El que es buen juez, por su casa empieza y, en el caso de Gabriel Galván Morales, al menos ya se cumplió la segunda máxima: la evaluación de su desempeño comenzó en su propia casa, el Juzgado Quinto de Distrito, foco de unos reclamos laborales y sindicales como no se habían visto en años dentro del sistema de impartición de justicia del país.

Ayer viernes, los enviados del Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial del Tribunal de Disciplina Judicial a Ciudad Juárez continuaron con el “Procedimiento de Evaluación de Seguimiento Especial” al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez.

Nosotros, a ras de calle, lo diríamos de otra manera: continuaron revisándole las cuentas y jalándole las orejas. Y no era para menos, pues las quejas en su contra ya llenaban, con facilidad, un archivero entero.

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La visita, sin embargo, distó mucho de ser protocolaria o de apegarse a la formalidad que implica una revisión de un órgano del Poder Judicial de la Federación a uno de sus juzgadores —en este caso, el juez Gabriel Galván Morales—. Los trabajadores sindicalizados recibieron a la comisión con expresiones de repudio hacia su jefe.

Con gritos de “¡Basta de acoso!” y cartulinas con leyendas alusivas a los reclamos que han venido planteando desde hace semanas, los inconformes buscaron transmitir a la delegación enviada desde la capital que el ambiente laboral en ese juzgado ya es irrespirable. A su juicio, no bastaba una revisión ni un simple llamado de atención al juez; era necesario considerar seriamente su remoción.

Pero los meses de enojo acumulado entre los sindicalizados no se enfriaron con la sola visita de los emisarios del Poder Judicial de la Federación. Por el contrario. Una vez que la comisión ingresó para iniciar la revisión, los manifestantes entraron también al edificio ubicado sobre la avenida Tecnológico y se plantaron frente al mismísimo Juzgado Quinto de Distrito. Ahí, para que el juez Galván Morales los escuchara de viva voz.

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Como si se tratara de un pleito entre líderes de colonia, el juez salió a pedirle al dirigente sindical que pasara a dialogar, pero este no aceptó. Oportunidades para hablar ya había tenido y las dejó pasar, respondieron. Si habían llegado hasta ese punto era, precisamente, porque nunca quiso abrirse al diálogo ni escuchar a sus trabajadores.

A Mirone le cuentan que luego vinieron los dimes y diretes, con expresiones más propias del lenguaje carcelario que de quienes tienen en sus manos la impartición de la justicia. El intercambio no hizo sino avivar los ánimos y enturbiar todavía más un ambiente que ya estaba suficientemente enrarecido.

El resultado de la auditoría se conocerá en los próximos días y hasta entonces sabremos qué suerte les depara tanto al juez como a sus empleados. Por lo pronto, lo que queda de manifiesto es que la renovada “Corte del Bienestar” ha generado, hasta ahora, más malestar que otra cosa: entre usuarios, abogados y los propios operadores del sistema judicial.

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El pleito entre las hermanas dueñas de la franquicia del Partido del Trabajo (PT) no es nuevo, pero vaya que cobró vigencia ahora que el Partido Verde metió tremendo ruido en el proceso morenista de elección de la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación, a partir de las declaraciones de su coordinador político nacional, Arturo Escobar.

La diputada local América Aguilar Gil salió con todo el peso del apellido de su papá, el fundador del PT, Rubén Aguilar Jiménez, a decir que su partido estaba, igual que lo expresó Escobar —aunque luego reculó en parte al señalar que el Verde aceptaría lo que diga la encuesta—, a favor de la candidatura de Cruz Pérez Cuéllar.

De inmediato respondió la hermana, la diputada federal e integrante del Comité Ejecutivo Nacional del PT, Lilia Aguilar, descalificándola para hablar a nombre del partido, no nada más porque no es dirigente, sino porque ya ni siquiera es militante.

