El Seguro Social y su dirección han agarrado por su cuenta el discurso de que ya no hay desabasto de medicamentos en sus clínicas de todo el país, que las recetas se surten en más de un 80 por ciento y que, al menos por esa razón, se cumple con el compromiso de atender a la población derechohabiente con consulta, análisis y medicinas en un solo viaje.

No tan rápido. Porque aquí el IMSS está incurriendo en una trampa para darle sustento a ese altísimo nivel de cobertura de recetas, pero con una enorme sacada de vuelta al problema que representan sus anaqueles vacíos y la ausencia de algunos de los medicamentos más básicos de la medicina institucional.

Fuentes muy cercanas al problema, provenientes del interior de la institución, le contaron a este Mirone que los derechohabientes reciben recetas que incluyen únicamente los medicamentos que sí están disponibles.

Las demás, aunque las necesiten, aunque sean vitales para su recuperación, simplemente no se las anotan. ¿De qué serviría, si de todos modos no las hay?

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Ahí es donde está el truco: se surte la receta, pero no el tratamiento completo. Eso no significa que el paciente enfermo se vaya a su casa con todo lo necesario para iniciar su recuperación. Lo único que se llevó fue un palmo de narices y, en una de esas, la necesidad de acudir a una farmacia de medicamentos genéricos para completar su cuadro.

Las imágenes a las que tuvo acceso este Mirone metiche no dejan lugar a dudas: las farmacias del IMSS en Ciudad Juárez están prácticamente vacías, casi como una tienda en proceso de liquidación. Ya no hay mercancía, pero tampoco llega nueva.

Ahí se pueden apreciar entrepaños completos con apenas unos cuantos botecitos de plástico o uno que otro montón de cajas de medicinas con las que deben lidiar en la consulta diaria. ¿Y las que no hay? Esas simplemente desaparecen de la receta del paciente.

¡Ah, pero qué listos nos salieron estos!

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Lo que le cuentan a Mirone es que el abandono ha llegado a tal grado que, en ocasiones, no hay ni siquiera paracetamol ni omeprazol, dos de los medicamentos más comunes en la medicina pública y presentes prácticamente en cualquier hogar.

Si no tienen siquiera esos medicamentos, ¿qué se puede esperar de los tratamientos de especialidad?

Lo peor es que el discurso del “estamos avanzando”, del “falta mucho por hacer” o el que ahora se ha puesto de moda en el oficialismo de la 4T, de que “ya cubrimos la demanda de medicamentos”, simplemente no tiene sustento.

Y mientras eso sucede, la población enferma —la que enfrenta padecimientos crónico-degenerativos, recientes intervenciones quirúrgicas o riesgo de accidentes cerebrovasculares— tiene que arreglárselas como pueda: juntar dinero para comprar sus medicinas en una farmacia privada o esperar un milagro.

El problema es que, cuando le descontaron sus cuotas al trabajador, el IMSS nunca le dio la opción de decir “ahorita no tenemos”.

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El tema del IMSS se puso de moda en los últimos días, más por una andanada del Partido Acción Nacional contra la institución —que no necesariamente contra su administración— que por un análisis serio sobre las condiciones en que se encuentra, no de hoy, sino desde hace años.

Entre tanta alegata, nadie se puso a hacer la cuenta de cuánto aportan los trabajadores, los patrones y el propio Gobierno Federal; menos aún, de cuántas personas atiende cada año el Instituto y, todavía menos, de los factores que lo han dejado prácticamente en los huesos.

Con base en las cifras oficiales disponibles, este Mirone les puede asegurar que, tan solo por las aportaciones de los trabajadores, el IMSS recaudaría en Chihuahua más de 2 mil 700 millones de pesos al año. Y eso corresponde únicamente a quien menos contribuye de los tres participantes en el financiamiento del Instituto.

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Los datos oficiales revelan que en Chihuahua hay 961 mil 944 trabajadores inscritos en el IMSS, con un salario promedio mensual de 21 mil 358 pesos. Eso arroja una masa salarial de 20 mil 545.1 millones de pesos al mes, únicamente por concepto de remuneraciones en el estado.

Si la aritmética y las tablas de multiplicar que aprendimos en el cuaderno Polito no andan mal, esa masa salarial debería generar alrededor de 2 mil 700 millones de pesos al año en aportaciones de los trabajadores, si se considera que su contribución equivale al 1.125 por ciento del salario base de cotización.

Y todavía falta calcular lo que aportan los patrones y el Gobierno Federal.

Estamos hablando de una bolsa de recursos que rebasa el presupuesto anual de varios Gobiernos estatales. Entonces, ¿por qué un derechohabiente debe esperar meses para conseguir una cita con un especialista?

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La respuesta simplona de nuestros días es que el Gobierno actual no sirve —y no andan tan errados— o que los anteriores dejaron caer al Instituto —y tampoco les falta razón— a lo largo de los años.

Pero esa explicación deja fuera otros factores de fondo.

Si se atiende a los propios datos del IMSS, solo en Chihuahua se practican más de 57 mil intervenciones quirúrgicas al año y se otorgan más de 3.7 millones de consultas en los distintos niveles de atención.

