investigado por la FGR y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se ejecuta con pedimentos de importación alterados y simulaciones arancelarias.

De eso se acusa —presumiblemente— al empresario chihuahuense Carlos Alberto Velázquez Nieto, cabeza del grupo Energética Carvel S.A. de C.V. y Aseo Municipal S.A. de C.V.

La mecánica era tan audaz como lucrativa. El grupo empresarial adquiría legalmente diésel y gasolina de refinerías en Texas, Estados Unidos, aprovechando la vecindad geográfica.

Ahí está justamente la merma para las arcas nacionales y la Meca para los que la practican, porque, al cruzar las aduanas hacia territorio mexicano, el hidrocarburo cambiaba mágicamente de identidad en el papel.

El combustible real entraba al país camuflado bajo el registro de “aceites minerales”, “bases lubricantes” o “aditivos químicos para motores”.

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El resultado de esta marometa aduanera era un caudal de efectivo inmediato y masivo. Al evadir el IEPS y el IVA de internación, Energética Carvel lograba colocar el combustible en sus estaciones de Chihuahua a un costo artificialmente bajo, inaccesible para los competidores honestos.

Este margen de ganancia excedente se convertía en dinero líquido que entraba diariamente a las cuentas del corporativo.

Es aquí donde emerge la paradoja financiera más escandalosa del caso. Todo este amasijo de negocios con una empresa que ahora está en la picota, acusada de cometer el “delito de moda”, como es el huachicol fiscal, se fraguó en un plazo breve, en el que ni los órganos de fiscalización, ni los de control interno, menos aún las instancias encargadas de perseguir la corrupción, pudieron detectarlo.

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A propósito del escándalo que rodea al operativo federal antihuachicol contra Carvel y su dueño, Carlos Alberto Velázquez Nieto, le llegó a Mirone un punto de acuerdo que el exdiputado local Gabriel García Cantú presentó ante el Pleno del Congreso en noviembre de 2023.

Específicamente, pedía aprobar un exhorto al titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) para revisar los contratos celebrados entre el Municipio de Juárez y la empresa denominada comercialmente Carvel, S.A. de C.V.

Ya desde entonces, la polémica rebotó en el Congreso del Estado por los señalamientos que pesaban sobre la empresa respecto al huachicol fiscal e incluso a la ordeña de combustible para abastecerse y venderlo.

El exhorto solicitaba a la ASE que informara al Congreso si existía alguna irregularidad que pudiera dar lugar a una sanción administrativa o incluso penal en torno a los contratos que el Gobierno Municipal le estaba asignando.

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“Desgraciadamente esta empresa no ha sido conocida por vender litros completos o por manejar un precio accesible a sus clientes, sino que ha tenido fama inclusive a nivel nacional por aparentemente comprar su producto con los denominados huachicoleros”, leyó el diputado juarense en la tribuna del Congreso.

También hizo mención a la contratación de Aseo Municipal para el servicio de recolección de basura. Cuestionó que la empresa hubiera sido creada apenas en febrero de 2023, tan solo unos meses antes de la licitación de la concesión, y que apareciera como socio fundador el mismo Carlos Alberto Velázquez.

Por alguna circunstancia, el punto no se aprobó y tampoco hubo revisión de los contratos por parte de la Auditoría Superior del Estado.

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Casi tres años después, el tema está nuevamente sobre la mesa como parte de las investigaciones que realiza por todo el país la Fiscalía General de la República (FGR).

La situación se puso todavía más candente porque la Fiscalía siguió ayer con los operativos y cateos en más establecimientos de Carvel en Chihuahua capital y en Ciudad Cuauhtémoc.

Además, está pendiente que Velázquez responda ante un juez por las acusaciones de la Fiscalía.

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El profesor Martín Chaparro ha decidido ejercer el sacrosanto derecho de pataleo ante la dirigencia estatal de Morena por el vacío que se le hace como aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional; la precandidatura al Gobierno del Estado, para que se entienda.

En una de las asambleas que convoca cada miércoles, ya expresó su descontento porque el medio de comunicación oficial de Morena, Regeneración, presentó en su portada a Cruz Pérez Cuéllar y a Andrea Chávez como los aspirantes a la dichosa coordinación, pero a él ni lo voltearon a ver.

No lo toman en cuenta, dice, ni porque fue dirigente estatal del partido, fundador del mismo en Chihuahua y militante de la izquierda chihuahuense a lo largo de toda su carrera política.