El dato de su renuncia al PT se tenía guardado. La carta de renuncia de América es de enero de este 2026, y lo más que se había hecho público, desde 2024, cuando tronaron las hermanas al renovarse el Congreso del Estado, es que deshicieron el grupo parlamentario, porque América Aguilar e Irlanda Márquez —la diputada incondicional de Lilia— no pudieron trabajar juntas ni ponerse de acuerdo. Ninguna aceptó ser coordinada por la otra.

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En medio de aquel pleito por el control de las prerrogativas del Congreso del Estado, América también fue removida de la presidencia estatal del partido, a donde Lilia envió a otra de sus hermanas, Tania Matilde Aguilar, para hacerse cargo formalmente.

Aunque el control político está en el centro de la disputa, también es sabido que el motivo de mayor fondo en el diferendo entre hermanas y hermanos es el control del dinero. Aparte del manejo de los recursos del Congreso del Estado, ahí donde se habla de nóminas extendidas y administración de plazas.

Hay rentas de propiedades, incluidos locales en El Pasito, en la ciudad de Chihuahua, pero también el usufructo de infinidad de terrenos en colonias que fundaron desde los tiempos del CDP, además de otros predios que compraron, vendieron o de los que tomaron posesión.

Hablamos de todo un emporio inmobiliario. Incluso, se enteró Mirone, que ese fue parte del origen de la bronca por las herencias, luego de la muerte de la matriarca, Matilde Gil.

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En ese pleito político-financiero, del lado de Lilia Aguilar se quedó Tania Matilde, mientras que Rubén Aguilar Gil ha hecho mancuerna con América Aguilar. En el caso de Hanoi Aguilar, se desligó prácticamente de la familia y del PT, arropándose con el PAN y el equipo de Marco Bonilla en la Presidencia Municipal de Chihuahua, donde cobra como funcionaria.

De la dupla América-Rubén se supo el año pasado que la diputada local cabildeó desde el Congreso del Estado con el grupo panista en el poder estatal para asegurarle al también exdiputado un espacio como magistrado en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, al aparecer en los acordeones que operó la estructura azul estatal.

En ese lado de la familia traen más abierta la apuesta con el PAN y Palacio, aunque en el Congreso del Estado todo mundo sabe que Lilia Aguilar también hace sus propias negociaciones a nombre de la diputada Irlanda Márquez, con todo y que en ocasiones armen la jugada para acompañar a Morena, su aliado formal a nivel federal.

Ahora Lilia habla de neutralidad del PT en la contienda interna, aunque muy al inicio de la adelantada carrera se le vio en sintonía con el proyecto del alcalde con licencia y, después, ya en otro momento, en cercanía personal con Andrea Chávez e incluso con sus apoyadores en la burbuja morenista de la Cámara Alta.

Ahora sí que por todos lados están las apuestas cruzadas en los distintos proyectos políticos y es en el plano estatal donde se develan con mayor crudeza esas contradicciones.

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Ahora que Arturo Escobar se puso en el ojo del huracán por abrirse de capa con Cruz Pérez Cuéllar, justo en medio de los procesos internos para definir la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación, no faltó quién recordara un antecedente del coordinador político nacional del Partido Verde.

Lo que se enteró Mirone es que, en la mesa nacional de negociación para la alianza estatal de 2024, Arturo Escobar abiertamente llegó a decir que no iban con Morena en Chihuahua, porque el PAN les estaba garantizando el apoyo para obtener una mejor renta electoral y la recuperación del registro estatal.

Escobar habría sido enlace y negociador con la estructura azul e incluso con Palacio, por lo que finalmente optó por no ir en la alianza total con Morena, lo que a la postre les generó un espacio en el Congreso del Estado y algún ayuntamiento, además de haber recuperado el registro estatal y las prerrogativas.

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En ese sentido, nunca fue extraño que el Partido Verde en el Congreso del Estado se sumara prácticamente en automático al bloque mayoritario encabezado por el PAN, dejando siempre de lado a Morena, su aliado en el ámbito federal.

