La exhibición de vehículos de la empresa automotriz MG México en el memorial del Campo Algodonero desató indignación entre defensoras de derechos humanos y provocó que el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) exigiera que el espacio no vuelva a utilizarse con fines comerciales o recreativos.
El memorial, reconocido internacionalmente como un lugar de memoria por los feminicidios de ocho mujeres cuyos cuerpos se encontraron en ese sitio en 2001, se utilizó para la promoción de automóviles.
Verónica Corchado, defensora de los derechos humanos y extitular del IMM, calificó la acción como una falta de respeto a las víctimas y sus familias, y llamó a la comunidad y a las autoridades a defender el significado del lugar.
Hace 25 años el sitio era un terreno baldío; hoy recuerda las voces de las ocho mujeres encontradas ahí. También es un punto de reunión para continuar exigiendo justicia por las mujeres desaparecidas, asesinadas, abusadas y víctimas de agresores que, en su mayoría, siguen sin identificar.
Corchado recordó que el caso de los feminicidios llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Después de que los hechos se difundieron, el IMM, a través de un comunicado, exigió a la empresa abstenerse de realizar actividades de exhibición, promoción o cualquier otra acción con fines comerciales o recreativos.
“El memorial tiene un profundo significado: representa una expresión de la lucha por la verdad, la justicia, la dignidad y la no repetición”, señaló.
Una de las principales razones por las que el caso se llevó ante autoridades internacionales fue que las familias de las víctimas agotaron los recursos internos para obtener justicia; es decir, las autoridades municipales, estatales y federales no atendieron eficientemente las denuncias.
Fue hasta 2009 cuando la Corte IDH estableció una serie de medidas que el Estado mexicano debía cumplir para indemnizar a las familias afectadas y reparar los daños provocados a partir de una estructura social que continúa fracturada por los constantes asesinatos y desapariciones.
Además, una de las disposiciones fue precisamente colocar un memorial que “dignificara la memoria de las víctimas”.
Las autoridades también son responsables
El mensaje de Corchado fue contundente: expresó que las autoridades son las responsables permanentes de conservar el memorial en condiciones favorables para brindar a las madres y familias un espacio digno y evitar que una empresa lo vulnere sin respeto por su significado.
Incluso, lo imagina como un “verdadero sitio vivo de memoria”, un lugar que debería presentarse ante la ciudadanía mediante recorridos educativos permanentes que integren la historia y el sentido de la existencia del memorial, con archivos históricos, exposiciones, testimonios y expresiones culturales que reafirmen el respeto que merecen las víctimas.
Además, mencionó en sus redes sociales que no basta con sentir indignación, pues se trata de un hecho que no debe pasar inadvertido, ya que evidencia la falta de empatía y educación de la empresa.
“Alzar la voz sigue siendo necesario. Los derechos que no se defienden pueden terminar normalizándose como derechos prescindibles”, afirmó.
Expresó que también es necesario enseñar a niños y jóvenes lo que representa un espacio digno de memoria y justicia como este, que debería ser fundamental para educarlos y ayudarlos a conocer los derechos humanos.
“Para enseñarles que lo que allí pasó no debió nunca pasar; para hablarles de dignidad, igualdad, memoria, prevención de las violencias y del compromiso colectivo de que aquello no vuelva a repetirse”, señaló.
El 6 de noviembre de 2001 encontraron ocho cuerpos de mujeres en un campo algodonero ubicado en el paseo de la Victoria. En 2009, la Corte IDH declaró responsable al Estado mexicano por la falta de prevención, la ineficacia y negligencia en la investigación de los crímenes y la discriminación de género contra las mujeres.
Aunque fueron ocho vidas las que se silenciaron, solo tres familias resistieron durante años las limitaciones legales para continuar exigiendo justicia. Por ello, el caso se conoce mundialmente como “González y otras vs. México”.
No olvidemos sus nombres:
- Claudia Ivette González, de 20 años
- Esmeralda Herrera Monreal, de 15 años
- Laura Berenice Ramos Monárrez, de 17 años
- María de los Ángeles Acosta Ramírez, de 19 años
- Mayra Juliana Reyes Solís, de 18 años
- Merlín Elizabeth Rodríguez Sáenz, de 17 años
- María Rocina Galicia Meraz, de aproximadamente 17 años
- Verónica Martínez Hernández, de 18 años