¿Es mucho o es poco? Depende desde dónde se mire. El verdadero problema es que las fuerzas políticas se han enfrascado en una guerra mediática que tiene a esa importantísima institución en medio del fuego cruzado, mientras casi nadie se detiene a explicar por qué un derechohabiente termina comprando en una farmacia privada los medicamentos que no encontró en la del Seguro Social.

Los días pasarán y el tema del IMSS irá quedando atrás, como esas canciones que un día estuvieron de moda y después nadie volvió a escuchar. El problema, en cambio, seguirá ahí. Y, hasta ahora, nadie ha puesto sobre la mesa una solución que suene realmente viable y no meramente electorera.

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Los Gobiernos de todos los niveles enfrentan ahora una batalla que difícilmente podrán ganar y que, una vez consumada su derrota, podría enviarlos a una bancarrota sin precedentes.

Se trata de la andanada de amparos contra los sistemas públicos de salud, llámense IMSS, Issste, MediChihuahua o IMSS-Bienestar. El nombre es lo de menos; la instancia de Gobierno, también.

La demanda consiste en pedir la protección de la justicia federal para obligar al Estado a proporcionar atención médica de cualquier nivel, sea o no derechohabiente quien la solicite.

Así, como se lee: haya pagado cuotas o no, eso pasa a segundo término.

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Para darnos una idea de la dimensión del problema: de los cerca de cuatro millones de habitantes de Chihuahua, apenas alrededor de un millón realiza aportaciones a algún sistema de salud pública.

El grupo más numeroso corresponde a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 958 mil 533 trabajadores que cotizan. Después vienen los más de 12 mil trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y otros tantos del Gobierno Federal.

En conjunto, ni siquiera una tercera parte de la población sostiene, con sus cuotas, los sistemas públicos de salud.

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Sin embargo, el argumento de los abogados que han tomado esa bandera parece lapidario: la salud es un derecho consagrado en la Constitución y, si existe alguna ley que limite ese acceso —como la del IMSS, por ejemplo—, entonces esa restricción sería inconstitucional.

El sustento de las demandas está en el Artículo 4.º de la Constitución, cuyo tercer párrafo establece: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”. Es cierto que el propio texto señala que la ley definirá las bases y modalidades para acceder a los servicios, pero no restringe el derecho en sí mismo.

¿Qué pasaría si ese criterio termina imponiéndose? Basta con echar un vistazo a las salas de urgencias de los hospitales públicos, saturadas incluso para atender a sus propios derechohabientes.

Si hoy no alcanzan los recursos para quienes sí cotizan, ¿qué ocurrirá si los tribunales obligan a atender también a quienes nunca aportaron al sistema?

Hasta ahora, según le contaron a Mirone, ya son decenas de demandas de amparo las que han llegado a los juzgados de distrito.

Más vale que los Gobiernos empiecen a preocuparse, porque si ese criterio se convierte en jurisprudencia, ya no habrá forma de decirle a un enfermo que regrese a casa porque no trajo credencial o tarjeta de citas.

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La pachanga de las carteleras espectaculares arreciará en los próximos días, de cara al arranque formal de los procesos internos de los partidos políticos para elegir a sus candidatos. Ahí sí que, “sin importar colores ni orígenes partidistas”.

Según le contaron a Mirone, al menos quienes ya andaban muy avanzados en eso de tapizar las ciudades del estado con anuncios espectaculares le van a meter todos los kilos a partir de la próxima semana, porque se viene un cierre fuerte.

Cualquiera podría preguntarse qué más falta por mostrar, si los rostros de los funcionarios que quieren dejar el cargo para ir a “sacrificarse” por la patria en algún otro —pero de elección popular— ya están vistos y requetevistos.

Pero sí: lo que viene hará que, como dice la canción, que “el cielo de Chihuahua sea testigo…” de una guerra interna en los partidos donde nadie da cuartel… y mucho menos rinde cuentas.

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A partir de la próxima semana, le contaron a Mirone, vendrá un “cierre fuerte” de Gilberto Loya, el Capi Centinela, para afianzarse como un aspirante serio a la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) al Gobierno del Estado.

Operadores del aún secretario de Seguridad Pública del Estado le aseguran a Mirone que la urgencia es doble: que la gente lo conozca y que quede clara su intención de competir por la gubernatura, y por nada más.

Lo anterior, porque en las últimas semanas circuló el rumor de que declinaría, en un supuesto acuerdo con el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, para buscar la Presidencia Municipal de Juárez.

¿En serio alguien se creyó ese cuento?

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En la capital, donde la pelea ya se libra “en lo más alto”… de los postes donde cuelgan las carteleras, la batalla se pondrá todavía más colorida con el ingreso de nuevos aspirantes, la salida de algunos y la insistencia de otros —¡ese Jáuregui, ahí le hablan!— en seguir suspirando por un cargo de elección popular.

Y mientras el cielo de nuestras ciudades se tiñe de colores políticos, ya hubo quien levantó la voz para exigir que los servidores públicos se dediquen de tiempo completo a sus funciones y, de paso, expliquen de dónde salió tanto dinero para publicidad disfrazada de entrevistas.

Fue el sector privado el que dio el manotazo sobre la mesa, y se les puede agradecer, porque las autoridades electorales se han dedicado a batear las quejas de los inconformes hacia partidos y aspirantes por tanto despilfarro publicitario.

A ver si el llamado de los sectores productivos logra poner un poco de orden en este río revuelto que se ha convertido en la antesala de las campañas.