Arturo Escobar ya se desdijo en parte de sus declaraciones en Juárez, al señalar que el PVEM aceptará lo que diga la encuesta y respaldará a quien resulte favorecido en Chihuahua. Sin embargo, se ve que trae por acá su propia jugada y sus propios intereses, muy de la mano del dirigente estatal del Verde, Octavio Borunda.

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Todavía es hora de que la presidenta nacional del PVEM, Karen Castrejón, no aclara la postura formal de su partido, aunque ella también se metió hace rato en camisa de once varas porque, justamente en Juárez, vino a levantarle la mano a Andrea Chávez, su compañera en el Senado de la República, durante otra asamblea informativa en la que liderazgos de Morena le dieron el espaldarazo a la chica del relevo generacional.

Ya lo decíamos en el otro segmento: andan muy cruzadas las apuestas y las preferencias entre los distintos liderazgos partidistas, en medio de la grilla por las definiciones internas rumbo a 2027.

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Un nuevo frente de batalla se ha abierto entre los Gobiernos estatal y federal en las últimas dos semanas y, a juzgar por los antecedentes, no parece que vaya a terminar de muy buena manera.

Se trata del forcejeo que traen las juntas de agua del estado —desde la Junta Central de Agua y Saneamiento hasta las municipales— con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por las suspensiones del suministro eléctrico que afectan a los pozos y equipos de bombeo encargados de llevar agua a los hogares de Chihuahua.

Sí, la queja suena razonable, porque la sola falla de una línea de transmisión ha dejado sin agua a cientos, si no es que a miles, de personas. Solo que hay un pequeño detalle: la CFE tiene más de 4 mil millones de razones para dejar los asuntos de Chihuahua para después y que aquí se las arreglen como puedan.

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El más reciente encontronazo entre autoridades de Chihuahua y la CFE comenzó hace unas semanas, cuando el presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de la capital, Alan Falomir, enderezó sus baterías contra la paraestatal al responsabilizarla de las bajas en el suministro que padecieron miles de usuarios durante los días más calurosos del verano.

Sonó a una especie de “yo no fui, fue la CFE”, porque el famoso Cabrito Falomir atribuyó a la empresa que sectores enteros de la ciudad se quedaran sin agua debido a que tardó más de 17 horas en reparar una falla y restablecer una torre de transmisión. Como si la JMAS no tardara semanas o meses en reparar fugas, sustituir tuberías o atender los reportes de una población que reclama, simplemente, agua potable en sus casas.

El tono utilizado por Falomir se parecía mucho al que suele emplear el presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Mario Mata, quien con frecuencia funge más como activista de partido que como gestor de soluciones a los problemas —¡problemones!— que enfrentamos todos por la escasez de ese vital líquido.

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Sin embargo, la CFE ya les respondió con el mismo argumento que utilizó cuando le solicitaron tarifas preferenciales para el campo chihuahuense: paguen lo que deben y, si les gusta y les queda tiempo, tomen chocolate.

¿De a cómo es la pedrada? Según la información pública de la propia paraestatal, 4 mil 267 millones de pesos. Así, como se lee. De ese tamaño es el boquete que arrastra el Gobierno de Chihuahua y que no tiene para cuándo tapar.

Ese adeudo se remonta a los tiempos del gobernador César Duarte, cuando firmó un convenio con la CFE para que los chihuahuenses no pagaran directamente el consumo de electricidad, pues el Gobierno del Estado asumiría ese costo. Así ocurrió… solo que nunca pagó. Y las dos administraciones siguientes —la de Javier Corral y la actual, encabezada por Maru Campos— se han negado a reconocer ese pasivo.

Como sea, parece que estamos atrapados en una historia de nunca acabar: unos exigen que les paguen y los otros reclaman que les atiendan el servicio. Y, para como andan las relaciones entre los Gobiernos federal y estatal, no se ve para cuándo puedan ponerse de acuerdo.