Sin duda, la nota política de la semana la dio la irrupción del Partido Verde en el proceso de definición de la coordinación estatal en defensa de la transformación, la figura que antecederá a la candidatura al Gobierno de Chihuahua para 2027.

Siempre hay, por lo menos, dos visiones o dos caras de la moneda. Del lado de los seguidores de Cruz Pérez Cuéllar, la jugada se interpreta como otra pinza que se cierra en la serie de alianzas que le han allanado el camino al alcalde con licencia para echarse a la bolsa la candidatura.

Es la narrativa de que se siguen sumando apoyos en torno al mejor perfil político y a la candidatura más fuerte, para hacer inevitable su confirmación cuando el calendario reclame —en muy corto tiempo— la definición más importante, en una especie de cargada en tiempos de la Cuarta Transformación.

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Sin embargo, desde la óptica de quienes respaldan a la senadora Andrea Chávez, la aparición de Arturo Escobar para dar el espaldarazo público a Cruz Pérez Cuéllar durante una asamblea informativa del Partido Verde, condicionando además la alianza a que sea él el ungido, tiene una lectura muy distinta.

Hablan de desesperación ante un escenario adverso. En esa perspectiva, ven al propio alcalde con licencia colocarse en una situación complicada frente a Morena, porque difícilmente podría deslindarse del condicionamiento planteado por el dirigente verde. La jugada queda como una medida de presión hacia su propio partido.

Y si hay una medida de presión, sería precisamente porque las encuestas ubicarían a Andrea Chávez con mayores preferencias o mejores posibilidades para obtener la candidatura. El propio Arturo Escobar abordó ese punto al señalar que el proceso no debe tratarse como un concurso de popularidad.

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El caso es que la jugada del miércoles sacudió el avispero político y tuvo repercusiones no solo en Chihuahua, sino también en la Ciudad de México.

El coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, quien siempre ha mostrado simpatías por el proyecto de Cruz Pérez Cuéllar, cuestionó el adelanto de Arturo Escobar al pronunciarse por una de las opciones morenistas cuando aún corre el proceso interno entre los tres partidos de la alianza.

“Yo creo que el que esté adelante en las encuestas en su momento debe ser quien nos abandere, pero cualquier pronunciamiento anticipado sí genera esta distorsión y no hay necesidad de hacerlo”, dijo Monreal al referirse al caso Chihuahua, a las dos candidaturas fuertes y a la postura de Escobar.

El zacatecano destacó que algo similar no había ocurrido en los otros estados donde transcurre el proceso entre Morena, PT y Partido Verde, por lo que consideró que el adelanto “sí mueve piezas políticas que son desafortunadas para mí”.

De acuerdo con Monreal, el Partido Verde debió esperar, aunque reconoció que “es una decisión de ellos”.

Vaya que el movimiento político dio de qué hablar… y todo indica que seguirá haciéndolo, tanto en el ámbito local, como en el nacional.

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Lo que comenzó como un conflicto laboral dentro del Poder Judicial de la Federación terminó por convertirse en el primer gran examen para el Tribunal de Disciplina Judicial, el órgano creado tras la reforma judicial que ahora tendrá que demostrar si vino a poner orden… o solo a cambiar membretes.

A este Mirone le confirman que desde el pasado miércoles una comisión encabezada por el visitador judicial Alberto Díaz Díaz se instaló en la sede del Poder Judicial Federal en Ciudad Juárez con una encomienda nada común: evaluar el desempeño del juez Gabriel Galván Morales, titular del Juzgado Quinto de Distrito, luego de que 14 trabajadores presentaran denuncias formales por presunto acoso laboral.

Lo que se está viviendo está en boca de todos porque no es una visita protocolaria. Los enviados del Tribunal han pasado tres días entrevistando personal, recibiendo documentos, correos electrónicos y hasta audios para integrar el expediente.

Abogados litigantes, actuarios, secretarios y oficiales judiciales siguen de cerca un procedimiento que, aseguran quienes tienen décadas en el sistema, no tiene precedente en Ciudad Juárez.

Lo que más sorprendió no fue la denuncia, sino la rapidez con la que reaccionó el nuevo órgano disciplinario.

Algo más llamó la atención de Mirone. Acostumbrado a que los conflictos internos del Poder Judicial, sí o sí, se resolvieran puertas adentro, muy pocos esperaban ver al Tribunal de Disciplina Judicial estrenarse investigando a un juez en funciones.

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A este metichón le cuentan que la inconformidad no nació de un día para otro.

Las versiones que circulan dentro del Juzgado Quinto de Distrito describen una forma de trabajo donde los proyectos regresaban simplemente con un “está mal”, sin observaciones ni explicaciones. Los secretarios terminaban invirtiendo horas tratando de descubrir qué quería corregir el juez, más que perfeccionando el trabajo jurídico.

Lo que varios trabajadores dicen haber resentido fue otra cosa: la ausencia de comunicación, el desgaste permanente y un trato que terminó deteriorando el ambiente laboral.

Tan complicado llegó a ser el escenario que, según cuentan, algunos servidores públicos optaron por solicitar su cambio temporal a otros órganos jurisdiccionales, incluso sin goce de sueldo, con tal de salir del juzgado. No cualquiera acepta perder parte de su salario por cambiar de oficina.

Paradójicamente, mientras en ese juzgado se concentran hoy todas las miradas, empleados de otros órganos federales comentan que varios de los nuevos titulares han construido equipos con un ambiente de colaboración y respeto, pese a encontrarse todavía en proceso de adaptación tras la reforma.

