Cuando está por salir la convocatoria para renovar la dirigencia, ya se calientan motores en la grilla interna de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Chihuahua.

Por lo que se ve, el dirigente saliente, Manuel Quiroz Carbajal, está dejando la víbora chillando y la disidencia frente al oficialismo sindical podría dar sorpresas en esta próxima elección.

Por lo pronto, ya quedó plasmada, en un posicionamiento publicado en redes, la exigencia a la actual directiva encabezada por Quiroz Carbajal para que facilite un proceso transparente y equitativo.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE deberá emitir la convocatoria formal en el corto plazo, toda vez que ya concluyó el periodo de cuatro años de la actual dirigencia.

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Hay distintos grupos internos que han estado alzando la voz, como el Movimiento de Reivindicación Seccional, exigiendo una elección sin coacción y con la realización de debates públicos entre quienes aspiren a la dirigencia.

También aparecieron grupos como TodosXPCE, Maestros en Movimiento Unidos, Movimiento Novel, 1,064, Incremento de Horas y CDL35HRS de Telesecundaria, firmando un desplegado para manifestar su intención de participar cuando se publique la convocatoria y se abra el proceso.

La demanda es por un proceso que deje de lado las descalificaciones, la desinformación y los ataques personales.

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Adelantándose a lo que vendrá, de una vez proponen un debate entre los aspirantes a encabezar o integrar las planillas, en igualdad de condiciones, no únicamente para que presenten sus proyectos quienes se registren, sino también para que respondan a los cuestionamientos de los agremiados.

Otra de las exigencias es que la actual directiva asuma una posición neutral y no vaya a apostarse con un proyecto, a favorecer intereses personales o grupales, a promover la desinformación o a generar divisiones al interior de la organización sindical.

“¡Por un relevo seccional estatutario, transparente, democrático, equitativo, respetuoso y basado en las propuestas, no en la confrontación!”, concluyeron en el posicionamiento.

A ver cómo les va, ya que los procesos internos del SNTE suelen representar todo lo contrario a ese ideal democrático.

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Ya habíamos comentado aquí sobre el caso de la jefa de la Central de Actuarios del Poder Judicial, Marlene Martínez, quien despacha en el edificio de los juzgados civiles y familiares del Eje Vial Juan Gabriel.

Señalamos que se había puesto en sintonía con las inacabables prácticas de corrupción en torno a los juicios de prescripción positiva, el esquema en el que abogados, actuarios y hasta jueces y juezas en materia civil se prestan al fraude procesal para que, con notificaciones y testificaciones falsas o amañadas, el cártel inmobiliario se adueñe de viviendas por toda la ciudad.

El tema ahora es que hay muchas quejas por malos tratos precisamente por parte de sus subalternos. Es un chicotito, lo cual no estaría necesariamente mal, para que cada quién haga lo que deba hacer y se pongan todos a trabajar.

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El punto es que, le cuentan a Mirone, nada más va en contra de algunos, quienes no considera de su equipo y no le son fieles precisamente para trabajar los más jugosos asuntos de los juicios y procedimientos de prescripción.

Ya antes habíamos escuchado que traía a su personal marcando el paso, lo que en principio sonó hasta muy bien, pero ahora las quejas son que de plano se le está pasando la mano y cae en acoso laboral, maltrato y actuación prepotente, pero únicamente en contra de una parte del personal. Como ya dijimos, no es pareja la cosa.

También le pasaron el dato a Mirone que podría explicar su actuación: le han exigido del Tribunal Superior de Justicia números, y números quiere presentar, pero sin considerar lo que enfrentan los actuarios en la calle, en una ciudad tan dispersa y con tantos problemas de movilidad como Juárez. Para presentar una mejor estadística de eficiencia, exige que cada salida termine en notificación, y ahí es donde propicia que se tuerzan las cosas.

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Y eso que ya fue actuaria. Por eso le comentan a Mirone que sabe bien lo que hace y que, más bien, trata de hacer tronar a quien no es de su agrado, aparte del tema de que muy pronto se le subió el poder o el cargo.

Todo porque es muy cercana de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Marcela Herrera. No solo es su amiga. La presidenta es prima del esposo de la jefa de actuarios y por eso, comentan allá por el Eje Vial Juan Gabriel, hace lo que hace.

La última que se aventó es que se fue de vacaciones una semana antes. Todo el Poder Judicial trabaja hasta el viernes 17 de julio —para regresar el lunes 3 de agosto—, pero ella ya adelantó sus vacaciones.

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El enojo hacia el IMSS, al menos en el estado de Chihuahua, ya escaló a niveles que van mucho más allá de la consulta diaria o de la sala de urgencias atiborrada.

Entre actores políticos, empleados del propio Instituto y, sobre todo, empresarios que aportan a su financiamiento, persiste la misma pregunta: ¿qué hacen con tanto dinero como para que ni siquiera haya medicamentos suficientes en las farmacias?

No es para menos. Las aportaciones que realizan obreros y patrones tan solo en Chihuahua alcanzarían para mantener un cuadro básico completo y evitar que los pacientes anden de clínica en clínica para comprobar si, ahora sí, la farmacia ya está surtida, cosa que ocurre muy de vez en cuando.

Son miles de millones de pesos al año los que aportan más de 900 mil trabajadores y poco más de 41 mil patrones, como para que al final los derechohabientes terminen comprando sus medicamentos en una farmacia particular, con cargo a su propio bolsillo. Entonces, ¿a dónde se va todo ese dinero?

