La tecnología, que durante años fue incorporada al discurso educativo como símbolo de modernización, aparece ahora como un objeto que requiere vigilancia, regulación y control.
Con la expansión y masificación de internet, comenzó a incorporarse al mundo escolarizado de la educación básica mexicana la noción de tecnología educativa asociada al uso de dispositivos electrónicos en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Su incorporación, al igual que ocurrió con buena parte del discurso sobre innovación educativa, apelaba a la necesidad de modernizar y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje que, hasta entonces, y todavía, se sostenían en el uso de libros de texto y materiales impresos como principales fuentes de conocimiento escolar. La tecnología aparecía como una promesa de transformación y modernización, una herramienta capaz de ampliar las posibilidades de acceso al conocimiento y diversificar las formas de enseñar y aprender, para insertar a la escuela a los cambios tecnológicos que ocurrían en la sociedad.
Durante las primeras dos décadas del presente siglo, esta expectativa se reforzó con la noción de los llamados nativos digitales, que suponía que las nuevas generaciones, al crecer en contacto permanente con dispositivos tecnológicos, desarrollarían habilidades y capacidades distintas para aprender y relacionarse con el conocimiento. Sin embargo, la pandemia y el confinamiento derivados de la Covid-19 modificaron sustancialmente esta expectativa. La experiencia de la educación a distancia mostró que la simple disponibilidad de dispositivos no garantizaba mejores aprendizajes y que las desigualdades de acceso, conectividad, condiciones familiares, formación docente y apropiación pedagógica de la tecnología tenían un peso mucho mayor del que el eufemismo de los nativos digitales había supuesto.
En este contexto, el debate internacional parece estar experimentando un nuevo desplazamiento, la tecnología, que durante años fue presentada como una posibilidad para mejorar la educación, comienza a ser construida también como un riesgo. El dispositivo digital deja de ser una herramienta y empieza a aparecer como un problema de atención, concentración, convivencia, seguridad, conducta y aprovechamiento escolar. Las respuestas gubernamentales internacionales frente a esta coyuntura son diversas, pero se observa una tendencia hacia la regulación o limitación del uso total o limitado de dispositivos personales durante la jornada escolar. El problema es que estas respuestas no siempre se acompañan de políticas e inversiones destinadas a fortalecer las condiciones materiales, pedagógicas y formativas necesarias para que la tecnología pueda efectivamente ocupar un lugar educativo dentro de las escuelas.
México se incorpora, a partir del próximo noviembre, a los más de cien países que han establecido algún tipo de regulación nacional sobre el uso de dispositivos digitales en las escuelas. Una referencia importante para este proceso ha sido el marco argumentativo planteado por la Unesco en el Global Education Monitoring Report de 2023, que no propone una prohibición generalizada de la tecnología en las aulas, sino que sostiene que su utilización debe justificarse cuando exista una contribución clara al aprendizaje. El asunto, por tanto, no consiste simplemente en decidir si la tecnología debe estar dentro o fuera de la escuela, sino en establecer en qué condiciones, para qué propósitos y con qué criterios su utilización tiene sentido educativo.
Los diferentes casos internacionales permiten observar que no existe una única forma de responder a este problema. En Francia, por ejemplo, la regulación contempla la prohibición de diversos dispositivos personales, entre ellos teléfonos celulares, relojes inteligentes y tabletas; la medida no se limita a establecer reglas de conducta, sino que incluye los medios materiales para hacerla posible como casilleros, bolsas especializadas para su confinamiento y otros espacios destinados al resguardo de los dispositivos durante la jornada escolar.
En Inglaterra, la regulación se ha articulado alrededor de la idea de centros escolares libres de celulares, pero la medida se vincula además con un esquema más amplio de regulación de los comportamientos escolares. El uso de los teléfonos es relacionado con problemas de convivencia, seguridad, gestión escolar y concentración del alumnado, así, desde esta perspectiva, el dispositivo digital deja de ser tratado exclusivamente como un objeto tecnológico y pasa a formar parte de los problemas de comportamiento dentro de las instituciones escolares.
En los Países Bajos la aproximación es diferente, la política nacional adoptada establece restricciones al uso de dispositivos digitales personales durante los momentos de enseñanza, pero evita convertir la regulación en una prohibición total dentro del espacio escolar y conserva márgenes de autonomía para que sean las propias escuelas las que determinen los momentos y las condiciones de acceso y utilización.
El carácter de las políticas de regulación a nivel internacional es variado, existen respuestas que se aproximan a la prohibición general, mientras otras regulan tiempos, espacios, usos y comportamientos, pero aparece un elemento común, limitar el uso personal y no autorizado de los dispositivos durante los periodos destinados a la enseñanza. En algunos casos se considera la posibilidad de utilizar la tecnología cuando responda a una finalidad pedagógica.
En el contexto latinoamericano, particularmente entre los países que forman parte de la OCDE, los datos disponibles muestran también una realidad heterogénea. En promedio, alrededor de la mitad de las y los estudiantes se encuentran en escuelas donde existen restricciones al uso de dispositivos personales durante la jornada educativa.
