La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) del caso de las víctimas del Campo Algodonero contra el Estado mexicano “sentó un precedente jurídico para un mejor acceso a la justicia”, aseguró hoy la coordinadora de Transversalización del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), Yesenia Arlet Hidalgo González.
Ayer el académico Alfredo Limas Hernández, de la UACJ, señaló que pese a lo ordenado por la CoIDH aún no se identifica a la octava víctima de los hallazgos del 6 y 7 de noviembre de 2001.
Del mismo modo, reclamó que no existen conclusiones finales, y “lo más importante sigue sin cumplimiento”.
Por su parte, hoy Hidalgo González aclaró que esas responsabilidades corresponden a Gobierno del Estado, que es quien debe garantizar el acceso a la justicia.
En cuanto al Gobierno municipal, comentó, a un año de la declaración de la Alerta de Género para cinco municipios chihuahuenses entre los que está Juárez, se han atendido 51 recomendaciones, que incluyen acciones de prevención y de incorporación de las líneas de acción y recomendaciones en los programas de trabajo de las dependencias municipales.
Agradeció, además, la disposición del alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, y la apertura para trabajar en estos temas.
“Lo más fácil sería no hablar de estos temas, pero hay que sensibilizarnos”, añadió.
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