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Los críticos del IMSS, que por estos días son miles en el estado, señalan que Chihuahua figura entre las entidades con menor informalidad laboral del país, con un índice cercano al 33 por ciento, mientras que el promedio nacional supera el 50 por ciento.

Esa formalidad implica que cada trabajador contribuye al gasto federal mediante el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) y las cuotas obrero-patronales al IMSS. También aporta a las finanzas estatales a través del Impuesto Sobre Nóminas.

Entonces, ¿por qué ese mayor cumplimiento de las obligaciones fiscales y laborales, muy por encima del que registran otras entidades, no se traduce en mejores servicios médicos y en el abasto suficiente de medicamentos?

La versión que gana terreno entre el sector patronal es que Chihuahua —junto con otro puñado de estados— aporta más de lo que recibe y que buena parte de esos recursos termina reflejándose en otros rubros o en otras entidades. Hasta ahora, el IMSS no ha ofrecido una explicación convincente de por qué el estado no ve reflejadas sus aportaciones en un mejor servicio.

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Desde la administración federal anterior se anunció la construcción de un nuevo hospital del IMSS en la capital del estado para aliviar la carga que soporta la unidad No. 1, mejor conocida como Hospital Morelos. Sin embargo, ya transcurrieron casi dos años de la actual administración y del nuevo hospital prácticamente nadie vuelve a hablar.

Entre las versiones que circulan para explicar el freno al proyecto destaca una: que Chihuahua no se haya adherido al convenio IMSS-Bienestar, al que ya se sumó la mayoría de los estados gobernados por Morena.

Esa negativa, a juicio de muchos, podría explicar por qué no caminan las cosas en esa institución, ni en Chihuahua ni en otras partes del país.

Y si a eso se le agrega el grillerío inmobiliario que desató el anuncio de una nueva clínica, el coctel quedó servido.

El hecho es que, mientras las instancias de Gobierno se enfrascan en sus disputas, los desarrolladores inmobiliarios se confrontan por la ubicación del nuevo hospital y los proveedores siguen sin llenar los anaqueles de las farmacias, quien termina pagando las consecuencias es el derechohabiente.

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La designación del fiscal general del Estado quedó supeditada a la definición de la candidatura del PAN a la Presidencia Municipal de Chihuahua.

A Mirone le vinieron a contar que aquello de nombrar a un titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de tiempo completo, con nombramiento y toda la pompa y circunstancia, se fue complicando cada día más desde que el extitular, César Jáuregui Moreno, se negó a retirarse de la vida política mientras no concluyeran las indagatorias en torno al llamado CIA-Gate en Chihuahua.

Nadie se explica, hasta ahora, cómo es que en una dependencia fundamental para la operación de cualquier gobierno hayan transcurrido ya 78 días —o, lo que es lo mismo, dos meses y medio— sin que se designe a un titular con todas las facultades que el cargo implica. La última vez que alguien despachó con ese carácter fue cuando Jáuregui presentó su renuncia y, de entonces a la fecha, ya ha corrido bastante agua bajo el puente.

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Entre las versiones que le han contado a Mirone destaca una: la estructura actual de la FGE es prácticamente la misma que dejó el anterior fiscal. Pero eso no es todo. Esa estructura anda con un ojo al gato y otro al garabato: uno puesto en las funciones de la Fiscalía y el otro en la precampaña —llámenle como quieran, es precampaña— del exfiscal “desayunador”, quien, ya sin funciones públicas, se da el tiempo y la libertad de organizar reuniones a mansalva.

Con esa mesa puesta, el fiscal en funciones, Francisco Sáenz Soto, no tiene más remedio que valerse de lo que tiene a la mano, aunque ello implique trabajar con personas cuya lealtad política se formó con quien ocupaba antes la oficina que hoy él despacha en calidad de encargado.

Entre las versiones que han circulado desde entonces sobresale un hecho que hoy resulta difícil de discutir: la renuncia de Jáuregui para “favorecer” las investigaciones sobre la probable participación de agentes extranjeros en el descubrimiento de un narcolaboratorio en la sierra de Chihuahua no aceleró las indagatorias; lo que sí apresuró fueron los tiempos electorales.

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Por otra parte, le cuentan a Mirone que el nombramiento del fiscal de tiempo completo también se “rebotó”, como el agua del río cuando llegan los caudales de las lluvias, porque la alineación de fuerzas en el Congreso del Estado ya no es la misma que existía antes del episodio que derivó en la salida del fiscal y hoy aspirante a la Alcaldía de Chihuahua.

Los 22 votos necesarios para aprobar el nombramiento parecían, hasta hace poco, un trámite casi rutinario: los 13 del PAN, tres del PRI, dos de Movimiento Ciudadano, uno del PT, el de la diputada independiente América Aguilar y los dos del PVEM. Total: 22.

El detalle es que, con las precampañas ya desbocadas, el ambiente político cambió y el voto del PT dejó de estar tan a la mano.

El hecho es que, por una cosa o por otra, el calendario electoral terminó por alcanzarlos a un año de la elección de la gubernatura, del Congreso del Estado y de las presidencias municipales, especialmente la de Chihuahua.

En los tiempos electorales siempre hay víctimas inocentes, cadáveres políticos a la orilla del camino y muertos que permanecen guardados en el armario. En esta ocasión, la procuración de justicia parece haberse convertido en uno de ellos.