En términos generales, la regulación contemporánea de los dispositivos digitales personales parece concentrarse en una distinción fundamental, restringir su uso personal no necesariamente es rechazar su uso educativo, la tecnología se legitima cuando se justifica alguna contribución a procesos de aprendizaje. En algunos casos la regulación se extiende hacia marcos jurídicos y políticas más amplias de ordenamiento de los comportamientos escolares. En México, la regulación no surge de la nada, ya que responde a un debate nacional que adquirió mayor visibilidad en los medios de comunicación a partir de la difusión de los últimos resultados de PISA.
No tardaron en aparecer interpretaciones alarmistas que asociaron los bajos niveles de desempeño del alumnado mexicano con el uso de teléfonos celulares, que devino en una explicación simplista: los celulares distraen y, por lo tanto, deben limitarse, esto invisibiliza que problema es más complejo e implica no solo los dispositivos, también las condiciones escolares, desigualdad social, prácticas pedagógicas, entre otros factores.
La norma que entrará en vigor en México el 3 de noviembre de 2026 responde a un problema que ha sido definido institucionalmente alrededor de categorías como atención, concentración, convivencia y aprovechamiento escolar. La SEP no plantea un rechazo absoluto al uso de dispositivos, si no que hace énfasis en el uso considerado excesivo, inadecuado o no regulado. La tecnología se presenta menos como una posibilidad pedagógica y más como una fuente potencial de distracción y riesgo escolar, de este modo, la regulación mexicana recurre al carácter incremental e inmediatista de las respuestas gubernamentales.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la decisión federal busca establecer un marco común para el país para una problemática que ya había sido atendida por distintas entidades federativas, es una intervención que no parte de cero, que acumula y generaliza respuestas previamente existentes. Reconocer este antecedente no elimina la posibilidad de analizar su carácter incremental, que no implica necesariamente improvisación ni supone, por sí mismo, que la norma sea incorrecta, sino que permite observar, cómo frente a problemas públicos complejos los gobiernos tienden a intervenir sobre aquello que resulta más visible, regulable y políticamente comunicable, en lugar de transformar las múltiples condiciones que producen el problema.
En este caso, la regulación de los dispositivos ofrece una intervención relativamente concreta al establecer cuándo, dónde y en qué condiciones pueden utilizarse. Sin intervenir, en cambio, sobre las causas estructurales relacionadas con el aprendizaje, la convivencia, la formación docente, la desigualdad digital o las condiciones materiales de las escuelas; lo que exige políticas más prolongadas, mayores recursos y transformaciones menos visibles en el corto plazo y que, además, no se traducen en votos.
Por ello, la pregunta de fondo no debería reducirse a si los celulares deben o no utilizarse en las escuelas. El problema es más amplio y nos lleva al cuestionamiento ¿qué tipo de política educativa se construye cuando la respuesta frente a un problema complejo consiste en limitar el dispositivo que lo hace visible? Limitar el uso de los dispositivos digitales personales puede resolver parcialmente el problema de distracción o de convivencia, pero difícilmente se convertirá en una estrategia de transformación educativa.
Una regulación que no se acompaña de inversión en conectividad, infraestructura, dispositivos escolares, recursos digitales y formación docente para su utilización pedagógica, terminará actuando sobre la conducta observable y no sobre las condiciones que permitirían construir otros usos de la tecnología.
No se trata de defender el uso libre de los celulares en el aula ni asumir que toda incorporación tecnológica es pedagógicamente deseable, es conveniente asumir que restringir dispositivos no produce mejores condiciones para aprender, regular una tecnología no equivale a transformar las condiciones educativas.
Una política centrada en la restricción corre el riesgo de privilegiar intervenciones visibles, inmediatas y relativamente sencillas de comunicar, frente a la construcción de alternativas que requieren mayor inversión, continuidad y capacidad institucional. Resulta políticamente más sencillo decirle a la escuela qué dispositivo no debe permitir que construir condiciones materiales y pedagógicas para que pueda utilizar los dispositivos de manera didáctica.
Así, el debate educativo mexicano sobre los celulares en las escuelas debe leerse menos como una discusión acerca de un objeto tecnológico particular y más como una disputa sobre el lugar que la tecnología requiere ocupar en la política educativa. La pregunta ya no es únicamente si la tecnología ayuda o perjudica al aprendizaje, sino qué hace el Estado cuando una herramienta que durante años fue presentada como parte de la modernización educativa comienza a ser construida como un riesgo que debe ser regulado.
Si limitar el uso personal de los dispositivos pretende abrir mayores posibilidades para la concentración y el aprendizaje, esa restricción tendría que formar parte de una política más amplia capaz de ofrecer alternativas, de no hacerlo, la prohibición puede terminar siendo una respuesta eficaz para ordenar un comportamiento, pero insuficiente para transformar las condiciones en las que ocurre la enseñanza.
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