Los recortes de personal y las “limpias” de nómina le van a salir mucho, pero mucho, más caros al Gobierno del Estado de Chihuahua.

Una fuente cercanísima al problemón que se viene le confirmó a Mirone que, a la fecha, la cantidad de demandas laborales en contra de la administración estatal supera ya las 500, todo un récord en la historia reciente de la entidad.

Se trata, según le contaron a Mirone, de causas promovidas por trabajadores despedidos que datan de hace dos o tres, si no es que más administraciones, por lo que la cuenta ha ido en aumento, al igual que la deuda que ya enfrenta la autoridad estatal.

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Si bien hay demandas que datan del sexenio de César Duarte, la andanada cayó durante la administración de Javier Corral, cuando al gobernador golfista se le ocurrió llegar al cargo con tijeras en la mano para despedir personal a mansalva, solo por el hecho de haber entrado a trabajar al Gobierno en tiempos de su antecesor.

Fueron muchas las voces que le recomendaron a Corral que se esperara, que no llegara a correr gente así como así, y que mejor les diera la oportunidad de demostrar su capacidad en la plaza que ocupaban. Pero nada lo hizo entender: corrió a un montonal de trabajadores y estos, a su vez, se fueron directo a presentar su demanda.

Luego, como si hiciera falta agrandar el problema, se le ocurrió recortar personal casi al final de su administración, lo que terminó por llenar el vaso que hoy está a punto de derramarse.

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Si ya el hecho de tener a casi medio millar de personas demandando al Estado es una verdadera monserga, la forma en que han manejado el asunto los encargados de las áreas jurídicas del Gobierno ha terminado por agrandar el problema.

Según le contaron a Mirone, más que buscar una solución, un acuerdo o una forma de terminar con el litigio y salir lo mejor librados posible, lo que han hecho los representantes del Gobierno estatal ha sido “patear el bote” con las famosas “chicanadas” de las que se valen los abogados para alargar un pleito judicial.

Tal parece, le comentan a Mirone, que tratan de aventar la chicharra ardiendo a la próxima Administración, a ver si esta logra resolverlo o también heredárselo al que venga.

Y eso que todavía no se presenta el nuevo recorte de personal anunciado en días pasados. Eso sí haría estallar las juntas de conciliación.

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Con tal de mantenerse en la contienda, a pesar de todos los pesares, César Jáuregui se atrevió a todo: desde retar a quienes le cierran el paso a la candidatura, hasta sobrepasar por más del doble el cupo del salón; de hablar como predicador, a ratos, o como conductor de programas de concurso, en otros, hasta bailar a ritmo de música disco de los años setenta.

Ante más de mil 500 personas —según lo dijo él mismo— reunidas en un salón cuya capacidad es de 700, el curtido político panista se presentó como si fuera una estrella de rock, haciendo como que no andaba en campaña, hasta que, en un breve momento ante los medios de comunicación, pronunció esa palabra, innombrable a estas alturas de la temporada electoral.

Era la segunda vez que lograba una especie de sold out en menos de una quincena; solo que en la primera ocasión había la justificación, o el pretexto, de que se trataba de un festejo por su cumpleaños. ¡Ajá, cómo no!

Pero en la de este sábado 4 de julio ya no hubo manera de esconderlo.

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Si no fue un acto de precampaña, qué desperdicio de pinta. Desde la entrada al local, jóvenes activistas les ofrecían a los automovilistas colocarles en su vehículo una calcomanía en apoyo “a César”, decían. La gran mayoría de los asistentes aceptó.

Luego vino el forcejeo con Protección Civil, porque el salón se llenó minutos antes del inicio del acto y todavía quedaba gente afuera. El propio Jáuregui le avisó a su audiencia que habían logrado reunir a más de mil 500 personas, pero que muchas más se quedaron afuera porque la Coordinación de Protección Civil se lo había impedido.

Si fuera así, de cualquier forma ya había rebasado por más del doble el cupo, y nadie lo molestó ni le clausuró el salón. Hasta ese punto llegó el acto retador.

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Caminando como un peripatético, de un lado a otro, recorriendo las mesas con el micrófono en la mano, les recordó a sus convocados que ha estado en diversos cargos públicos y que, cuando estuvo en la Fiscalía General del Estado, no le “tembló la mano”. Parecía una alusión a aquello de incluir a agentes extranjeros en un operativo.

Entrado en ánimo, el ahora aspirante parecía haber sacado desde lo más profundo el dato que motivó su salida de la FGE, del Gabinete y, probablemente, de las preferencias del Palacio de Gobierno.

Acaso haya sido por eso que el final de toda su alocución sonó a grito de batalla: “¡Ya nadie nos para!”. Ahí queda para quien lo quiera entender: de que va a buscar la candidatura, lo va a hacer, con o sin permiso.

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A Mirone le hicieron llegar un documento que, si resulta cierto, pondría a prueba uno de los principales discursos con los que se vendió la reforma judicial: el combate al nepotismo.

