La defensa de César Jáuregui Moreno se había basado, en principio, en dos argumentos: que él no sabía nada de la participación de agentes estadounidenses y que se pretende instaurar el delito de traición a la patria como instrumento de persecución política.

Sin embargo, el propio Jáuregui, de viva voz, puso otro elemento sobre la mesa que podría cimbrar el proceso y llevarlo hasta las más altas esferas de los órganos de seguridad del país: según su versión, sí avisó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre el operativo e incluso solicitó la presencia de 50 efectivos militares.

Esto abre una enorme brecha entre lo que se ha dicho hasta ahora y lo que sostiene el exfiscal procesado: la operación para localizar un narcolaboratorio no era ningún secreto, pues, según afirmó ante el juez, solicitó el apoyo militar durante una reunión de la Mesa de Construcción de la Paz, en la que participan, además de la Sedena, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y las corporaciones estatales.

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El pasado 24 de octubre, ante el juez federal Alfonso Santos Dorantes, el exfiscal dijo que conocía los riesgos que implicaba realizar el operativo, por lo que pidió el envío de efectivos del Ejército Mexicano. Así ocurrió, según su relato, durante aquel fin de semana trágico del 17 al 19 de abril en El Pinal, cuando la operación quedó marcada por un accidente vehicular en el que murieron cuatro personas, entre ellas dos agentes estadounidenses.

De acuerdo con lo expuesto por Jáuregui, la Sedena participó en el despliegue y brindó cobertura perimetral en el lugar.

En aquella ocasión, sostuvo, no mencionó que participarían agentes de alguna agencia de Estados Unidos porque no lo sabía y, de haberlo sabido, no se lo habría ocultado al Ejército. Al menos, esa fue la versión que presentó ante el juez.

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En un comunicado emitido el mismo sábado 18 de abril, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer la participación de las Fuerzas Armadas en la localización del laboratorio de drogas sintéticas que, en su momento, fue presentado como el más grande encontrado hasta entonces por las autoridades mexicanas.

Un día después, el 19 de abril, el propio Jáuregui, aún como fiscal general, informó que el hallazgo era el resultado de una investigación de tres meses, realizada en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional.

Si las cosas ocurrieron como las cuenta Jáuregui, no hay más que dos sopas: o le ocultaron que participarían cuatro agentes estadounidenses o lo supo y no transmitió esa información a los efectivos del Ejército que estuvieron en El Pinal.

Él sigue insistiendo en que no sabía de la presencia de los agentes extranjeros, que nunca la autorizó ni la ordenó. El problema es que ya lo dijo ante dos jueces, uno local y otro federal, y ambos le dictaron la vinculación a proceso, por delitos distintos, pero relacionados con el mismo hecho.

No hay, por ahora, razones para suponer que la Sedena vaya a salir a hacerle segunda.

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Mientras los Gobiernos municipal, estatal y hasta el federal se la viven agarrados del chongo, la inundación en la avenida Francisco Villarreal, bajo el puente Centauros, trastocó la movilidad de Juárez. La disputa electoral les alcanza para alimentar el pleito, pero no para ponerse de acuerdo y resolver una emergencia que mantuvo cerrada durante tres días una vialidad estratégica.

No podía creer Mirone cómo la inundación de un punto de la ciudad puede desquiciarla completamente.

Nos referimos a la parte más baja de la Francisco Villarreal, justo debajo del puente Centauros, que conecta hacia paseo de la Victoria, donde se acumuló el agua de la tormenta, sin infraestructura pluvial suficiente para desalojarla.

¡Cuánta dependencia de una sola vialidad primaria! Su cierre trastocó toda la conectividad sur-norte y norte-sur, desde la Tecnológico hasta el Libramiento Independencia, con impactos de saturación en otras importantes vialidades como paseo de la Victoria, Ejército Nacional y Gómez Morín.

Siempre la lluvia desnuda las debilidades y hace más visibles los déficits de ciudad en dos grandes rubros: infraestructura para la movilidad e infraestructura hidráulica.

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No había, simplemente, para dónde hacerse, y no fue posible articular una vía alterna porque ni traza urbana existe ni la mínima y más lógica conectividad, un problema que se multiplicó con las calles aledañas destrozadas, además de anegadas.

Había tramos intransitables en la Jilotepec, hacia su entronque con la Juárez Porvenir o hacia la Tecnológico. No se diga de la Juárez Porvenir hacia el Valle o junto al cruce del Libramiento Independencia, donde la acumulación de agua deshizo el pavimento.

Pero si es de no creerse que una ciudad del tamaño de Juárez colapse cuando se le estrangula una de sus vialidades, más increíble es la poca capacidad de respuesta de las autoridades para dar solución urgente a un problema.

¡Tres días para desalojar más de un millón de litros de agua de una vialidad estratégica! Ya no sabe Mirone si reír o llorar. Claro que las lluvias que sufrimos son atípicas y los acumulamientos son mayores porque los suelos y los vasos de captación están saturados, cancelando la posibilidad de que el agua se infiltre, pero en verdad asombra la incapacidad para una respuesta más rápida de extracción y desfogue.

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Una situación especial ameritaba una respuesta en el mismo sentido y, si no se tienen todos los recursos o los equipamientos, pues se gestionan de manera extraordinaria ante cualquier organismo privado o público, de cualquier orden de Gobierno.

¿Por qué, en lugar de dos bombas, no utilizar 10 o 20, o conseguir el doble o el triple de pipas para transportar el agua?