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Pero, más allá del nombre del juez, lo que realmente se encuentra bajo evaluación es la credibilidad del Tribunal de Disciplina Judicial.

La reforma judicial prometió acabar con la impunidad y establecer mecanismos para revisar el desempeño de jueces y magistrados. El caso de Gabriel Galván Morales será el primer precedente visible para medir si esa promesa iba en serio.

Mientras tanto, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación anunciaron que hoy viernes saldrán a manifestarse para exigir que se haga justicia a sus compañeros, una escena prácticamente impensable hace apenas unos meses dentro de una institución donde los conflictos rara vez abandonaban los pasillos.

Una cosa fue aprobar la reforma judicial y otra muy distinta será demostrar que también puede llamar a cuentas a un juez federal. Ese será su primer juicio, piensa Mirone.

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Los dos partidos de nueva creación son, en realidad, viejos conocidos de la clase política estatal, y no precisamente por sus sonoros triunfos electorales o la conquista de espacios de poder.

El Partido PAZ, o Construyendo Sociedades de Paz, no tiene un presidente que lo dirija, sino un grupo de operadores políticos que aparecieron hace relativamente poco en el escenario nacional y local, después de que su anterior rótulo, el Partido Encuentro Social (PES), perdiera el registro por falta de votos.

Si bien fue fugaz su presencia en la nómina de los partidos con registro y prerrogativas —dinero público, pues— a su alcance, dejó su huella en congresos locales, ayuntamientos y otros espacios de decisión por las oportunas sociedades electorales que construyó. Basta recordar que el PES fue uno de los partidos que postuló a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, mientras que en Chihuahua se “coló” con un grupo de tres diputados, el cual se diluyó cuando cada uno optó por declararse independiente.

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Lo interesante viene después, con la formación del Partido Somos México, donde aparece como presidente el experredista Guadalupe Acosta Naranjo y, como secretaria, Cecilia Soto González. ¡Tómala!

Quienes recuerden la fatídica campaña presidencial de 1994 seguramente identificarán a Cecilia Soto como la candidata a ocupar la silla mayor del país, postulada por el Partido del Trabajo.

Desde entonces recorrió diversos puntos de la geometría política nacional y se las ingenió para mantenerse cerca de los Gobiernos que fueron surgiendo aquí y allá. Con decir que hasta una embajada se agenció.

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Si bien no estuvo ni cerca de ganar la Presidencia, construyó un capital político que le permitió ocupar diversos cargos públicos, entre ellos, ser representante del Gobierno de Javier Corral en la Ciudad de México, allá por 2019.

Ahora regresa al escenario con un cargo de dirigencia en Somos México, el partido de la ‘X’, que se asoma como un posible “roba votos” del PRIAN y un aspirante a ocupar el centro político del país, actualmente vacante tras el desplazamiento hacia la derecha de esos dos partidos.

A estas alturas, la relación entre Javier Corral y Cecilia Soto debe ser fría, si no gélida, por la postura que cada uno ha asumido en el escenario nacional: él con Morena y ella con los «X». Sin embargo, la sola remembranza de que trabajó para el Gobierno más abominado por la actual administración levantará más de una ampolla. Si no, que lo diga el tiempo.

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Aunque la visita de este jueves a Juárez por parte de la gobernadora Maru Campos fue casi de pisa y corre, tuvo un significado especial.

Llegó directo a la ceremonia conmemorativa por el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego y de ahí se trasladó a la reunión de la Mesa Estatal de Seguridad, realizada en la Torre Centinela, en el primer cuadro de la ciudad.

Así que la agenda se concentró en el tema de la seguridad y la coordinación interinstitucional. Buena señal, al menos, que frente a la complicada relación con la presidenta Claudia Sheinbaum, a partir de los casos de Chihuahua y Sinaloa, se mantengan aquí las relaciones en buenos términos entre las instancias estatales y federales.

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Eso fue lo que llamó la atención de Mirone: que la gobernadora mantiene una relación tersa con los mandos militares en Chihuahua y precisamente acudió al evento organizado por la Sedena para reencontrarse con los machuchones con los que, según se sabe, lleva buena relación.

Ahí estuvieron el general Fernando Colchado Gómez, comandante de la XI Región Militar, y el general Felipe González, comandante de la Quinta Zona Militar.

El primero no se había dejado ver en un evento de esta naturaleza desde el escándalo provocado por el operativo contra el megalaboratorio de El Pinal, en el municipio de Morelos, cuando militares y autoridades estatales actuaron de manera coordinada y, además, trascendió la presencia de agentes de la CIA.

Por cierto, aunque destaca que la relación con los militares se conserva en buenos términos, las grillas por diferencias partidistas marcaron la jornada de ayer, ya que ni la delegada para los programas del Bienestar, Mayra Chávez, ni el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz, se reportaron a la Mesa de Seguridad encabezada por la gobernadora. Simplemente no quisieron subirse a la torre.

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Por lo que supo Mirone, en esta visita no hubo espacio para la grilla partidista, pese a que la mandataria anda muy metida en los movimientos políticos junto con los enviados del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, que despliegan su estrategia especial en Juárez.

Tampoco hubo encerrona para revisar la mesa municipal con los aspirantes azules a la alcaldía, esa que ha quedado prácticamente en pausa porque, por ahora, hay otras prioridades.

Habrá que ver cómo viene la agenda de la próxima semana. Se espera que la gobernadora Maru Campos vuelva a Ciudad Juárez el martes. Ahí sí, piensa Mirone, podría haber tiempo para algo más que hablar de seguridad.