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No lo “juntan” a la foto de precandidatos —o como se llame— ni a ninguna otra actividad relacionada con los actos oficiales de Morena en el estado. Está “borrao”, pues, como dirían en el rancho. Ni la dirigencia estatal ni la nacional lo tienen en sus afectos.

El profe Chaparro —le cuentan a Mirone— se precia de ser el único que ha llamado a mantener la unidad del partido ante la guerra interna que se cargan las huestes de Andrea y Cruz.

Esto, porque una cosa es la sonrisita y la foto posada de los dos aspirantes, y otra, el intercambio de acusaciones, críticas, señalamientos y hasta burlas que se hacen sus simpatizantes a través de las redes sociales.

Lo que ha pedido Chaparro es que el partido intervenga, que calme ese “derramamiento de sangre” cibernética que solo ha beneficiado al PAN y a la derecha, dice.

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El otro punto del que no quita el dedo es el de los recursos gastados en precampañas, o como les quieran llamar.

Desde hace tiempo, sus simpatizantes, como el grupo llamado “Los de abajo organizados”, han pedido que se fiscalice el gasto que ha hecho tanto el grupo de Pérez Cuéllar como el de Chávez.

La decisión no tarda: será un asunto que se resuelva en el curso de la próxima semana, según vientos que soplan desde los cuarteles de Andrea y de Cruz. Es poco probable que la diosa Fortuna voltee a ver al profe Chaparro, pero el derecho a reclamar una pelea pareja nadie se lo quita.

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Tampoco en el PAN cantan mal las rancheras en cuanto a la proliferación de aspirantes por las candidaturas en juego rumbo a 2027. Y eso que el territorio juarense está bien pintado de guinda.

Hemos hablado bastante de quienes están puestos por la candidatura a la alcaldía e hicimos una lista de algunos nombres registrados en la plataforma digital que habilitó el Comité Ejecutivo Nacional para las regidurías, pero también hay fila por las diputaciones locales y federales.

Entre los nombres de quienes se anotaron para buscar una curul en el Congreso del Estado o en San Lázaro está el del abogado Jorge Espinoza, quien ya fue presidente del Comité Municipal del PAN y titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado en la administración de Javier Corral.

El veterano David Rodríguez, exdiputado federal, local y exregidor, quiere regresar a la grilla de las campañas, junto con liderazgos como Carlos Ortiz, el representante de Gobierno del Estado en la Zona Norte que pretende ocupar el espacio que en el Congreso del Estado tiene Xóchitl Contreras.

La propia Xóchitl está registrada como aspirante e intentará hacer valer su derecho a la reelección en el Distrito 05 local, el más peleado de todos.

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Entre el equipo de la estructura estatal también se anotó y acudió a la entrevista con la Comisión de Evaluación la titular del Registro Civil Zona Norte, Karla Gutiérrez, lo mismo que Itzel Paulina Pinedo, coordinadora de Vinculación de Municipios en el Instituto Chihuahuense de la Juventud.

Otro de los aspirantes a legislador es Carlos “Chetos” Martínez, un empresario inmobiliario que le hace a la promoción del deporte en las colonias y que ha estado colocando su nombre en algunas bardas de la ciudad.

Hay figuras defenestradas de alguna manera por el grupo en el poder. Es el caso de Sergio Acosta, el exsubsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común que fue reemplazado en el cargo por Austria Galindo.

Hoy está registrado por alguna de las diputaciones y recientemente promovió una impugnación al proceso de selección por la inclusión de Ramón Galindo en el Comité de Evaluación, porque su sobrina Austria participa como aspirante.

El caso es que ahí está en la grilla y su nombre es uno de los 121 aspirantes que pasaron a la segunda fase.

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Dentro de ese número, 56 aspiran a una diputación local y únicamente cinco a una federal.

Otros nueve están en la lista de quienes buscan la candidatura a la alcaldía, seis por la sindicatura y 45 por las regidurías.

Son huesitos muy preciados, aunque actualmente el PAN únicamente tiene en su poder un distrito local.

Con la renuncia del regidor Alejandro Jiménez, el PAN perdió su único espacio en el Ayuntamiento, conseguido en el reparto de las famosas “pluris”.

Hay muy pocas probabilidades de que les toque algo, pero siguen en la fila de 121 suspirantes.