La verdad es que no se puede esperar mucho más si los funcionarios y gobernantes municipales, estatales y federales se la viven agarrados del chongo.

Lamentablemente, la dinámica electoral que todo lo trastoca genera más incentivos para el conflicto que para el consenso.

El caso es que la ciudad sufre históricamente por esa falta de acuerdos que imposibilita la priorización de inversiones en una misma dirección —obras de movilidad y de infraestructura hidráulica—, y no se resuelven ni los problemas coyunturales, menos los estructurales.

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La salida de Guadalupe Taddei Zavala llegó en un momento crucial para el Instituto Nacional Electoral (INE) en Chihuahua, justo cuando estaba por concluir el proceso de asignación de plazas vacantes y el nombramiento de consejeros distritales, además de avanzar la renovación de credenciales vencidas y el reclutamiento de quienes se encargarán de supervisar el proceso electoral 2026-2027.

Poca cosa: los consejos distritales son instancias clave para la organización de los comicios, pues ahí se toman decisiones fundamentales, como el número de casillas que se instalarán y su ubicación. Este último fue uno de los puntos más discutidos por Morena en procesos anteriores, cuando se quejaba de que, de repente y sin previo aviso, cambiaban de lugar las mesas receptoras del voto.

Serán nueve los titulares de los consejos distritales que deberán recibir su nombramiento para iniciar operaciones a más tardar el próximo 11 de noviembre. Es decir, la fecha ya está encima. La vocalía ejecutiva del INE en el estado tiene todo listo para llevar a cabo la selección de los titulares, pero ahora sin la influencia de Taddei en la máxima instancia electoral del país.

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Como ya es sabido, la estructura del INE en el estado tendrá a su cargo la organización del proceso del que saldrán los nueve diputados federales que representarán a Chihuahua en la próxima legislatura del Congreso de la Unión.

Para ello, se contempla la instalación de cerca de 6 mil casillas en todo el estado, cada una con al menos cuatro funcionarios: una persona en la presidencia, otra en la secretaría y dos escrutadores. Eso representa un total de 24 mil personas, si no es que más.

Todo ese ejército de ciudadanos dedicará el domingo 6 de junio de 2027 a recibir y contar los votos, después de participar en una serie de actividades previas a la jornada electoral, como la capacitación y la recepción del material necesario.

Son los detalles finos de cada elección, tareas que ahora deberán realizarse sin la «mano pachona» de la anterior directiva del INE, cuya estructura quedó sacudida tras la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia.

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Los procesos ya están en marcha y, hasta ahora, las actividades del INE en Chihuahua han transcurrido sin mayores sobresaltos. El problema es que el proceso nació enturbiado desde antes de su inicio formal, cuando Claudia Arlett Espino renunció a la Secretaría Ejecutiva del organismo. ¡Y apenas iban a decir que estaba todo listo!

Un mes después, el INE se queda sin presidenta y con un enorme escándalo a cuestas, alimentado por la oleada de denuncias que han aflorado en la última semana: nepotismo, tráfico de influencias, compras irregulares, malos tratos al personal y lo que se acumule esta semana.

Desde el punto de vista operativo, el INE está listo para arrancar, al menos en Chihuahua. Tiene todo en orden: consejeros designados, instalaciones adecuadas para operar y tareas que, hasta ahora, se han cumplido en tiempo y forma.

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De por sí el PRI anda muy disminuido en todo el estado y todavía le están renunciando sus pocos cuadros.

Vaya paradoja: el PRI perfila la alianza con el PAN para no desaparecer del mapa electoral, pero ese afán de cuidar la alianza con los panistas le cobró factura en Hidalgo del Parral, en sentido contrario.

La síndica Dalila Villalobos y el regidor de Gobernación, Vicencio Chávez, anunciaron su renuncia al tricolor.

Acusaron falta de respaldo a sus responsabilidades públicas de fiscalización y vigilancia de la administración municipal azul que en la capital del mundo encabeza Salvador “Chava” Calderón.

Todavía más. Dijeron renunciar porque no aguantan la subordinación de su dirigencia frente al PAN.

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Los funcionarios consideran que el PRI ha cedido espacios de decisión y conducción a otras fuerzas políticas, en perjuicio de su propia identidad partidista y de la participación de sus militantes.

Dalila, la síndica, aseguró que solicitó a la dirigencia deslindarse de prácticas irregulares del Gobierno municipal y desvincularse del PAN en el ámbito local, pero nunca fue escuchada.

Lo que adelantaron es que permanecerán en el Ayuntamiento como independientes, aunque no faltan los malpensados que ya los ven en Morena. Ni modo que estén pensando en Movimiento Ciudadano, cuando en ese partido están más entregados al PAN que el propio PRI.

Las dos figuras reconocieron haber recibido propuestas de distintos partidos, pero juran y perjuran que no han aceptado ninguna.

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Por cierto, la única regidora del PRI en Juárez, Mireya Porras, es tricolor y opositora a Morena únicamente en el papel. Opera con el equipo guinda y todo les vota a favor. Formalmente no ha renunciado al PRI para irse a Morena, pero en los hechos ya nadie la ve como priista.

Acá, la mayoría guinda en el Ayuntamiento prácticamente no tiene oposición. Alejandro Jiménez, el expanista que se declaró regidor ciudadano, por no decir independiente, se ve trabajando muy en sintonía con la administración, igual que pasa con la regidora emecista Gloria Mirazo, con Fernando Ávalos, del Verde Ecologista, y con la representante del extinto Partido Pueblo, Luz Clara Cristo Sosa.