El expediente no es precisamente una denuncia formal, pero bien podría terminar en los tribunales de un momento a otro.

Y como toda buena historia de tribunales, mezcla parentescos, viejas relaciones laborales, nombramientos y una buena dosis de política judicial.

El personaje central sería el juez federal Gabriel Galván Morales, con adscripción en Ciudad Juárez. El documento sostiene que su pareja sentimental, Mariana Herrada, ocupó hasta hace unas semanas el cargo de secretaria particular del magistrado Martín Fernando García Vázquez, integrante del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito.

Hasta ahí podría parecer una simple coincidencia.

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Pero el texto recuerda que García Vázquez fue secretario cuando el titular del tribunal era el entonces magistrado Gabriel Ascensión Galván Carrizales, padre del hoy juez Galván Morales. Y es justamente esa cadena de relaciones la que, según quien elaboró el documento, ameritaría una revisión bajo las reglas internas que hoy presumen combatir el nepotismo.

La propia reforma judicial se justificó, en buena medida, bajo el argumento de terminar con las redes familiares que durante años caracterizaron al Poder Judicial Federal. El documento incluso recuerda las reformas impulsadas desde 2015 y el Plan Integral de Combate al Nepotismo, aprobado en 2019.

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El escrito cita los artículos 99 y 102 del nuevo Acuerdo General del Órgano de Administración Judicial, que prohíben nombramientos cuando existen relaciones familiares o de pareja, además de esquemas cruzados, triangulados o cualquier contratación que pueda generar un conflicto de interés, salvo que exista la consulta institucional correspondiente.

Lo verdaderamente interesante sería saber si, antes del nombramiento referido, se realizó la consulta prevista por la propia normatividad y si el Comité de Integridad emitió alguna determinación de inexistencia de impedimento.

Las probables violaciones a los artículos 99 y 102 dan cuerda suficiente para que las partes inconformes con el actuar del juez Gabriel Galván Morales acudan ante el Órgano de Administración Judicial y le pidan que se encargue del caso.

Esa sí que sería una prueba de fuego para el nuevo órgano que nació con la reforma judicial del Bienestar: o desmiente los hechos y, de paso, responde si la reforma judicial que prometía acabar con las redes familiares comenzó por casa… o sigue esperando turno.

Una cosa es reformar la Constitución y otra muy distinta aplicar la reforma cuando toca a los propios.

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En días pasados circuló la versión de que el Gobierno del presidente Donald Trump aprieta ya a su administración para construir un “muro inteligente” en la frontera entre Estados Unidos y México, con el propósito de contener los flujos migratorios sin necesidad de recurrir exclusivamente a las barreras físicas.

Las versiones periodísticas que ya se han publicado estiman que el Gobierno trumpista está dispuesto a gastar más de 40 mil millones de dólares en fortalecer su línea divisoria con México, ya sea con sensores inteligentes, con la prolongación del muro o con una combinación de ambas.

El detalle es que toda esa obra le pegaría, tarde o temprano, al tránsito de personas entre Ciudad Juárez y los estados de Texas y Nuevo México. Poca cosa: son cientos de miles de cruces legales al mes que, de un modo u otro, pasarían por debajo de esos sensores.

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Según la información que ha trascendido, el proyecto ya no consiste únicamente en levantar bardas de acero de aproximadamente nueve metros de altura, como las que ya existen en la actualidad, sino en una red tecnológica que incluye sensores terrestres, cámaras de alta resolución, torres de vigilancia e inteligencia artificial.

Una especie de Plataforma Centinela recargada, que operaría con tecnología de punta para detectar flujos de migrantes, armas o sustancias prohibidas, por mencionar algunos de sus principales objetivos.

Nada más que, a diferencia de los famosos arcos de Centinela, este sistema tipo Big Brother contaría con cables de fibra óptica enterrados para detectar movimientos, además de boyas flotantes en algunos tramos del río Bravo.

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El Gobierno estadounidense sostiene que esta tecnología permitirá a la Patrulla Fronteriza detectar con mayor rapidez los cruces irregulares y utilizar de manera más eficiente a sus agentes.

Desde ahora, diversas organizaciones civiles cuestionan el proyecto al considerar que destinar 46 mil millones de dólares para detectar movimientos en la frontera resulta una suma desproporcionada para un país que ya gasta enormes cantidades en conflictos bélicos en otras regiones del mundo.

Sin embargo, la principal alerta se centra en la posibilidad de que el incremento de sensores y cámaras termine afectando la privacidad de quienes viven en la región fronteriza de ambos países.

También advierten que los migrantes podrían verse obligados a utilizar rutas todavía más peligrosas, aumentando el riesgo de muertes en el desierto.

Todo lo anterior, sin contar que las nuevas barreras representan una amenaza para los ecosistemas y la fauna de una región desértica donde el equilibrio ecológico ya es, de por sí, sumamente frágil.